La crisis climática se ha convertido en un problema global, sistémico, con múltiples brazos que se trenzan. Por eso, la crisis climática, hoy, es un problema de gobernabilidad. Porque trasciende lo ambiental. Es también un problema social, económico, cultural. Desdibujado en intereses y sectores cruzados, en tramas internacionales. La crisis climática se ha filtrado bajo nuestros pies y afecta a nuestra convivencia y democracias.

Las guerras por las materias primas, la subida del precio de la energía, los alimentos, los desastres ambientales, las migraciones, son algunos síntomas.

Con este escenario, hablar de los derechos de la naturaleza parece excéntrico. Ni siquiera tenemos recogido en nuestro ordenamiento jurídico los derechos de los que aún no han nacido, los derechos de las generaciones futuras, los de nuestros hijos y nietos. De los que tomarán nuestro testigo, los que gestionarán nuestro legado.

El propósito básico de toda sociedad es el progreso, esto es, vivir cada vez un poco mejor. Cada generación se plantea, todos recordamos habérselo oído a nuestros abuelos, que su objetivo era que sus hijos vivieran mejor de lo que ellos lo habían hecho. Toda una declaración de intenciones que, en estos momentos, no podremos cumplir a nivel global. Esto es, no estamos en disposición de asegurar que las próximas generaciones vivan, al menos, igual de bien que lo hacemos nosotros.

Esta idea básica social choca frontalmente con el modelo cortoplacista de disfrute y uso de los recursos actuales. De tal manera que el modelo de vida de las generaciones futuras se ha convertido en un problema actual.

El cortoplacismo está instalado en las promesas electorales y en los rendimientos bursátiles. Entonces, ¿Cómo incorporar la necesaria rendición de cuentas a largo plazo? 

Con todo, la crisis ambiental establece un vínculo claro entre generaciones. Igual que hoy pagamos los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero de hace décadas, hoy estamos causando múltiples efectos negativos que tendrán que soportar los que gestionen el planeta las próximas décadas.

Igual que hoy, Huelva, por ejemplo, sufre el melanoma de las balsas de fosfoyesos de las que nadie quiere hacerse cargo, igual que miles de ciudadanos no pueden beber el agua de sus grifos por algo que llaman contaminación difusa que nadie reconoce provocar, igual que perdemos la dehesa de forma acelerada por una seca del quercus que pareciera haberse originado en otro planeta. Igual, estamos siguiendo una irresponsable estrategia de negligencia intergeneracional en la que estamos tirando debajo de la alfombra toda nuestra escoria que será la que tendrán que achicar nuestros nietos.

Se denomina factura de las generaciones futuras al conjunto de deudas económicas, sociales y medioambientales acumuladas por las decisiones del presente —como el déficit público, el gasto en pensiones o el deterioro ecológico— que deberán pagar los jóvenes de hoy y los ciudadanos del mañana.

Para tratar de poner diques a esta negligencia colectiva, la asamblea de Naciones Unidas aprobó la decisión 77/568, para adoptar una Declaración sobre las Generaciones Futuras que, después se adjuntaría al Pacto para el Futuro.

Numerosas organizaciones sociales trabajan en ello desde hace años y diversos países van incorporando a su ordenamiento esta voluntad política. En España, la Fundación Savia lleva trabajando una década en el asunto, divulgando la filosofía y la idea, buscando aliados, adhesiones. Son más de 300 los ayuntamientos que han aprobado una moción de respaldo en sus plenos. Universidades, Diputaciones, empresas, incluso parlamentos autonómicos se han sumado a la propuesta y los pilares están marcados para que podamos ver materializado el precepto en nuestro ordenamiento e incorporado a nuestras decisiones políticas, empresariales y personales.

La crisis climática ha dejado de ser una hipótesis futura, porque es ya un problema sistémico que afecta la estabilidad de la economía, las infraestructuras, la calidad de vida actual y futura. La Organización Meteorológica Mundial ha certificado que las pérdidas económicas debidas a fenómenos climáticos se han multiplicado por siete desde 1970. En Europa, las pérdidas acumuladas desde 1980 se estiman en 738 mil millones de euros, de los cuales el 22% se concentraron entre 2021 y 2023. Se estima que el coste a corto plazo de las olas de calor, las sequías y las inundaciones en 2025 en Europa supera los 43 mil millones de euros, el 0,26% del PIB de toda la UE, y lo calcula en más de 126 mil millones para 2029.

Como diría el sabio serrano, mejor hacer algo ahora que dejarlo para luego, que será peor.