Generalmente, nos acordamos del recurso agua en dos momentos muy distintos, cuando diluvia y se producen inundaciones o cuando se produce un período de sequía y se secan los veneros, los arroyos no discurren y los embalses disminuyen su capacidad.
El clima mediterráneo se caracteriza por el carácter torrencial de las precipitaciones en ocasiones y la alta variabilidad de un año para otro, con períodos secos alternados con otros más húmedos. Incluso pueden pasar decenas de años que hacen olvidar por donde ha transcurrido el agua. Se ocupan cauces secos, riberas y llanuras de inundación. Como dice el saber popular, el agua de vez en cuando saca sus escrituras y se lleva por delante todo aquello el hombre ha puesto por delante olvidando un conocimiento cultural y técnico acumulado notorio.
En el segundo caso, disponemos del recurso agua como si fuera sempiterno. La almacenamos en grandes embalses a costa de sacrificios de territorios, poblaciones y biodiversidad y lo utilizamos sin prever suficientemente que llegarán períodos de sequía. Prima el beneficio a corto plazo y en cierto modo una utilización algo egoísta con consumos en algunos casos no apropiados para el siglo XXI. En estos períodos también nos acordamos de las aguas subterráneas y proliferan por doquier la realización de sondeos, en muchas ocasiones sin las pertinentes autorizaciones de los organismos correspondientes y que cada vez buscan el agua a mayor profundidad ante el agotamiento de los sondeos y pozos.
En estas situaciones, en el debate social únicamente se oye hablar de incrementar los regadíos en una cuenca como la del Guadalquivir, claramente deficitaria, en lugar de ahorro o redistribución de las concesiones en un escenario de un déficit hídrico de algo más de 200 Hm3 en el año 2027. Es cierto que con el último Plan Hidrológico se ha dotado de un mecanismo para reducir el déficit en el caso de concesiones (derechos) que pueden incrementar la superficie de regadío mejorando la eficiencia y reservando un porcentaje de ahorro del 65 %, aunque se ha dejado una puerta abierta de 20 Hm3 de aguas regeneradas y otros 50 Hm3 para aquellos casos que sean declarados de interés general o autonómico, puerta por donde se intentarán colar muchas iniciativas y que vendrá a incrementar el déficit hídrico. En el resto de las cuencas del sur el panorama es similar.
En un ámbito donde se desarrolla con celeridad el cambio climático y se predice con certeza la reducción de 180-220 mm en el 2050 se debe observar con alza de miras para ir reduciendo de manera significativa el uso del agua en aquellos sectores donde más se consume, la agricultura, simplemente por una cuestión aritmética. Esta actividad requiere en la actualidad más del 80% del volumen de agua que se necesita en toda la cuenca.
Con la construcción de la Breña II muchos lanzaron las campanas al vuelo; sin embargo, implica la imposibilidad de nuevas concesiones de aguas superficiales y además la imposición de un condicionado por parte de la Unión Europea para su financiación que obliga a no incrementar la superficie de regadío en el Sistema de Regulación General, además de desarrollar un plan para la preservación y recuperación de acuíferos e impulsar un proceso de modernización de regadíos. En otras palabras, en la cuenca no cabe una hectárea más de regadío, cuestión que se ha obviado en el nuevo Plan hidrológico 2022-2027 como se ha señalado más arriba.
A principios del siglo XXI se publicaba el “Libro blanco del agua en España”, un documento colectivo de reflexión con los datos técnicos más fiables y actualizados sobre las situaciones y sus problemas, que provocan tensiones sociales, territoriales y políticas en los sectores ligados a su uso. Uno de los objetivos era fundar las bases para, una vez descrita la situación del momento, estimar la evolución previsible y el establecimiento de opciones y prioridades en el uso del agua.
En el mismo año se aprobó la Directiva Marco del Agua del Parlamento Europeo y el Consejo que considera que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal. Establece un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que: prevenga el deterioro, promueva un uso sostenible basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles, con una reducción progresiva de los vertidos, de las emisiones y pérdidas de sustancias peligrosas, así como se garantice la reducción progresiva de la contaminación del agua subterránea y se eviten nuevas contaminaciones y contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y sequías.
A los veinticinco años del documento de síntesis, publicado en diciembre de 1998, parece que se ha avanzado poco a pesar de incrementar la capacidad de almacenamiento y adoptar políticas de mayor eficiencia y eficacia. Si no llueve esta primavera encadenaremos el sexto año consecutivo de sequía. Poblaciones y comarcas enteras llevan tiempo sin agua potable y en caso de escasear la lluvia se enfrentan a una situación cada vez más precaria. Embalses que podrían haber paliado la situación se encuentran contaminados por las propias actividades que se desarrollan en su entorno. La ampliación de regadíos en el entorno de Doñana en plena sequía para indultar a los ilegales ha abierto un serio debate sobre este asunto que ha llegado a implicar a la Unión Europea y a la Unesco que ha retirado el título de Patrimonio Mundial. Todo un éxito para los gobernantes y gestores del espacio protegido. Una muerte anunciada desde hace décadas por quién mejor conoce ese entorno, los científicos de la Estación Biológica de Doñana.
Hay que reconocer que ha traído algo positivo para los regantes sin concesión de aguas, pueden retirarse con una pensión que más de un andaluz quisiera. El debate ha centrado por fin la atención de la administración y a través del Seprona se está poniendo de manifiesto que en el asunto del agua estamos como en la conquista del oeste americano. Aparecen cientos y miles de hectáreas en regadío que extraen el agua subterránea y superficial de manera ilegal por cualquier rincón de Andalucía por circunscribirnos a nuestra tierra. Además, han llegado los fondos de inversión a la agricultura ante la alta rentabilidad de las transformaciones del superintensivo, que hacen peligrar la agricultura más tradicional y familiar, sin que la administración agrícola actúe para ordenar o regular este desmadre, también se ha liberalizado o uberizado el campo. Se echa de menos un sistema regulador como el existente para la gestión de las plantaciones de viñedo de uva de vinificación, basado en un régimen de autorizaciones.
Ante esta situación, surgió hace unos años la Mesa Socia del Agua en Andalucía, que aglutina a varias fundaciones, sindicatos, algunas organizaciones agrarias y ambientalistas Abogan por una transición justa, reparto social del agua y defensa de los ecosistemas como respuesta a la crisis hídrica en Andalucía, todo ello en un marco de mayor escasez del recurso agua ante un escenario de cambio climático que amenaza con disminuir un 20% los recursos. Advierten sobre el sobredimensionamiento actual de la demanda de agua, la gravedad de la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos con nitrógeno. Solicitan un cambio profundo de las estructuras que gobiernan el agua e incorporar nuevos criterios y nuevas voces, la Consejería con competencia sobre el agua no puede estar con los mayores consumidores de ella. Llaman la atención sobre el reto principal del reparto o reasignación social del agua disponible, con criterios de transición hídrica justa, discriminando positivamente a la agricultura familiar, social y profesional. Se requiere un profundo debate social con apoyo científico, cultural y político para lograr acuerdos. Para ello es necesario un amplio movimiento social con presencia de los actores y partes interesadas capaces de neutralizar los planteamientos negacionistas o retardistas y partidarios de la concentración de la riqueza, con fuerte presencia actualmente en los ámbitos de toma de decisiones.
Se debe ser consciente que se vive en una región donde el agua escasea y lo hará aún mucho más, por lo que las tensiones se irán incrementando con el paso del tiempo. Las administraciones competentes deberán aumentar sus controles y dotarse de un cuerpo fuerte de inspectores para racionalizar aún más el uso del agua. La cultura del ahorro y la eficiencia debe imponerse, en ello va el futuro de Andalucía.
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