Hace unos días, en este mismo espacio, escribía una columna con un titular que cobra aún más fuerza tras la gravedad de las revelaciones del sumario del caso Leire: “Esto no da más de sí”. Días después, coincidiendo con el octavo aniversario de la moción de censura a Rajoy, reflexionaba sobre la simpensables líneas rojas atravesadas durante la presidencia de Pedro Sánchez.

Esta semana, un nuevo episodio ha sacudido con fuerza la interminable lista de hechos inauditos que han marcado la legislatura de un presidente que parece vivir ajeno a buena parte de lo que sucede en su entorno más cercano.

Después de unos días de auténticos bombazos del sumario del caso Leire, parece que no nos queda nada más por ver. Cada nuevo titular —de un sumario con el que podría escribirse una de las series más vistas del país— supera al anterior. No hay tregua.

La extrema gravedad de lo que se está conociendo obliga a una primera reflexión: si el presidente, tal y como se afana en repetir, no se enteraba de nada de lo que sucedía en su círculo más estrecho y entre las personas de su máxima confianza, lo primero que debería hacer es asumir responsabilidades políticas por haber ocupado un cargo que exige un control efectivo sobre lo que ocurre no solo en su partido, sino también en su propio Ejecutivo.

Cierto es que la presunción de inocencia debe mantenerse, pero la acumulación de indicios —respaldados por elementos incorporados a los sumarios de las distintas causas que afectan al entorno del Ejecutivo— ha dibujado un escenario que trasciende lo partidista y afecta de lleno a la estabilidad institucional.

En este contexto, mientras el país asiste atónito a las revelaciones del sumario del caso Leire, el presidente, en medio de un revuelo de periodistas, no ha dudado en afirmar, sin inmutarse, que “hemos actuado con contundencia”, volviendo a cargar contra la oposición, a la que ha acusado de “marrullera”. Estas declaraciones contrastan con la percepción de una parte del debate público, que observa con preocupación e indignación la respuesta del Ejecutivo y del partido que lo sustenta.

Mientras tanto, cada nuevo episodio conocido acerca aún más a un Gobierno atrincherado en el poder, incapaz de asumir que ha llegado el momento de dar voz a los españoles por el bien no solo del país, sino también del propio PSOE, un partido que, como ya he señalado en anteriores columnas, resulta esencial para nuestra democracia y merece respeto hacia sus militantes.

En esta situación inaudita, que roza la tomadura de pelo, y mientras el presidente del Gobierno decide cómo encarar el final de una legislatura agotada, se abren cinco posibles escenarios, aunque algunos de los actores no quieran, por sus propios intereses, tener un papel destacado en la función:

1. Dimisión y convocatoria de elecciones: la salida institucional más honesta

El presidente del Gobierno, si de verdad quiere actuar con contundencia, debería no tener miedo a la convocatoria de unas elecciones generales, especialmente si su argumento en todas sus comparecencias es que no tenía conocimiento de la presunta corrupción que afecta a su núcleo más cercano y a su entorno familiar, y que la situación económica del país es muy buena.

Si ese es el marco que sostiene y realmente no tenía conocimiento de lo ocurrido, lo coherente sería asumir responsabilidades políticas. En ese contexto, la convocatoria de elecciones aparece como la opción más honesta y razonable.

Quizás el problema de fondo reside en la propia posición del presidente dentro de su partido y en su capacidad para mantener la confianza necesaria para volver a ser candidato en unos futuros comicios.

2. El papel de Sumar

Sumar, al margen de sus problemas internos y su fracaso como proyecto político, atraviesa un momento de evidente incomodidad dentro del Ejecutivo. Como socios de Gobierno no pueden ponerse de perfil ante una situación de extrema gravedad política e institucional.

Yolanda Díaz se enfrenta a un dilema que ya no es solo de equilibrio interno, sino de responsabilidad política: o marca una posición clara ante la gravedad de los acontecimientos o asume el coste de permanecer en un Gobierno que encadena distintos episodios de crisis. En sus manos está.

3. PNV y Junts: apoyos determinantes que sostienen la legislatura

El PNV y Junts vuelven a ocupar un papel central en la aritmética parlamentaria. Ambas formaciones sostienen una legislatura que, por razones políticas propias, tienen interés en que continúe, aunque se esfuercen en hacernos ver lo contrario.

Resulta sencillo lanzar titulares pidiendo al presidente que convoque elecciones o sugiriendo movimientos dirigidos a la oposición, mientras se mantienen en un segundo plano del escenario político, sin mojarse.

4. Agotamiento de la legislatura

Más allá de los acontecimientos concretos, la legislatura presenta signos de desgaste progresivo derivados de su propia configuración parlamentaria.

La fragmentación de apoyos, la necesidad constante de negociación y la diversidad de intereses dentro del bloque de investidura han reducido el margen de maniobra del Ejecutivo. El anuncio de la posibilidad de aprobar Presupuestos en 2027 ya da para otra columna…

En este contexto, la continuidad de la legislatura o la decisión de anticipar un proceso electoral son opciones que dependen, en última instancia, del presidente del Gobierno, que es quien puede activar una salida ordenada al bloqueo político. Inaudito que no haya conseguido aprobar ni un solo presupuesto en la presente legislatura.

5. ¿Moción de censura o cuestión de confianza?

La moción de censura impulsada por la oposición se inscribe dentro de la lógica parlamentaria de control al Gobierno y de expresión de una alternativa política, y en esta situación de inestabilidad política e inacción del presidente, lo deseable sería presentarla, pero la realidad es que no alcanzan los números para que prospere, y cualquier intento exigiría mayorías hoy inexistentes, ya que negociar con un prófugo de la justicia sería un suicidio político para Feijóo.

En este contexto, aunque en la calle se pida valentía a Alberto Núñez Feijóo, la aritmética parlamentaria actual no permite otra lectura.

Por otro lado, resulta evidente que en la estrategia política del Gobierno ha existido un interés claro de desviar el debate hacia la oposición, situando el foco en el Partido Popular cuando el problema lo tiene Sánchez.

La responsabilidad última de la estabilidad parlamentaria recae en el Ejecutivo, que, si considera que cuenta con respaldo suficiente, dispone del mecanismo constitucional de la cuestión de confianza para reafirmar su posición en el Congreso, en un escenario en el que el problema político se sitúa en su propio ámbito de decisión.

El conjunto de la legislatura apunta más a un final de ciclo que a una recuperación de estabilidad. La clave sigue estando en manos del presidente del Gobierno: decidir si agota la legislatura —algo que, por mucho que se haya demostrado su capacidad de resistencia política, resulta cada vez más difícil de sostener— o si abre un nuevo escenario mediante la convocatoria de elecciones.

En política, 24 horas pueden cambiarlo todo, lo que puede acelerar cualquier decisión o deparar una nueva sorpresa.