El 6 de enero de 2021 se produjo en Estados Unidos un intento de golpe de estado protagonizado por elementos –varios miles– ultras que, a la llamada de Donald Trump, asaltaron el Capitolio de la Nación. El leiv motiv de semejante locura era que no admitían los resultados en las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Joe Biden.

El 8 de enero de 2023, miles de manifestantes asaltaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, donde se encuentra el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Palacio de Planalto, que es la sede del gobierno de Brasil. Los insurrectos no admitían los resultados en las elecciones presidenciales celebradas en Brasil que confirmaron el triunfo del líder Lula da Silva contra los deseos de los ultras del expresidente Jair Bolsonaro.

Los anteriores han sido dos momentos críticos y extremos para la democracia de países de indudable peso mundial en todos los órdenes. Dos intentos de golpes de estado justificados por sus ejecutores en un supuesto fraude electoral organizado para derrotar a sus presidentes, Trump y Bolsonaro. La realidad, tal y como es reconocido por los estamentos judiciales, de investigación y por todo tipo de organismos independientes, es que fueron procesos limpios, tanto como en las ocasiones donde esos mismos presidentes denunciantes fueron elegidos. La no legitimación de los resultados, la construcción de un relato falso que cree sospechas, el no reconocimiento de ninguna posibilidad de derrota y el profundo desprecio por el sufragio democrático, son señas de identidad de los movimientos extremistas de derechas. El uso de la violencia, la verbal y la física, la intimidación y la deshumanización del contrario son monedas de cambio normalizadas desde este espectro político. Las consecuencias en esos países fueron devastadoras para ambos: por un lado en Estados unidos, pese a que inicialmente se juzgaron a cientos de personas por los altercados en el Capitolio –cabe recordar que hubo muertos en el asalto–, la distopía en la que nos encontramos hizo posible que una vez vuelto al poder Trump ha indultado a sus perpetradores, incluso se permite elevarlos a la figura de “buenos americanos” “personas de orden” y que la radicalización y el desprecio por el propio sistema americano es un hecho que despierta honda preocupación en todo el orbe. En Brasil, la consecuencia más directa fue el enjuiciamiento de Jair Bolsonaro, principal inductor y cabeza visible del intento de golpe, quien cumple una plácida condena en su casa mientras sus correligionarios siguen en el discurso, y no solo el discurso, de seguir incitando a un golpe militar “si no nos dan la victoria en las próximas elecciones presidenciales...”. En ambos casos, y ante los procesos electorales que tienen los dos estados, han vuelto, preventivamente, a empozoñar el proceso alertando a la población del “más que probable fraude electoral”, poniendo la tirita del engaño masivo antes de la herida de la posible derrota. Si pierden es porque ha habido trampas, si ganan todo es correcto. Win to win. El argumento que se utiliza es similar en las dos potencias americanas: el voto por correo está amañado por los progresistas, zurdos, comunistas… y, en general, cualquiera que no comulgue con los planteamientos ideológicos ultras son sospechosos de conspiración contra el estado. Es directamente una derivación de la propia responsabilidad en los demás: Acuso al contrario de lo que yo estoy haciendo. Una peligrosa proyección psicológica el de la atribución a los demás de las acciones e intenciones de uno. 

Esta forma de deslegitimar la democracia poniendo en el adversario político cualquier tipo de sospechas que hagan imposible su victoria electoral ha llegado a todos los rincones del planeta: En Rusia, la argumentación del autócrata Putin para eliminar –en muchos casos lo de eliminar llega hasta las últimas consecuencias– a la oposición es que estos conspiran contra el estado y hacen “trampas”. Al final solo lo puedes votar a él, los demás o están perseguidos, detenidos, exiliados o muertos. En Hungría, el caudillo Orbán, hizo una reforma de la Constitución y de la normativa electoral para asegurarse mayoría casi totales en el parlamento y con ello, hacer y deshacer a su antojo en lo que el mismo denominó “democracia Iliberal” –que es lo mismo que decir, democracia aparente–. Afortunadamente, era tan grande el descontento de la población que incluso con todo el aparato del estado, inclusive lo del voto por correo a su favor, perdió las elecciones. Como era previsible, también acusó de hacer trampas a la oposición, incidiendo en actuaciones que solo desde el poder se podían acometer. En el Reino Unido es conocido y aceptado que la interferencia de Rusia y de los magnates de redes sociales hizo posible el brexit en 2016.

No hay país en el que los elementos antidemocráticos no aludan al fraude electoral la posibilidad de derrota. Es el nuevo mantra que surgido desde los terminales ultras, son magnificados por ejércitos de ciudadanos casi militarizados en sus ideales, unos de manera consciente y otros de manera ingenua, inundan el medio de comunicación más importante de la historia: las redes sociales en internet. Es imposible llegar a un proceso electoral en el país que sea sin que surjan voces desde la “internacional ultraderechista” que alerten de ese fraude e incluso para, supuestamente, evitarlo se cometen las mayores fechorías, que en este caso suelen suponer, ahora sí, atentados contra la democracia: impedir el voto de determinados colectivos, trastocar –como en Estados Unidos– los mapas de distritos electorales, promulgación de leyes limitativas del voto… y así todo tipo de estrategias la mayoría absolutamente discrecionales y faltas de razón y ética, para superar algo que uno de los más importantes teóricos de la extrema derecha y crítico con la democracia y los sistemas de representación y gestión de las naciones, Peter Thiel, lleva impulsando desde hace varios años: la innecesariedad de las elecciones. La abolición de los criterios de igualdad en las misma (nada de un hombre un voto). Al fin y al cabo es algo que venimos, yo entre ellos, denunciando desde donde podemos: Eliminar la democracia usando, de manera torticera, la propia democracia valiéndose de aquello que el nada sospechoso de izquierdista Bertrand Rusell contestó a la pregunta de ¿cómo comienza el fascismo? «los fascistas, los ideólogos de ese mal, primero fascinan a los tontos, luego, amordazan a los inteligentes».

En España, al igual que en tantos lugares, estamos pasando una crisis no del sistema democrático, pero sí un resurgimiento de las ideas que lo combaten. Ahora a nadie le extraña que chiquillos y chiquillas de quince o dieciséis años vayan ataviados con banderas fascistas, hagan el saludo hitleriano o falangista, griten «sieg heil», coreen consignas donde amenazan de muerte a los que no opinan como ellos, y todo con el beneplácito de los que desde atrás propician y alientas estas peligrosas conductas creadoras artificialmente de sensación de caos. Un caos denunciado por los mismos que lo generan. Es difícil de asimilar que la presidenta de Madrid cada vez que puede ofrece –aparte de claros síntomas de tener una relación complicada con el alcohol– una sarta de improperios, insultos, amenazas de todo tipo, llama terroristas a los acampados en sol, hijo de puta al presidente del gobierno, se chotea de las políticas de igualdad, se vanagloria de hacer lo que le da la gana y ya, por último, en consonancia con lo que se hace en Estados Unidos, Brasil, Argentina… alerta de que la izquierda va a cometer un pucherazo en las elecciones. Por su parte, el supuesto líder de su partido –digo supuesto líder porque normalmente es Ayuso, con pinganillo o sin él, quien marca la agenda y el discurso del PP y de Feijóo, quien se suma a esa estrategia de levantar insidias y burdas sospechas sobre la limpieza electoral. El ambiente es casi irrespirable, cualquier cosa se convierte en excusa para amedrentar, insultar, deshumanizar y demostrar la “gallardía” de estos españoles que usan, por ejemplo, la bandera de todos para arremeter con ella.

Coda: en el año 2015, mediante una Ley presentada por el gobierno de Mariano Rajoy y apoyada por los grupos parlamentarios, se aprobó conceder la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes, los cuales fueron los expulsados de España en 1492, hace más de 530 años. La condición para que se procediera a esa nacionalización era –y es– que un Rabino certificara que efectivamente el solicitante era descendiente de esos judíos expulsados. Se otorgó la nacionalidad a más de 72.000 personas, mayoritariamente de américa latina. Estos españoles –porque son españoles desde ese momento– tienen desde entonces todos los derechos que comporta la nacionalidad, entre otros el derecho al voto. En estos días, el Tribunal Supremo, ha despojado del derecho al voto a unos 160.000 españoles, nacionalizados a través de la llamada “Ley de Nietos” que da ese derecho a los descendiente de aquellos que tuvieron que ir al exilio por defender el régimen democrático y escapando de la represión franquista. También se otorgaba a aquellos solicitantes que tuvieron que emigrar por las condiciones económicas sufridas en este país. Una huida de la miseria, el miedo, el hambre y la indignidad. En este caso estamos hablando de un periodo que va desde 1936 hasta 1955 en un principio y después ampliado hasta 1978, año de entrada en vigor de nuestra Constitución democrática. El argumento del Tribunal es que el hecho de que tengan derecho al voto puede comportar deformación en los resultados de los procesos electorales y modificar esos resultados. ¡Pues claro! Es que la gente vota para que tenga una correlación en los resultados, si no fuera así ¿para qué votar? El caso es que personas que han venido votando en los últimos procesos electorales, ahora no pueden hacerlo –ahora influyen en el resultado, antes, por lo visto, no–. Los que sí que podrán votar, y yo que me alegro, son los 72.000 judíos sefardíes que descienden de los que expulsaron en 1492 y que un Rabino atestigüe que efectivamente son parientes de aquellos.