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Juanma Moreno ha tenido la fortuna política de disponer de un tiempo muy valioso para diseñar su estrategia negociadora con la formación de Abascal, como se ha podido ver, este martes, 9 de junio, en la primera reunión entre el Partido Popular y Vox. Un encuentro que ha tenido lugar entre el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en “un clima de cordialidad” con el que han querido marcar la línea de trabajo.
Mientras la actualidad nacional ha concentrado la atención mediática, el presidente andaluz en funciones ha contado con un margen de 22 días para preparar su estrategia negociadora con la formación de Abascal. Durante ese periodo, ha trabajado con su equipo en la inevitable negociación con Vox, ante la ausencia de apoyos por parte de la izquierda para facilitar una investidura en solitario.
En política, negociar mientras la atención mediática se concentra en otros asuntos suele constituir una ventaja tan discreta como decisiva. Durante los últimos días, la negociación con Vox ha quedado eclipsada por los escándalos que salpican al entorno más próximo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que se ha sumado la visita del Papa León XIV. Sin embargo, el calendario institucional tiene esta semana una fecha ineludible: el 11 de junio. Este jueves se constituye el Parlamento andaluz y se elige su Mesa. Será el primer examen real de la nueva relación entre PP y Vox.
La primera pregunta es inevitable: ¿por qué necesita el PP a Vox si ganó las elecciones con claridad? Porque la victoria fue rotunda, pero insuficiente. Los populares obtuvieron 53 escaños, dos menos de los 55 que marcan la mayoría absoluta.
La comodidad política de la pasada legislatura se ha terminado y ahora la defensa de la vía andaluza pasa obligatoriamente por una negociación que aporte la estabilidad defendida por el líder del PP andaluz sin meterse en líos. Juanma Moreno sigue siendo el actor central de la política andaluza, pero ahora tiene que demostrar su capacidad de entendimiento lejos de la crispación y la polarización que dominan buena parte de la política nacional.
Y esa es la primera imagen y el primer mensaje que se ha querido mandar de la primera reunión mantenida por Juanma Moreno y Manuel Gavira en una “clima de cordialidad”.
Su defensa de la estabilidad y la moderación en tiempos de polarización puede ser una fortaleza en la negociación, teniendo en cuenta que Andalucía ha aprobado de forma rotunda su forma de gestionar y hacer política, y Vox lo sabe. Juanma Moreno es la marca, y los andaluces le han dado su apoyo con una amplia mayoría, aunque agridulce.
Tanto el PSOE-A como la izquierda alternativa han descartado cualquier acuerdo que facilite un gobierno en solitario de Moreno, una posición que resulta llamativa si su principal preocupación es evitar una mayor influencia de Vox en la legislatura. En cualquier caso, en 24 horas puede cambiar todo, y en los próximos días se verá si existe margen para fórmulas distintas a la negociación entre populares y Vox. Hasta el último momento todo puede pasar, aunque ahora mismo sea un imposible.
La segunda pregunta es igual de importante: ¿por qué la Mesa del Parlamento es tan decisiva? Porque no se trata de un simple trámite administrativo. La Mesa es el órgano que dirige la actividad parlamentaria, ordena los debates e interpreta el Reglamento de la Cámara; en definitiva, quien ejerce buena parte del control sobre el funcionamiento interno del Parlamento. Por eso, constituye el primer espacio donde se comprobará si PP y Vox son capaces de entenderse más allá de los discursos de campaña.
El calendario tampoco obliga a una resolución inmediata. Tras la constitución del Parlamento se abrirá el proceso de investidura y la negociación podrá prolongarse durante semanas. De hecho, los plazos permiten que el acuerdo se extienda bien entrado el verano. Moreno ha conseguido ganar tiempo, pero no evitar la negociación.
La situación andaluza presenta además diferencias relevantes respecto a otros territorios. PP y Vox realizan lecturas distintas de los resultados y será precisamente en esa interpretación donde deban encontrar un punto de encuentro para garantizar la gobernabilidad. La realidad electoral es que Andalucía no es Castilla y León —a nueve escaños de la mayoría absoluta—, ni Aragón —a ocho—, ni Extremadura —a cuatro—.
Por tanto, en estas comunidades autónomas la dependencia de Vox ha sido mayor desde el primer momento. En Andalucía, el PP se quedó a las puertas de la mayoría absoluta. Esa diferencia podría explicar por qué Moreno conserva capacidad para marcar los tiempos de la negociación.
Sin embargo, desde la formación de Santiago Abascal sostienen que la cuestión no son los dos diputados que le faltan al PP, sino el respaldo de sus 15 escaños. Y ese apoyo tiene un coste político que Vox pretende hacer valer.
Esa es, probablemente, la cuestión central de una negociación con la que tendrán que lidiar Moreno y su equipo: si Vox se conforma con tener una presencia relevante en la Mesa del Parlamento y en las comisiones —opción defendida recientemente por Juan Marín— o si exigirá entrar en el Gobierno y, si es así, en qué proporción lo hará.
¿Se quitará el PP el peso de la gestión de la Consejería de Agricultura? ¿Estará dispuesto Vox a asumir responsabilidades en un área marcada por los posibles efectos de los recortes de la PAC (Política Agraria Común) o por las implicaciones del acuerdo con Mercosur? ¿Y pedirá consejerías que toquen algunas de las líneas rojas marcadas por Moreno en campaña, como igualdad, la protección de los más vulnerables o el apoyo al tercer sector social, incluidas entidades como Cáritas?
En esta negociación, Vox debe reflexionar también sobre su resultado electoral tras convertir la “prioridad nacional” en uno de los ejes centrales del debate. En este concepto depositó toda su estrategia de campaña llegando a pensar que lograría esos ansiados 19/20 escaños que no logro alcanzar. El avance electoral fue muy limitado: apenas un escaño más respecto a la legislatura anterior. Ello lleva a pensar, al menos como hipótesis política, que, tal como la quiso explicar, no generó en Andalucía el efecto movilizador que algunos anticipaban.
Y ahí aparece una cuestión de fondo. Quizá los andaluces hayan distinguido entre el mensaje político y su aplicación real. Porque, más allá de los eslóganes, la denominada prioridad nacional encuentra límites jurídicos evidentes: la igualdad ante la ley recogida en el artículo 14 de la Constitución, la competencia exclusiva del Estado en materia de extranjería y el marco legal que regula los derechos de los extranjeros reducen notablemente el margen de actuación autonómico.
No es un problema de relato. Es un problema de ejecución.
Parece que una parte significativa del electorado ha priorizado la estabilidad, la gestión y el arraigo territorial frente a la confrontación política de ámbito estatal. Y eso Vox también lo sabe, aunque haya intentado ofrecer a los andaluces un mensaje que no se corresponde con la realidad al no ser aplicable legalmente.
El 11 de junio no resolverá la legislatura, pero marcará su tono. Si hay acuerdo en la Mesa, habrá una primera señal de entendimiento político. Si no lo hay, comenzará una negociación más compleja y prolongada. Lo que parece indiscutible es que la mayoría absoluta ha desaparecido y, con ella, la comodidad política de la que ha disfrutado el Gobierno andaluz durante los últimos años.
Ahora sólo queda por ver la capacidad de diálogo entre dos formaciones políticas que han mantenido claras distancias durante la campaña electoral y si, en ese entendimiento, es posible un gobierno en solitario. Solo el tiempo dirá si ese clima de cordialidad da sus frutos.
Juanma Moreno ha tenido la fortuna política de disponer de un tiempo muy valioso para diseñar su estrategia negociadora con la formación de Abascal, como se ha podido ver, este martes, 9 de junio, en la primera reunión entre el Partido Popular y Vox. Un encuentro que ha tenido lugar entre el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en “un clima de cordialidad” con el que han querido marcar la línea de trabajo.
Mientras la actualidad nacional ha concentrado la atención mediática, el presidente andaluz en funciones ha contado con un margen de 22 días para preparar su estrategia negociadora con la formación de Abascal. Durante ese periodo, ha trabajado con su equipo en la inevitable negociación con Vox, ante la ausencia de apoyos por parte de la izquierda para facilitar una investidura en solitario.
En política, negociar mientras la atención mediática se concentra en otros asuntos suele constituir una ventaja tan discreta como decisiva. Durante los últimos días, la negociación con Vox ha quedado eclipsada por los escándalos que salpican al entorno más próximo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que se ha sumado la visita del Papa León XIV. Sin embargo, el calendario institucional tiene esta semana una fecha ineludible: el 11 de junio. Este jueves se constituye el Parlamento andaluz y se elige su Mesa. Será el primer examen real de la nueva relación entre PP y Vox.
La primera pregunta es inevitable: ¿por qué necesita el PP a Vox si ganó las elecciones con claridad? Porque la victoria fue rotunda, pero insuficiente. Los populares obtuvieron 53 escaños, dos menos de los 55 que marcan la mayoría absoluta.
La comodidad política de la pasada legislatura se ha terminado y ahora la defensa de la vía andaluza pasa obligatoriamente por una negociación que aporte la estabilidad defendida por el líder del PP andaluz sin meterse en líos. Juanma Moreno sigue siendo el actor central de la política andaluza, pero ahora tiene que demostrar su capacidad de entendimiento lejos de la crispación y la polarización que dominan buena parte de la política nacional.
Y esa es la primera imagen y el primer mensaje que se ha querido mandar de la primera reunión mantenida por Juanma Moreno y Manuel Gavira en una “clima de cordialidad”.
Su defensa de la estabilidad y la moderación en tiempos de polarización puede ser una fortaleza en la negociación, teniendo en cuenta que Andalucía ha aprobado de forma rotunda su forma de gestionar y hacer política, y Vox lo sabe. Juanma Moreno es la marca, y los andaluces le han dado su apoyo con una amplia mayoría, aunque agridulce.
Tanto el PSOE-A como la izquierda alternativa han descartado cualquier acuerdo que facilite un gobierno en solitario de Moreno, una posición que resulta llamativa si su principal preocupación es evitar una mayor influencia de Vox en la legislatura. En cualquier caso, en 24 horas puede cambiar todo, y en los próximos días se verá si existe margen para fórmulas distintas a la negociación entre populares y Vox. Hasta el último momento todo puede pasar, aunque ahora mismo sea un imposible.
La segunda pregunta es igual de importante: ¿por qué la Mesa del Parlamento es tan decisiva? Porque no se trata de un simple trámite administrativo. La Mesa es el órgano que dirige la actividad parlamentaria, ordena los debates e interpreta el Reglamento de la Cámara; en definitiva, quien ejerce buena parte del control sobre el funcionamiento interno del Parlamento. Por eso, constituye el primer espacio donde se comprobará si PP y Vox son capaces de entenderse más allá de los discursos de campaña.
El calendario tampoco obliga a una resolución inmediata. Tras la constitución del Parlamento se abrirá el proceso de investidura y la negociación podrá prolongarse durante semanas. De hecho, los plazos permiten que el acuerdo se extienda bien entrado el verano. Moreno ha conseguido ganar tiempo, pero no evitar la negociación.
La situación andaluza presenta además diferencias relevantes respecto a otros territorios. PP y Vox realizan lecturas distintas de los resultados y será precisamente en esa interpretación donde deban encontrar un punto de encuentro para garantizar la gobernabilidad. La realidad electoral es que Andalucía no es Castilla y León —a nueve escaños de la mayoría absoluta—, ni Aragón —a ocho—, ni Extremadura —a cuatro—.
Por tanto, en estas comunidades autónomas la dependencia de Vox ha sido mayor desde el primer momento. En Andalucía, el PP se quedó a las puertas de la mayoría absoluta. Esa diferencia podría explicar por qué Moreno conserva capacidad para marcar los tiempos de la negociación.
Sin embargo, desde la formación de Santiago Abascal sostienen que la cuestión no son los dos diputados que le faltan al PP, sino el respaldo de sus 15 escaños. Y ese apoyo tiene un coste político que Vox pretende hacer valer.
Esa es, probablemente, la cuestión central de una negociación con la que tendrán que lidiar Moreno y su equipo: si Vox se conforma con tener una presencia relevante en la Mesa del Parlamento y en las comisiones —opción defendida recientemente por Juan Marín— o si exigirá entrar en el Gobierno y, si es así, en qué proporción lo hará.
¿Se quitará el PP el peso de la gestión de la Consejería de Agricultura? ¿Estará dispuesto Vox a asumir responsabilidades en un área marcada por los posibles efectos de los recortes de la PAC (Política Agraria Común) o por las implicaciones del acuerdo con Mercosur? ¿Y pedirá consejerías que toquen algunas de las líneas rojas marcadas por Moreno en campaña, como igualdad, la protección de los más vulnerables o el apoyo al tercer sector social, incluidas entidades como Cáritas?
En esta negociación, Vox debe reflexionar también sobre su resultado electoral tras convertir la “prioridad nacional” en uno de los ejes centrales del debate. En este concepto depositó toda su estrategia de campaña llegando a pensar que lograría esos ansiados 19/20 escaños que no logro alcanzar. El avance electoral fue muy limitado: apenas un escaño más respecto a la legislatura anterior. Ello lleva a pensar, al menos como hipótesis política, que, tal como la quiso explicar, no generó en Andalucía el efecto movilizador que algunos anticipaban.
Y ahí aparece una cuestión de fondo. Quizá los andaluces hayan distinguido entre el mensaje político y su aplicación real. Porque, más allá de los eslóganes, la denominada prioridad nacional encuentra límites jurídicos evidentes: la igualdad ante la ley recogida en el artículo 14 de la Constitución, la competencia exclusiva del Estado en materia de extranjería y el marco legal que regula los derechos de los extranjeros reducen notablemente el margen de actuación autonómico.
No es un problema de relato. Es un problema de ejecución.
Parece que una parte significativa del electorado ha priorizado la estabilidad, la gestión y el arraigo territorial frente a la confrontación política de ámbito estatal. Y eso Vox también lo sabe, aunque haya intentado ofrecer a los andaluces un mensaje que no se corresponde con la realidad al no ser aplicable legalmente.
El 11 de junio no resolverá la legislatura, pero marcará su tono. Si hay acuerdo en la Mesa, habrá una primera señal de entendimiento político. Si no lo hay, comenzará una negociación más compleja y prolongada. Lo que parece indiscutible es que la mayoría absoluta ha desaparecido y, con ella, la comodidad política de la que ha disfrutado el Gobierno andaluz durante los últimos años.
Ahora sólo queda por ver la capacidad de diálogo entre dos formaciones políticas que han mantenido claras distancias durante la campaña electoral y si, en ese entendimiento, es posible un gobierno en solitario. Solo el tiempo dirá si ese clima de cordialidad da sus frutos.
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