Antonio Bengoa, Valentín Pares, Isaac Álvarez, Félix Melero, Luis Garay…y todas aquellas vidas inocentes que perecieron con la cabeza y el puño en alto, esos que entregaron hasta lo que no tenían a la causa para defender los derechos de todos, los valientes que gritaron cuando hablar era ilegal, los que bajo el lema “antes morir que arrodillarse” nunca sucumbieron ante el fascismo…os tenemos presentes.
Nuestro país ha dado un paso de gigante en la buena dirección. Con la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la nueva Ley de Memoria Democrática, las víctimas del franquismo recobran en gran parte lo que el ilegítimo e ilegal régimen les arrebató: la dignidad, la verdad y la justicia. España tiene una deuda histórica con ellos, pero gracias a la acción de gobiernos socialistas, cada vez nos acercamos más a lo que la brújula moral de todo buen demócrata demanda con los luchadores por la libertad y la democracia.
Esta ley, como de costumbre en todo avance y conquista social, cuenta con la oposición de la derecha. El recien estrenado líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, utiliza el término peyorativo de “Ley Bildu” para referirse a esta normativa, exhibiendo una vez más que bajo ese plumaje de moderado y razonable, se esconde la misma ideología conservadora de Pablo Casado, pero hablando más bajito. Usa dicha terminología por un artículo concreto de la ley, que crea una comisión técnica para estudiar los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por motivo de “su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los derechos democráticos” hasta el 31 de diciembre de 1983, con la excusa de que el gobierno busca el blanqueo a la organización terrorista ETA a través de dicha disposición. La derecha quizás tiene un problema de memoria, de historia o ya directamente le tienen pánico a decir la verdad; cualquier persona con dos dedos de frente puede deducir que esta ley busca ser amparo también de las víctimas que la extrema derecha dejó cuando se negaba violentamente a renunciar al poder, como fueron los casos de los abogados de Atocha o de Yolanda González, el caso Scala, Carlos González, Arturo Ruiz, Jesús Badiola…y tantas víctimas del terrorismo tardeofranquista que la derecha ignora por completo, pese a ser los supuestos mayores defensores de las víctimas de ETA para sus intereses electorales.
Cuando esta ley se publique en el BOE, una vez pase por el Senado, el Estado será el responsable directo de las exhumaciones y posterior identificación a través del banco de ADN que la misma ley crea, cosa que hasta ahora estaba en manos de asociaciones a través de subvenciones, que cuando gobernaba la derecha pasaban a ser de 0,0€. Además, quedarán extintas las organizaciones como la fundación Valle de los Caidos o Francisco Franco, que humillan a las víctimas con el elogio y reivindicación de la opresión, la tortura y el sometimiento. Nunca más han de consertirse los elogios impunes a un pasado donde por pensar, por amar o por tener tus propias ideas, podías encontrarte con la cárcel o la muerte.
Otas grandes medidas, como renombrar el Valle de los Caidos y llevar a cabo una resignificación del conjunto, exhumar a José Antonio Primo de Rivera del lugar prominente que actualmente ocupa, derogar 33 titulos nobiliarios de la dictadura, el reconocimiento estatal al derecho a la verdad de las víctimas, el acceso libre a todos los documentos del franquismo…componen una ley de memoria democrática que ahonda en el camino iniciado por el Presidente Zapatero en 2007, a cuyo legado le debemos el haber abierto este debate en el seno de la sociedad.
Esta ley es para todos aquellos que sufieron, que padecieron, que lloraron todos los días los crueles efectos de la dictadura en España. Por los que fueron, somos, por los que somos, serán.
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