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Andalucía conoce demasiado bien el latifundio. Durante generaciones vio cómo la tierra se quedaba en pocas manos mientras quienes la trabajaban apenas podían levantar una casa sobre ella. Creíamos que aquello pertenecía a un mundo de cortijos y jornales de hambre, pero el latifundio ha aprendido a mudarse a la ciudad. Ahora tiene portón automático, ascensor y consejo de administración. Ya no se mide solo en hectáreas, sino en pisos.
Como ejemplo una vivienda usada en cualquier barrio andaluz. Una pareja llega a la notaría después de años de alquiler, con una hipoteca que les apretará media vida. Por la compra pagará, con carácter general, un 7 % de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Pero si quien compra ese mismo piso es una sociedad que ya controla cientos de viviendas, pagará lo mismo. La diferencia está en que uno busca una casa y el otro rentabilidad. Tratar de igual manera situaciones tan distintas no es neutralidad: es injusticia social.
La próxima semana, el Congreso volverá a debatir una propuesta de Sumar para impedir que empresas y fondos de inversión compren viviendas. La intención es justa: una casa debería servir antes para vivir que para engordar una cartera financiera y especulativa. Pero no afecta al parque que esas sociedades poseen ya y esa propuesta, de salir aprobada, podría burlarse mediante la adquisición o creación de sociedades.
Según los datos utilizados por el Banco de España, las personas jurídicas representan alrededor del 8 % de los arrendadores. La mayoría sigue siendo pequeños propietarios y también pesan la falta de vivienda, el alquiler turístico, los salarios y décadas de abandono de la promoción pública. Una izquierda seria no necesita inventarse un monstruo que lo explique todo, le basta con ser realista y analizar datos.
Aunque no sean dueños de todo el mercado, los grandes tenedores pueden concentrar cientos de viviendas en barrios concretos, comprar sin necesitar una hipoteca y esperar el momento más rentable. Para frenar esa capacidad hace falta que acumular vivienda deje de ser un negocio fiscalmente privilegiado.
La primera medida corresponde a las comunidades autónomas. Cataluña aplica desde junio de 2025 un ITP del 20 % a las compras de vivienda realizadas por grandes tenedores y a la adquisición de edificios residenciales completos. Andalucía mantiene un tipo general del 7 %. La Junta podría establecer ese mismo 20 % para quienes superen el umbral de gran tenedor y compren vivienda ya construida. No afectaría a la familia que adquiere su hogar ni a quien hereda un pequeño patrimonio. También deberían quedar fuera las promociones que aumenten realmente el parque y se destinen de manera permanente a alquiler asequible. Si el capital viene con ladrillos nuevos y precios limitados, que pase. Si viene a pujar contra una familia por las llaves de una casa que ya existe, que pague.
La segunda medida afecta a la vivienda vacía. La legislación permite a los ayuntamientos aplicar recargos en el IBI que pueden alcanzar el 150 % cuando un propietario mantiene varios inmuebles desocupados durante años. No hacen falta discursos municipales sobre el drama de la vivienda mientras esa posibilidad duerme en una ordenanza o ni siquiera llega a ella. Hacen falta registros de grandes tenedores, datos de consumo, inspección y voluntad de cobrar. Con una cautela imprescindible: ningún recargo debe acabar añadido al recibo del inquilino.
La tercera medida debe acabar con el privilegio de las SOCIMI dedicadas al negocio residencial. Estas sociedades tributan al 0 % en el impuesto sobre sociedades, aunque sus accionistas paguen por los dividendos y existan algunos gravámenes especiales. El tipo general debería ser del 25 % para los beneficios obtenidos con vivienda, salvo cuando procedan de alquileres asequibles y estables. No es castigar la actividad económica, sino dejar de premiar fiscalmente la conversión de una necesidad humana y un derecho básico en producto financiero.
Todo ello exige cerrar las escapatorias: sumar las viviendas de las filiales de un mismo grupo, identificar al propietario real y vigilar las compraventas de sociedades que esconden transmisiones de edificios.
El dinero recaudado debe dedicarse a construir vivienda pública, adquirir pisos mediante tanteo y retracto y rehabilitar inmuebles para alquiler social. Un impuesto que solo recauda puede convertirse en peaje. Un impuesto que crea parque público cambia la relación de fuerzas.
Dirán que así se espanta la inversión. Depende de cuál. Si su única aportación consiste en comprar lo ya construido y venderlo cuando la necesidad haya elevado el precio, quizá convenga que se espante. Se necesita capital capaz de levantar nuevas casas; no un ejército de sociedades compitiendo con quienes buscan dónde vivir.
Andalucía no puede presentarse como un paraíso fiscal para el patrimonio mientras encontrar casa se convierte en un pequeño infierno para quienes trabajan aquí. Sabemos demasiado bien qué ocurre cuando la propiedad se concentra y la mayoría termina pidiendo permiso para vivir sobre su propia tierra. Antes fue el cortijo. Ahora puede ser un bloque entero.
Una casa es la cocina donde desayuna un niño, el pasillo que una persona mayor recorre a oscuras sin tropezar, la puerta cuyo ruido reconocemos antes de saber quién entra. Quien hace negocio con esa necesidad debe contribuir mucho más que quien intenta satisfacerla. El capital puede buscar su beneficio. Lo indecente es que, además, le paguemos las alas.
Andalucía conoce demasiado bien el latifundio. Durante generaciones vio cómo la tierra se quedaba en pocas manos mientras quienes la trabajaban apenas podían levantar una casa sobre ella. Creíamos que aquello pertenecía a un mundo de cortijos y jornales de hambre, pero el latifundio ha aprendido a mudarse a la ciudad. Ahora tiene portón automático, ascensor y consejo de administración. Ya no se mide solo en hectáreas, sino en pisos.
Como ejemplo una vivienda usada en cualquier barrio andaluz. Una pareja llega a la notaría después de años de alquiler, con una hipoteca que les apretará media vida. Por la compra pagará, con carácter general, un 7 % de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Pero si quien compra ese mismo piso es una sociedad que ya controla cientos de viviendas, pagará lo mismo. La diferencia está en que uno busca una casa y el otro rentabilidad. Tratar de igual manera situaciones tan distintas no es neutralidad: es injusticia social.
La próxima semana, el Congreso volverá a debatir una propuesta de Sumar para impedir que empresas y fondos de inversión compren viviendas. La intención es justa: una casa debería servir antes para vivir que para engordar una cartera financiera y especulativa. Pero no afecta al parque que esas sociedades poseen ya y esa propuesta, de salir aprobada, podría burlarse mediante la adquisición o creación de sociedades.
Según los datos utilizados por el Banco de España, las personas jurídicas representan alrededor del 8 % de los arrendadores. La mayoría sigue siendo pequeños propietarios y también pesan la falta de vivienda, el alquiler turístico, los salarios y décadas de abandono de la promoción pública. Una izquierda seria no necesita inventarse un monstruo que lo explique todo, le basta con ser realista y analizar datos.
Aunque no sean dueños de todo el mercado, los grandes tenedores pueden concentrar cientos de viviendas en barrios concretos, comprar sin necesitar una hipoteca y esperar el momento más rentable. Para frenar esa capacidad hace falta que acumular vivienda deje de ser un negocio fiscalmente privilegiado.
La primera medida corresponde a las comunidades autónomas. Cataluña aplica desde junio de 2025 un ITP del 20 % a las compras de vivienda realizadas por grandes tenedores y a la adquisición de edificios residenciales completos. Andalucía mantiene un tipo general del 7 %. La Junta podría establecer ese mismo 20 % para quienes superen el umbral de gran tenedor y compren vivienda ya construida. No afectaría a la familia que adquiere su hogar ni a quien hereda un pequeño patrimonio. También deberían quedar fuera las promociones que aumenten realmente el parque y se destinen de manera permanente a alquiler asequible. Si el capital viene con ladrillos nuevos y precios limitados, que pase. Si viene a pujar contra una familia por las llaves de una casa que ya existe, que pague.
La segunda medida afecta a la vivienda vacía. La legislación permite a los ayuntamientos aplicar recargos en el IBI que pueden alcanzar el 150 % cuando un propietario mantiene varios inmuebles desocupados durante años. No hacen falta discursos municipales sobre el drama de la vivienda mientras esa posibilidad duerme en una ordenanza o ni siquiera llega a ella. Hacen falta registros de grandes tenedores, datos de consumo, inspección y voluntad de cobrar. Con una cautela imprescindible: ningún recargo debe acabar añadido al recibo del inquilino.
La tercera medida debe acabar con el privilegio de las SOCIMI dedicadas al negocio residencial. Estas sociedades tributan al 0 % en el impuesto sobre sociedades, aunque sus accionistas paguen por los dividendos y existan algunos gravámenes especiales. El tipo general debería ser del 25 % para los beneficios obtenidos con vivienda, salvo cuando procedan de alquileres asequibles y estables. No es castigar la actividad económica, sino dejar de premiar fiscalmente la conversión de una necesidad humana y un derecho básico en producto financiero.
Todo ello exige cerrar las escapatorias: sumar las viviendas de las filiales de un mismo grupo, identificar al propietario real y vigilar las compraventas de sociedades que esconden transmisiones de edificios.
El dinero recaudado debe dedicarse a construir vivienda pública, adquirir pisos mediante tanteo y retracto y rehabilitar inmuebles para alquiler social. Un impuesto que solo recauda puede convertirse en peaje. Un impuesto que crea parque público cambia la relación de fuerzas.
Dirán que así se espanta la inversión. Depende de cuál. Si su única aportación consiste en comprar lo ya construido y venderlo cuando la necesidad haya elevado el precio, quizá convenga que se espante. Se necesita capital capaz de levantar nuevas casas; no un ejército de sociedades compitiendo con quienes buscan dónde vivir.
Andalucía no puede presentarse como un paraíso fiscal para el patrimonio mientras encontrar casa se convierte en un pequeño infierno para quienes trabajan aquí. Sabemos demasiado bien qué ocurre cuando la propiedad se concentra y la mayoría termina pidiendo permiso para vivir sobre su propia tierra. Antes fue el cortijo. Ahora puede ser un bloque entero.
Una casa es la cocina donde desayuna un niño, el pasillo que una persona mayor recorre a oscuras sin tropezar, la puerta cuyo ruido reconocemos antes de saber quién entra. Quien hace negocio con esa necesidad debe contribuir mucho más que quien intenta satisfacerla. El capital puede buscar su beneficio. Lo indecente es que, además, le paguemos las alas.
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