En Andalucía, la ley que regula el sector de energías renovables es de 2007 (Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía). Los cambios tecnológicos y financieros de los últimos años hacen que dicha ley parezca de la era de los dinosaurios. En la práctica, tiene unas brechas que, junto a la connivencia del gobierno, están aprovechando grandes inversores para realizar una expansión sin precedentes, que están convirtiendo la ansiada transición energética en un suculento sector, con gran rentabilidad financiera, utilizando el medio rural como espacio de sacrificio y teniendo como último, y mayor perjudicado al territorio y sus ecosistemas.

Una brecha legal que más allá de las eólicas y las renovables, encuentra rentabilidad en actividades industriales como el biometano y el biogás. Actualmente en Andalucía están funcionando 21 plantas de biogás, el plan del gobierno fija el objetivo para los próximos años en 334 plantas. Las plantas de biogás utilizan como materia prima, fundamentalmente, los desechos de las granjas ganaderas industriales. Dicen, solucionar con ello uno de los graves problemas de la ganadería industrial, pero mienten porque no explican que aparentan solucionar un problema, incorporando otro, dado que el espacio ocupado por las plantas de biogás hipoteca el futuro del pueblo. Siendo, además, una doble trampa pues el principio de Jevons nos dice que la instalación de plantas de biogás, hará aumentar el número de explotaciones ganaderas industriales, generando una espiral nociva para nuestros pueblos. Un negocio egoísta que se suma, en el territorio andaluz a otras actividades abusadoras del medio como son la agricultura intensiva, la sobreexplotación de los recursos hídricos, la minería,…., Un camino demencial para el medio rural y los ecosistemas.

Una vez explorada la vía de protección de los territorios, con el desarrollo en las últimas décadas de una amplia normativa medioambiental, que se ha evidenciado como claramente insuficiente, llega el tiempo de avanzar al siguiente nivel: Permitir que sean los propios ecosistemas los que se defiendan ante el acoso y derribo al que se están viendo sometidos.

La laguna de el Mar Menor y su cuenca, gracias a la ley 19/2022 de 30 de septiembre, aprobada gracias a una iniciativa legislativa popular, es el primer ecosistema que cuenta con personalidad jurídica en Europa, y ya se encuentra personado, como víctima, en 14 procesos judiciales contra colectivos y actividades que han provocado su deterioro. Las sentencias pueden sentar jurisprudencia europea y las posibles indemnizaciones, contribuir de forma decisiva a su recuperación.

El mismo camino quieren seguir las tres grandes lagunas interiores españolas desecadas por el franquismo: La Janda en Cádiz, La Nava en Palencia y Antela en Ourense. El reconocimiento como sujetos jurídicos abriría el camino a su restitución y la corrección de un error histórico.

Una iniciativa ciudadana europea busca reconocer los Derechos de la Naturaleza en el Derecho europeo a través de un acto jurídico, como una directiva o un reglamento, con vistas a reforzar la protección de los ecosistemas. El objetivo también es capacitar a los ciudadanos y las comunidades para que actúen como administradores y representantes de los ecosistemas, tanto para prevenir daños como para apoyar la protección, la restauración y la regeneración. 

El salto conceptual es enorme, supone dar voz a la naturaleza en las reglas de juego de las personas, y la dimensión económica gigantesca, considerando que los sistemas naturales de Europa ya están muy degradados. Solo el 1,4 % de los bosques europeos permanece intacto y solo el 3,3 % del territorio sufre una intervención humana mínima.

La Ley de Restauración de la Naturaleza europea, estima en 65.000 millones de euros anuales el coste de la regeneración de ecosistemas degradados. Podría parecer una suma elevada, pero necesario y prioritario si miramos el coste de la inacción. Solo en pérdidas por degradación de suelo, nos están ya suponiendo, al menos, 50.000 millones anuales, al que hay que sumar el coste derivado de la pérdida de bosques y turberas, el Consejo Asesor Científico de las Academias Europeas (EASAC), estima una cifra de 150.000 millones de euros.

En el plano de análisis económico y contable de estado, es altamente rentable la inversión en la restauración de ecosistemas. Según las estimaciones oficiales de la Comisión Europea, cada euro invertido en restauración genera un rendimiento de entre 8 y 38 euros gracias a los servicios de los ecosistemas sanos, esto es, gracias a los servicios ecosistémicos y bienes comunes, a las infraestructuras verdes que nos permiten ahorrarnos cifras astronómicas en energía, alimentación, salud. Porque vivir en un entorno sano es, sencillamente más útil, más barato, más eficiente.

Las empresas, más ágiles que los estados, se están lanzando al mundo de la regeneración de ecosistemas mirándolo como otro sector económico del que obtener beneficios. Ahí es donde no podemos volver a cometer el mismo error colectivo. Es imperioso definir unas reglas del juego que no deje en manos de la inversión financiera la salud de nuestra Tierra, que es la Nuestra.