Un conocido diario monárquico de nomenclatura alfabética publicaba el 9 de marzo una noticia de acuerdo con cuyo planteamiento, y basándose en “un informe de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía”, vinculada a la Universidad de Sevilla, las actividades de la mina Cobre las Cruces (CLC), situada en suelos de Gerena, Guillena y Salteras, “no generan un impacto ambiental adverso significativo sobre la calidad del agua ni sobre los sedimentos del estuario” del Guadalquivir. 

Pero el citado informe, encargado por CLC y guardado en un cajón hasta el momento propicio, se hacía público justo el día antes de que la organización Salvemos el Guadalquivir, junto a representantes institucionales y de otros colectivos civiles, convocara una rueda de prensa en el Rectorado de la Universidad de Sevilla en la que se detalló dicha peligrosidad, y donde los ayuntamientos de Chipiona y Sanlúcar anunciaron que ya habían denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente. En este acto se dio a conocer un estudio publicado por científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada que alertaban de que los sedimentos del estuario del Guadalquivir ya están “comprometidos con altas cargas de metales ecotóxicos”, circunstancia que atribuían precisamente a los vertidos de la mina. 

Ese mismo día, una afamada cadena radiofónica con nombre de verbo copulativo contraprogramó el acto con la presencia en sus estudios del presidente de la patronal minera, en una sesión de enjabonamiento dialógico con el presentador del programa correspondiente que hizo más vigente que nunca la legendaria advertencia del señor Lobo encarnado por Harvey Keitel en Pulp Fiction contra las felaciones recíprocas prematuras. En un ejercicio de ventriloquía sin precedentes, el representante de las compañías mineras tuvo ocasión de responder a las milimétricamente calculadas cuestiones que algunos escolares de visita en la emisora, con la aparente complicidad y encauzamiento del profesorado responsable de la salida extraescolar, le formularon ad maiorem gloriam del entrevistado y su institución. 

Más cercano en el tiempo, el día 7 del presente mes, el mismo diario conservador informaba en un subtitular de que la empresa responsable “Se reconfigura para adaptarse a estándares más elevados y aumenta los cargos de su hasta ahora responsable de Permisos y Medio Ambiente” y tres días después nos brindaba un pomposo titular con el que nos anunciaba que la mina “inicia su nueva etapa con reconocimiento europeo y el impulso de un nuevo inversor”, además de definir en un ladillo su actuar como “Un modelo de minería comprometido con la sostenibilidad” y prometer en el cuerpo de texto que  CLC “impulsará décadas de actividad económica, creará importantes oportunidades de empleo y generará beneficios económicos y sociales duraderos para los municipios vecinos y la región en su conjunto”. 

Aparte de que esta última pieza pseudoinformativa no es más que “Contenido elaborado para Cobre Las Cruces”, tal como el propio diario indica (eso sí, en letra minúscula no apta para hipermétropes), esto es, un auténtico publirreportaje pagado por la propia compañía, varios ayuntamientos y entidades sociales, económicas, sanitarias y medioambientales han reclamado hace escasos días a través de un comunicado una moratoria de nuevos vertidos mineros al Guadalquivir y la constitución de un comité de expertos independientes que analice de forma integral sus consecuencias ambientales, sanitarias y socioeconómicas. 

Andalucía, a pesar de no tener ninguna central nuclear en su territorio, alberga el único almacenamiento permanente de residuos de esa fuente de energía en el Estado (sin contar el cementerio nuclear clausurado de Andújar). El vertedero de Nerva recibe los de media Europa. Huelva tiene a medio kilómetro de su centro urbano el mayor caso de contaminación del subcontinente europeo. La lógica subyacente es siniestramente sencilla y obedece a lo que se ha dado en llamar regla de Lawrence Summers, en referencia al que fuera economista principal del Banco Mundial en 1992, quien justificó por aquellas fechas en un memorándum interno desde un punto de vista “estrictamente económico” la localización de la contaminación en los espacios empobrecidos: “la medida de los costos de una contaminación que afecte a la salud depende de los ingresos perdidos por la mayor morbilidad y mortalidad”, por lo cual “Desde este punto de vista una cantidad dada de contaminación nociva para la salud debería ponerse en el país con el costo más bajo, es decir el que tenga los salarios más bajos. Pienso que la lógica económica que hay detrás de llevar una carga dada de residuos tóxicos al país de menores salarios es impecable y deberíamos reconocerla”, afirmó literalmente el gerifalte de la institución financiera. 

Basurero del Estado español

Por desgracia, todos los indicadores han señalado históricamente a Andalucía como el lugar perfecto a la hora de padecer la aplicación de estos oscuros principios: así ocurrió en el pasado, sucede en el presente y tiene visos de continuar en el futuro en función de las tendencias que apuntan a la perpetuación de la misma situación de no romper con las estructuras que la mantienen. Y en este mantenimiento el papel de los medios de comunicación es crucial, tal como analicé en su momento en Andalucía, basurero del Estado español, editado por Hojas Monfíes en 2021. En lo que atañe a este caso concreto, Canal Sur TV emitió en 2009 una pieza triunfalista que presentaba la mina como "la mayor inversión en Sevilla" y generadora de "300 empleos directos" ocultando las razones reales de la paralización en la que se encontraba a la sazón (contaminación y extracción ilegal) y minimizándola en el sentido de que "la administración pidió más garantías", además de dar voz al entonces director de Aguas de CLC, Juan Carlos Baquero, imputado pocos meses después por detracción ilegal de aguas, quien utilizó esta plataforma mediática para mentir afirmando que "el acuífero no se enterará de nuestra existencia".

Diario de Sevilla en 2011 difundió otro publirreportaje similar al que hemos mentado ahora titulado "Cobre Las Cruces ya depura toda el agua captada del acuífero" y donde se omitía que tres meses antes la Agencia Andaluza del Agua había sancionado a CLC por extraer 530.000 m³ ilegales, amén de atribuir la contaminación a causas "naturales" del acuífero desvinculándola de la actividad minera. Y la misma emisora a la que nos hemos referido arriba emitió en 2019 una edición del mismo programa de la entrevista referida en la que esta vez el invitado era Ramón Naranjo, entonces Director de Relaciones Institucionales de CLC, quien presentó un derrumbe producido en la mina como un "incidente" debido a causas naturales (falla no detectable, agua, terremoto en Portugal) cuando la realidad fue que, tal como demostraron a la postre expertos de la Universidad de Córdoba, fue causado por voladuras y presión del agua de la propia actividad minera, no por un terremoto; el mismo periodista recurrió (como ha vuelto a hacer ahora) al argumento (falso) del empleo para defender entonces la reapertura, con lo que la entrevista convirtió, ya por aquellas fechas, a la emisora en altavoz de la empresa. 

En cuanto al empleo, una sencilla operación aritmética considerando las subvenciones públicas de las que son beneficiarias estas compañías permitía llegar a la evidente conclusión de que prácticamente el mantenimiento de los puestos de trabajo directos de Cobre Las Cruces corría a cargo de fondos de dinero público sufragados por las personas andaluzas, del Estado español y de la Unión Europea. Otro elemento económico es digno de considerar: los medios se esfuerzan con denuedo, como hicieron en los cuatro casos comentados, en destacar los gastos e inversiones llevados a cabo por las mineras pero pasando de puntillas por lo que obtienen al final: en el caso que nos ocupa, las cantidades gastadas por la empresa en la (inoperante) planta de tratamiento de aguas, la estabilización de los taludes afectados por el derrumbe y sus actividades filantrópicas han representado, acogiéndonos a la expresión popular, el chocolate del loro en comparación con unos pingües beneficios que apenas aparecen (o muy segundo plano) en el relato mediático.

Tenemos, en suma, un patrón sistemático: la complicidad de la Junta con la empresa, el silencio o sesgo de los medios mainstream y la ocultación de los daños ambientales y los jugosos beneficios empresariales, mientras los costes de la contaminación y las sanciones los paga la ciudadanía. Esperemos que en esta ocasión la minería no termine convirtiendo el Guadalquivir en otra cloaca metalúrgica.