¿Queremos disponer de bosques capaces de proporcionar servicios ecosistémicos y de un medio ambiente saludable, compatible con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales? La respuesta debe ser afirmativa. Para ello es necesario reflexionar sobre las causas y el origen de los grandes incendios forestales que Andalucía viene sufriendo, así como sobre sus enormes consecuencias ambientales, sociales y económicas: pérdida de biodiversidad, vidas y bienes, suelo
fértil, recursos naturales y emisiones de CO₂.

Los incendios forestales actuales son, en buena medida, el resultado de la conjunción de dos problemas: por un lado, la desatención del medio rural asociada al abandono de determinadas actividades agrarias y ganaderas y, por otro, una política forestal que durante décadas ha otorgado un peso importante a la producción forestal y a la homogeneización de determinadas masas, frente a una concepción integral de los montes como ecosistemas multifuncionales. Todo ello se ve agravado por el cambio climático, las sequías recurrentes, las olas de calor y los episodios meteorológicos extremos.

No se trata de enfrentar producción y conservación ni de considerar negativo todo aprovechamiento forestal. El reto consiste en avanzar hacia una gestión forestal multifuncional, capaz de compatibilizar aprovechamientos sostenibles, conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos, adaptación al cambio climático y prevención de incendios. La nueva Ley 3/2026, de 13 de marzo, de Montes de Andalucía, constituye una oportunidad para impulsar este cambio de paradigma.

Tampoco puede reducirse el problema a afirmar que "el monte está sucio". La vegetación no constituye por sí misma un problema. La prevención debe gestionar la estructura, continuidad, composición y distribución espacial de la vegetación, reduciendo selectivamente el combustible allí donde sea necesario y manteniendo al mismo tiempo los valores ecológicos, la fertilidad del suelo, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Además, no todos los incendios pueden evitarse. El objetivo realista de la prevención debe ser evitar los incendios evitables, reducir la probabilidad de grandes incendios, disminuir su intensidad y velocidad de propagación, proteger a la población y a los valores ambientales prioritarios y favorecer una recuperación ecológica adecuada después del fuego.

Por ello se propone avanzar hacia una Estrategia Andaluza de Prevención y Resiliencia frente a los Incendios Forestales, que no sustituya los instrumentos existentes, sino que los integre en una verdadera política territorial de prevención y resiliencia.

Planificación a escala de paisaje y comarca

El fuego no entiende de límites administrativos ni de propiedades. La prevención no puede depender exclusivamente de la planificación individual de cada finca o monte. La nueva Ley 3/2026 contempla instrumentos de planificación preventiva a diferentes escalas, incluida la comarcal, por lo que debería impulsarse decididamente la elaboración de Planes Comarcales de Prevención y Resiliencia frente a los Incendios Forestales.

Estos planes deberían integrar montes públicos y privados, dehesas, cultivos, pastizales, cauces y riberas, carreteras y ferrocarriles, líneas eléctricas, urbanizaciones y núcleos rurales, espacios naturales protegidos y las infraestructuras de prevención y extinción. La unidad de planificación debe ser el paisaje funcional del fuego, no únicamente la propiedad forestal o el término municipal.

La prevención debería apoyarse en una auténtica infraestructura verde preventiva, constituida por mosaicos agroforestales, dehesas, pastizales, cultivos, áreas de pastoreo, claros forestales y otras discontinuidades estratégicamente situadas. La referencia orientativa de superficies en torno a 25.000 ha podría utilizarse inicialmente, pero su dimensión definitiva debería determinarse mediante análisis del comportamiento potencial del fuego, considerando topografía, vientos, continuidad del combustible, vegetación, accesibilidad, población y valores ambientales.

El objetivo debe ser conseguir paisajes más heterogéneos y compartimentados, capaces de dificultar la propagación de los grandes incendios y, simultáneamente, proporcionar oportunidades estratégicas para la extinción.

Gestión inteligente y selectiva del combustible

Debe abandonarse definitivamente el concepto genérico de «limpieza del monte». No todas las superficies necesitan tratamiento ni todas las actuaciones deben tener la misma intensidad. Cada intervención debería responder a cuatro preguntas: dónde, cuánto, cuándo y cómo intervenir.

La gestión preventiva debe priorizar las zonas estratégicas para modificar el comportamiento del fuego, evitando tratamientos sistemáticos que puedan producir pérdida de suelo, degradación de hábitats, pérdida de biodiversidad o alteraciones innecesarias de los ecosistemas. Las actuaciones preventivas deberían evaluarse por su capacidad real para reducir la continuidad del combustible, la intensidad y la propagación potencial del fuego, y no simplemente por el número de hectáreas tratadas.

En este contexto, resulta necesario mejorar el cumplimiento de los instrumentos de planificación preventiva de montes públicos y privados y establecer un sistema público de seguimiento de su grado de ejecución. La inspección debería concentrarse especialmente en los territorios donde coincidan elevada peligrosidad, elevada vulnerabilidad y ausencia o insuficiencia de medidas preventivas.

Las ayudas a la prevención en montes privados deberían tener carácter estable y plurianual, vinculándose a la planificación preventiva y al mantenimiento de las actuaciones. Deberían priorizarse las fajas auxiliares, áreas estratégicas de gestión y otras discontinuidades que formen parte de una planificación territorial integrada, así como las actuaciones de mantenimiento que requieren continuidad.

Naturalización, diversificación y resiliencia de los bosques

Es necesario avanzar desde modelos forestales homogéneos hacia bosques y paisajes forestales resilientes, mediante una naturalización progresiva y una gestión multifuncional. Esta transformación debe considerar conjuntamente especies, edades, estratos y estructuras, evitando que las actuaciones preventivas reproduzcan nuevamente masas homogéneas y vulnerables.

En los pinares y otras formaciones forestales gestionadas, los aprovechamientos no deberían constituir el único objetivo. Las actuaciones deben incorporar la mejora de la biodiversidad y de los procesos ecológicos que sustentan los servicios ecosistémicos.

Asimismo, debería establecerse un programa progresivo para sustituir, cuando esté justificado, plantaciones de especies alóctonas de elevada inflamabilidad o baja adecuación ecológica por formaciones autóctonas y ambientalmente adaptadas, priorizando las zonas con especial riesgo de incendio o afección sobre biodiversidad, suelo, agua o espacios protegidos. El objetivo no debe ser simplemente eliminar una especie, sino reducir modelos forestales homogéneos y poco resilientes.

Ganadería extensiva y pastoreo preventivo

La ganadería extensiva debe convertirse en uno de los instrumentos fundamentales de prevención y desarrollo rural. Es necesario reforzar la trashumancia, el aprovechamiento ordenado de terrenos forestales públicos y el programa de Red de Áreas Pasto-Cortafuegos, extendiendo los mecanismos de apoyo al ámbito privado.

Se propone desarrollar un Programa Andaluz de Pastoreo Preventivo, basado en contratos plurianuales con los ganaderos y en el reconocimiento económico del pastoreo como proveedor de un servicio ecosistémico de prevención de incendios.

El pastoreo deberá planificarse de acuerdo con la capacidad de carga de cada ecosistema, evitando tanto la ausencia de manejo como el sobrepastoreo. La recuperación de la trashumancia, las vías pecuarias y los sistemas pastorales tradicionales debe considerarse simultáneamente una política de prevención, conservación de la biodiversidad y desarrollo rural.

Cuando las condiciones ecológicas y de seguridad lo aconsejen, también debería potenciarse la investigación y aplicación de quemas prescritas y fuego técnico, siempre bajo condiciones meteorológicas controladas, con objetivos definidos, personal especializado y seguimiento y evaluación ecológica.

Prevención compatible con la biodiversidad, red natura 2000, suelo y agua 

La prevención de incendios debe incorporar obligatoriamente la conservación de la biodiversidad. En Red Natura 2000 y en el resto de espacios naturales protegidos, las actuaciones deberán ser compatibles con los objetivos de conservación, prestando especial atención a hábitats de interés comunitario, especies protegidas, árboles maduros, cavidades, zonas de nidificación y reproducción, bosques de ribera, ecotonos y madera muerta cuando su permanencia sea compatible con la seguridad frente al fuego.

En cada ZEC y ZEPA debería analizarse específicamente la relación entre incendios, hábitats y especies, identificando aquellos especialmente vulnerables al fuego, los que presentan mayor capacidad de recuperación, las especies sensibles, las zonas prioritarias para la gestión del combustible y aquellas en las que determinados tratamientos pudieran resultar contraproducentes.

La protección del suelo y del agua debe constituir igualmente un criterio esencial. Los incendios de elevada severidad pueden producir erosión, pérdida de materia orgánica, alteraciones de la infiltración y escorrentía y aportes de sedimentos a cauces y embalses. Por ello, las cabeceras de cuenca, zonas de abastecimiento y áreas con elevada vulnerabilidad erosiva deberían ser prioritarias tanto en prevención como en restauración.

Vigilancia, detección, extinción e investigación de las causas

La prevención debe evolucionar desde un modelo fundamentalmente reactivo hacia otro proactivo, basado en la presencia permanente en el territorio, la detección temprana de incumplimientos y el asesoramiento a los titulares forestales. Para ello resulta necesario cubrir las plazas vacantes de Agentes de Medio Ambiente y mejorar la coordinación entre estos, SEPRONA, Policía Nacional adscrita, guardería rural, INFOCA y demás entidades competentes.

Debe revisarse igualmente el sistema de detección para conseguir una localización temprana de los incendios y mejorar la ubicación de los medios aéreos atendiendo al riesgo histórico y territorial. El dispositivo de extinción, dado su carácter de emergencia, debería mantener capacidad operativa durante todo el año.

La investigación de las causas debe reforzarse y convertirse en una herramienta preventiva. El análisis de los patrones territoriales, temporales y sociales de ignición debe permitir orientar la vigilancia y las actuaciones preventivas hacia los lugares de mayor riesgo.

Infraestructuras, interfaz urbano-forestal y autoprotección

Las administraciones responsables de carreteras, ferrocarriles, líneas eléctricas y demás infraestructuras lineales deben cumplir sus obligaciones de prevención y mantener la vegetación de sus ámbitos de competencia mediante criterios ambientales adecuados y en las épocas apropiadas. Debe evitarse el uso rutinario de herbicidas y priorizarse, cuando sea viable, el manejo mecánico, ganadero o selectivo.

La interfaz urbano-forestal debe constituir una línea estratégica propia. La prevención no puede trasladar toda la responsabilidad al monte cuando existen viviendas, urbanizaciones y edificaciones situadas dentro o junto a terrenos forestales. Deben impulsarse franjas de autoprotección, gestión de la vegetación en parcelas privadas, vías de evacuación, accesibilidad para los medios de extinción, puntos de agua e hidrantes, simulacros, planes de autoprotección, formación de la población y criterios constructivos adaptados al riesgo.

Revisión de la normativa de prevención

La nueva realidad climática, territorial y ecológica hace necesaria una revisión profunda de la normativa de prevención de incendios, aprovechando el nuevo marco establecido por la Ley 3/2026 de Montes de Andalucía. La prevención debe evolucionar desde un modelo centrado principalmente en regular actuaciones sobre la vegetación hacia otro basado en el riesgo, la planificación territorial, la gestión del paisaje y la resiliencia de los ecosistemas.

Especial atención merece la Orden de 21 de mayo de 2009, que después de más de quince años de vigencia debería ser revisada y actualizada de acuerdo con la evolución del clima, los usos del territorio, la maquinaria y las actividades desarrolladas en el medio rural.

La nueva regulación debería avanzar desde un sistema basado fundamentalmente en prohibiciones generales durante el periodo de riesgo hacia un modelo adaptativo y graduado, que tenga en cuenta el riesgo efectivo, las condiciones meteorológicas y ambientales y las características de cada actividad. El uso del fuego, la maquinaria agrícola y forestal, los trabajos susceptibles de generar chispas o deflagraciones, la circulación de vehículos y las quemas de restos deberían quedar sometidos a distintos niveles de limitación según el riesgo existente.

El régimen de autorizaciones y excepciones debería poder condicionarse a la meteorología prevista, el nivel de riesgo, las características de la actividad y las medidas de prevención y autoprotección adoptadas. La revisión debería integrarse con la planificación preventiva de monte, comarca y paisaje, de forma que la regulación de usos y actividades constituya una pieza de una estrategia global y no un instrumento aislado.

Investigación, evaluación y aprendizaje 

La política de prevención debe avanzar hacia una auténtica gestión basada en la evidencia científica. Para ello se propone crear una Red Andaluza de Investigación sobre Incendios y Gestión Forestal, con participación de universidades, CSIC, IFAPA, Administración forestal, INFOCA y propietarios forestales.

Deberían establecerse parcelas experimentales donde comparar tratamientos selvícolas, pastoreo, quemas prescritas, mosaicos agroforestales, naturalización y diferentes combinaciones, evaluando conjuntamente comportamiento del fuego, biodiversidad, suelo, carbono, agua, regeneración natural, costes y capacidad de recuperación.
Asimismo, debería crearse un Índice Andaluz de Resiliencia frente a Incendios Forestales, con indicadores sobre continuidad del combustible, heterogeneidad del paisaje, planificación preventiva, grado de ejecución, pastoreo preventivo, accesibilidad, interfaz urbano-forestal, frecuencia y severidad histórica de incendios, estado de conservación y vulnerabilidad frente al cambio climático. Los resultados deberían publicarse periódicamente y permitir establecer objetivos cuantificables.

Toda actuación preventiva debería evaluarse después de su ejecución. No basta con contabilizar hectáreas tratadas: cuando un incendio afecte a una zona previamente gestionada debe analizarse si las actuaciones modificaron realmente su comportamiento, intensidad o propagación. Del mismo modo, después de cada gran incendio debería realizarse una evaluación técnica que permita incorporar las lecciones aprendidas a la planificación futura.

Restauración postincendio y participación social

La restauración debe orientarse hacia la regeneración de bosques mediterráneos resilientes y seguir una jerarquía clara: favorecer la regeneración natural cuando sea viable; recurrir a la restauración activa cuando resulte insuficiente; utilizar especies y procedencias adaptadas a las condiciones actuales y futuras; favorecer la diversidad; priorizar suelo y agua y evitar la creación de nuevas estructuras homogéneas y vulnerables. No toda superficie quemada necesita una repoblación inmediata. En determinados ecosistemas mediterráneos, la regeneración natural puede constituir la opción ecológica y económicamente más adecuada.

La prevención debe ser también una responsabilidad compartida. Es necesario reforzar la formación de agricultores, ganaderos, empresas forestales, guardería rural, población de las zonas de interfaz y medios de comunicación, evitando mensajes simplistas como "el monte está sucio" o "hay que limpiar el monte". Los PLEIF, planes de autoprotección, Agrupaciones de Defensa Forestal y Grupos Locales de Pronto Auxilio deben extenderse y reforzarse, convirtiendo la participación ciudadana en una herramienta permanente de prevención, sensibilización y autoprotección.

Hacia un nuevo modelo de gestión forestal y territorial 

Andalucía necesita superar una concepción de la prevención basada fundamentalmente en actuaciones aisladas sobre la vegetación y avanzar hacia una auténtica política de gestión del paisaje frente al fuego.

La prevención de incendios no puede seguir siendo exclusivamente una política forestal ni una política de emergencias. Debe convertirse en una política transversal que integre ordenación del territorio, agricultura, ganadería, biodiversidad, agua, cambio climático, desarrollo rural y
protección civil.

El cambio de paradigma debe ser claro: de la gestión de masas forestales a la gestión de ecosistemas y paisajes resilientes; de la reducción indiscriminada de biomasa a la gestión inteligente del combustible; de la actuación sobre cada finca a la planificación comarcal y de paisaje; y de contabilizar hectáreas tratadas a evaluar resultados. Andalucía no necesita únicamente más medios para apagar los incendios que ya se producen. Necesita transformar el territorio para que los grandes incendios sean menos probables, menos intensos y menos destructivos.

Para ello es imprescindible recuperar el vínculo entre sociedad y territorio, convertir la ganadería extensiva, la agricultura, la trashumancia y los usos tradicionales compatibles con la conservación en herramientas de gestión del paisaje, naturalizar y diversificar los bosques, proteger la biodiversidad y recuperar los mosaicos agroforestales. La aprobación de la Ley 3/2026 de Montes de Andalucía constituye una oportunidad para iniciar este cambio de paradigma. La Estrategia Andaluza de Prevención y Resiliencia frente a los Incendios Forestales debería ser el instrumento que transforme sus principios en una política territorial concreta, evaluable y dotada de recursos.

El reto no es únicamente apagar mejor los incendios. Es construir un territorio capaz de convivir con el fuego sin que cada gran incendio se convierta en una catástrofe ambiental, social y económica