Anuncian la desaparición de las cocinas de nuestras casas. En las próximas décadas, muchas viviendas reducirán al mínimo sus funcionalidades relacionadas con la alimentación. La cocina requiere espacio, muy codiciado en las ciudades, utilizan mucha energía para conservar y transformar alimentos, precisan aparatos voluminosos y costosos. Comprar y cocinar requiere un tiempo que preferimos dedicar a otra cosa.

Algunos empresarios impulsan esta idea con criterios lucrativos, investigadores lo respaldan basando su análisis en criterios de eficiencia y utilidad espacial, energética y alimenticia. El efecto arrastre asociado puede suponer un cambio cultural de tremendas dimensiones.

A los que nos hemos criado pegados a la tierra y los fogones nos cuesta visualizarlo, puede parecernos una distopia, pero no podemos subestimarlo. Basta con mirar a Japón, una de las sociedades organizativamente más avanzadas. Basta con mirar el crecimiento de los lineales de productos de cuarta y quinta gama. Basta con reconocer las responsabilidades nutricionales que delegamos en nuestro móvil. Cocinar requiere espacio, energía, tiempo, dinero. Todos ellos cada vez más valiosos por la urbanización de la sociedad, la crisis climática y el modelo de vida consumista que aprieta a las clases medias. 

El proceso está en marcha, la apuesta de la gran distribución de alimentación y el canal Horeca es clarísima. Es muy más eficiente y rentable manipular y procesar en los grandes centros de catering. Aprovechar las economías de escala y servirse de las utilidades de la economía circular en los centros de procesado, cuestión que ha sido muy bien acogida por las administraciones públicas que necesitan de la seguridad, salud alimentaria y la reducción del desperdicio.

La Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, obliga, desde abril de 2026 a todos los agentes de la cadena a implementar un Plan de prevención para reducir el desperdicio.

Aún así, en 2025, las familias españolas tiraron a la basura 1.101,8 millones de kilos de alimentos, el 22% derivados de recetas elaboradas que no consumieron, y el 77,5% de productos sin utilizar. A pesar de las campañas públicas desde hace seis años, son 4,6 millones de kilos más que en 2024. Son 281.111 familias las que incrementan su desperdicio. En Andalucía el desperdicio alimentario en hogares se ha incrementado un 23,8% respecto 2024.

Hay que admitir que somos malos gestionando nuestra alimentación. Desperdicios que suponen echar a la alcantarilla mucho dinero y energía al final de la cadena del sector. Pero si miramos al inicio, a la producción de alimentos, lo que se observa es un incremento en la tensión productiva. Ante la subida de la demanda, la respuesta de la cadena de valor alimentaria es optar por criterios de productivismo como ley máxima.

En este escenario, ganan el relato los que proclaman que la única agricultura viable es la intensiva de regadío, que la única ganadería posible es la industrial y que la única pesca factible, la piscicultura. Nos amenazan con aquello de que no tenemos alimentos suficientes para la creciente población cuando el hecho es que ya producimos alimentos suficientes para la población que habrá en 2050. 

Mientras tanto, el criterio productivista, más volcado en vendernos cosas que en alimentarnos, donde el poder y los márgenes económicos se lo quedan los intermediarios, está consiguiendo agotar los recursos hídricos, llevar a los territorios a la especialización y la mecanización, implantar un oligopolio en las semillas, los insumos y la maquinaria. Causas, en última instancia, de la transformación del paisaje y la despoblación. Según los informes del Grupo de Expertos del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas (IPCC), el sector alimentario es el causante del 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el responsable del 75% de la deforestación del mundo. Uno de los mayores impulsores, por tanto, del aumento de la crisis climática.

Los mecanismos para revertir el proceso son conocidos: proteger las explotaciones familiares, incentivar la producción ecológica, facilitar los canales cortos de comercialización, permitir la gobernanza efectiva del medio rural, pero los intereses son muy poderosos. Ahora a la industria agroalimentaria lo que le interesa, insistimos, no es alimentarnos, sino vendernos. Dejamos de ser consumidores y nos convierten en compradores, degradando un sector esencial, socavando el derecho humano a la alimentación digna y saludable. Por el camino se pierden criterios de equidad, salud y justicia social que acaban pagando los eslabones más débiles, esto es, los agricultores, ganaderos y pescadores, y las familias.

Esas mismas a las que se les vende que lo mejor es comer el plato preparado que el supermercado le pone en el lineal. Mientras, desarticulando el sector que ha posibilitado el desarrollo de nuestra sociedad, el sector primario, el que cada vez representa menos peso en la economía nacional, tiene cada vez menos empleos, cada día más denostado por las políticas públicas y desconectado de una sociedad urbana, ajena, ausente de esta realidad. Sin valorar lo suficiente que, a profesionales como abogados, fontaneros, mecánicos, los precisamos puntualmente, pero a los agricultores, ganaderos y pescadores, los necesitamos todos los días.