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Anoche mi admirado Manu Sánchez hablaba en El perro andaluz de inteligencia artificial, de Elon Musk y del miedo que le provoca a algunos todo aquello que deje de obedecer. Venía a decir que quizá algunos no quieran frenar tanto la inteligencia artificial por artificial como por inteligencia; y que, una vez que algo se escapa del sitio donde pretendían encerrarlo, al poder le entra cierta inquietud, miedecito que se dice en mi tierra. Porque hay gente que soporta muy mal que las cosas se le escapen de las manos.
Y pensé en nuestros hijos.
En los que nacieron en una casa donde nadie había ido a la universidad o sencillamente en los que tienen inquietud y quieren aprender y contribuir. Quizá la educación pública haya sido precisamente eso durante décadas: la posibilidad de escaparse y de contribuir con la sociedad.
Septiembre tiene en Andalucía un ruido particular: maletas con ruedas, padres mirando el móvil con el ceño fruncido, madres preguntando si aquella calle está muy lejos de la facultad y muchachos y muchachas que llegan a Graná, Sevilla o Málaga con una mezcla de miedo y orgullo. Han aprobado Selectividad, han conseguido la carrera que querían y en casa se ha celebrado como se celebran siempre las cosas importantes: llamando a los abuelos.
Luego abren Idealista. Y ahí termina, algunas veces, la aventura y la visión de futuro y empieza una pesadilla.
Andalucía puede presumir de tener unas matrículas universitarias públicas entre las más asequibles. La Junta de Andalucía mantiene para el curso 2026-2027 la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula.
Es una buena política, ojalá fuera en paralelo con el presupuesto de las Universidades. El problema es cuando apenas se paga nada por la matrícula pero una barbaridad por dormir.
Y para estudiar hace falta esa costumbre de dormir en algún sitio, cocinar y comer de vez en cuando y ducharse. Y ahí ya fallamos.
La universidad pública es desde su fundación uno de los grandes mecanismos de igualdad. Eso sí es progreso.
El problema es que se ha descubierto una manera bastante fina de frenar el acceso a la universidad: la vivienda. La pregunta ya no es cuánto cuesta la matrícula, sino cuánto cuesta dormir.
En Sevilla se anuncian habitaciones para estudiantes que se mueven entre varios cientos de euros al mes. En Málaga, determinadas residencias privadas ofrecen habitaciones por cantidades que para muchas familias son sencillamente inasumibles.
No basta con que la puerta de la facultad sea pública si el pasillo que conduce hasta ella se ha puesto a precio de mercado.
Tiene algo de comedia amarga, de chiste malo. Bonificamos el 99% de los créditos aprobados y después resulta que lo caro no es estudiar Medicina, Historia o Derecho. Lo caro es ejercer el sofisticadísimo derecho de acostarse por la noche.
Hemos democratizado la matrícula y “aristocratizado” el dormitorio.
Hay años de vivienda pública insuficiente, un mercado del alquiler tensionado, salarios familiares que no han crecido al mismo ritmo y una oferta de alojamiento universitario asequible incapaz de cubrir toda la necesidad. Universidades, ayuntamientos, Junta y Estado tienen distintas competencias y responsabilidades. Y por supuesto han llegado las empresas que hacen negocio con la vivienda, no ahora con el turismo, sino con los estudiantes, residencias estudiantiles a precio de hotel de cinco estrellas.
Granada conoce bien esta contradicción. Es una ciudad universitaria hasta en la manera de andar. Los estudiantes llenan sus bares, alquilan pisos, sostienen comercios, dan vida a barrios enteros y convierten septiembre en una especie de segunda primavera, pero cada vez tienen más difícil el poder alojarse.
Andalucía no puede permitirse que el lugar donde uno nace vuelva a decidir hasta dónde puede llegar. Bastante hemos pagado históricamente que el código postal pesara más que el talento. Un joven de Trevélez, de Priego, de Trebujena o de Cortegana no debería comenzar la carrera con una penalización económica por haber tenido la ocurrencia de nacer lejos del campus.
La igualdad de oportunidades no consiste en dejar abierta una puerta y hacerse una foto delante. Consiste en comprobar quién puede cruzarla.
Por eso, cuando hablemos de universidad pública, habrá que hablar también de residencias públicas, de alquiler asequible para estudiantes, de ayudas de alojamiento suficientes y de transporte metropolitano y rural. No como caridad. Ni como premio. Como infraestructura educativa.
Detrás de cada estadística hay una cocina, una calculadora, dos padres intentando que las cuentas salgan y una muchacha con proyección de futuro, que se esforzó. Y estudió. Sacó la nota. Consiguió la plaza.
Y ahora no la dejan escaparse y desarrollar su inteligencia (natural) porque no tiene donde dormir. Qué fácil está siendo manipular los derechos más básicos y fundamentales.
Anoche mi admirado Manu Sánchez hablaba en El perro andaluz de inteligencia artificial, de Elon Musk y del miedo que le provoca a algunos todo aquello que deje de obedecer. Venía a decir que quizá algunos no quieran frenar tanto la inteligencia artificial por artificial como por inteligencia; y que, una vez que algo se escapa del sitio donde pretendían encerrarlo, al poder le entra cierta inquietud, miedecito que se dice en mi tierra. Porque hay gente que soporta muy mal que las cosas se le escapen de las manos.
Y pensé en nuestros hijos.
En los que nacieron en una casa donde nadie había ido a la universidad o sencillamente en los que tienen inquietud y quieren aprender y contribuir. Quizá la educación pública haya sido precisamente eso durante décadas: la posibilidad de escaparse y de contribuir con la sociedad.
Septiembre tiene en Andalucía un ruido particular: maletas con ruedas, padres mirando el móvil con el ceño fruncido, madres preguntando si aquella calle está muy lejos de la facultad y muchachos y muchachas que llegan a Graná, Sevilla o Málaga con una mezcla de miedo y orgullo. Han aprobado Selectividad, han conseguido la carrera que querían y en casa se ha celebrado como se celebran siempre las cosas importantes: llamando a los abuelos.
Luego abren Idealista. Y ahí termina, algunas veces, la aventura y la visión de futuro y empieza una pesadilla.
Andalucía puede presumir de tener unas matrículas universitarias públicas entre las más asequibles. La Junta de Andalucía mantiene para el curso 2026-2027 la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula.
Es una buena política, ojalá fuera en paralelo con el presupuesto de las Universidades. El problema es cuando apenas se paga nada por la matrícula pero una barbaridad por dormir.
Y para estudiar hace falta esa costumbre de dormir en algún sitio, cocinar y comer de vez en cuando y ducharse. Y ahí ya fallamos.
La universidad pública es desde su fundación uno de los grandes mecanismos de igualdad. Eso sí es progreso.
El problema es que se ha descubierto una manera bastante fina de frenar el acceso a la universidad: la vivienda. La pregunta ya no es cuánto cuesta la matrícula, sino cuánto cuesta dormir.
En Sevilla se anuncian habitaciones para estudiantes que se mueven entre varios cientos de euros al mes. En Málaga, determinadas residencias privadas ofrecen habitaciones por cantidades que para muchas familias son sencillamente inasumibles.
No basta con que la puerta de la facultad sea pública si el pasillo que conduce hasta ella se ha puesto a precio de mercado.
Tiene algo de comedia amarga, de chiste malo. Bonificamos el 99% de los créditos aprobados y después resulta que lo caro no es estudiar Medicina, Historia o Derecho. Lo caro es ejercer el sofisticadísimo derecho de acostarse por la noche.
Hemos democratizado la matrícula y “aristocratizado” el dormitorio.
Hay años de vivienda pública insuficiente, un mercado del alquiler tensionado, salarios familiares que no han crecido al mismo ritmo y una oferta de alojamiento universitario asequible incapaz de cubrir toda la necesidad. Universidades, ayuntamientos, Junta y Estado tienen distintas competencias y responsabilidades. Y por supuesto han llegado las empresas que hacen negocio con la vivienda, no ahora con el turismo, sino con los estudiantes, residencias estudiantiles a precio de hotel de cinco estrellas.
Granada conoce bien esta contradicción. Es una ciudad universitaria hasta en la manera de andar. Los estudiantes llenan sus bares, alquilan pisos, sostienen comercios, dan vida a barrios enteros y convierten septiembre en una especie de segunda primavera, pero cada vez tienen más difícil el poder alojarse.
Andalucía no puede permitirse que el lugar donde uno nace vuelva a decidir hasta dónde puede llegar. Bastante hemos pagado históricamente que el código postal pesara más que el talento. Un joven de Trevélez, de Priego, de Trebujena o de Cortegana no debería comenzar la carrera con una penalización económica por haber tenido la ocurrencia de nacer lejos del campus.
La igualdad de oportunidades no consiste en dejar abierta una puerta y hacerse una foto delante. Consiste en comprobar quién puede cruzarla.
Por eso, cuando hablemos de universidad pública, habrá que hablar también de residencias públicas, de alquiler asequible para estudiantes, de ayudas de alojamiento suficientes y de transporte metropolitano y rural. No como caridad. Ni como premio. Como infraestructura educativa.
Detrás de cada estadística hay una cocina, una calculadora, dos padres intentando que las cuentas salgan y una muchacha con proyección de futuro, que se esforzó. Y estudió. Sacó la nota. Consiguió la plaza.
Y ahora no la dejan escaparse y desarrollar su inteligencia (natural) porque no tiene donde dormir. Qué fácil está siendo manipular los derechos más básicos y fundamentales.
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