Bolsas de basura, cables, trozos de madera amontonados, cajas, herramientas y trabajadores organizando materiales. La imagen de Puerto Sherry ha cambiado por completo. Donde antes había música, largas colas y cientos de jóvenes dispuestos a vivir una fiesta frente al mar, ahora hay operarios dedicados a desmontar las instalaciones que durante años fueron uno de los grandes reclamos del ocio estival en El Puerto.

De la tarima a la que se subían los DJs internacionales para pinchar, solo queda su esqueleto y algunos tablones. La escena se ha podido observar durante la mañana de este jueves 5 de noviembre en PhiPhi, uno de los cuatro chiringuitos que tuvieron que cerrar sus puertas el pasado mes de julio. Sus trabajadores llevan ya dos semanas inmersos en las tareas de desmontaje. Casi cuatro meses después de su cierre, se ve movimiento en la que llegó a ser una zona puntera. Miles de jóvenes de todo el país esperaban con ganas esos días de vacaciones en los que podían viajar a El Puerto para conocer los locales de moda. Nada queda ya de esos temas de reguetón que se podían escuchar desde el paseo del Aculadero. 

Según ha podido saber lavozdelsur.es, el pasado domingo se produjeron robos de focos y otros objetos en el interior de las infraestructuras, en plena retirada de los materiales.

De las primeras autorizaciones al cierre judicial

La historia administrativa de estos establecimientos que ya solo perviven en los recuerdos de sus clientes comenzó en 2021, cuando obtuvieron su primera autorización de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), gestionada a través de la empresa Marina Puerto de Santa María, S.A.

Posteriormente, el 24 de marzo de 2023, recibieron una autorización específica para funcionar como bares-kiosco, con una vigencia de tres años, únicamente podían desarrollar su actividad entre abril y septiembre y no contaban con autorización para ofrecer música.

La situación cambió cuando la licencia expiró en marzo de 2026. La concesionaria solicitó una prórroga hasta mediados de septiembre para mantener los negocios abiertos durante el verano, pero la petición fue rechazada.

El 18 de mayo, Marina Puerto de Santa María presentó un recurso de reposición para intentar conservar la actividad de los establecimientos. Sin embargo, el 26 de junio, el Consejo de Administración de la APBC acordó por unanimidad desestimarlo. 

El Ayuntamiento de El Puerto, por su parte, comunicó formalmente a la Autoridad Portuaria la finalización de las autorizaciones municipales. Al no poder prolongar las licencias, Margarita, PhiPhi, Blu y Playa Canalla debían interrumpir su actividad el 6 de julio a las 00.00 horas.  Y así lo hicieron pese a los intentos de los propietarios de evitar la clausura alegando los perjuicios económicos que supondría. El grupo Ban Ban, al frente de PhiPhi, Blu y Playa Canalla, solicitó medidas cautelares para continuar operando durante el verano, pero la vía judicial tampoco prosperó. El 3 de julio, la justicia también desestimó el recurso presentado por los responsables de Margarita, manteniendo la obligación de cerrar.

Así, el domingo 5 de julio, a las 23.59 horas, los cuatro establecimientos echaron el cierre.

Instalaciones intactas tras cumplir el plazo establecido

Ya no había música ni jóvenes en la zona, pero las estructuras no desaparecieron. Quedaron sin vida y vacías hasta este octubre.

La resolución judicial establecía un plazo máximo de diez días para retirar las instalaciones, de modo que el miércoles 15 de julio figuraba como fecha límite para completar el desmontaje. Pero el calendario no se cumplió. El jueves 16 de julio, un día después de que expirara el plazo, los cuatro chiringuitos continuaban en pie en la explanada de Puerto Sherry. 

La situación se prolongó durante los meses siguientes, mientras Ecologistas en Acción insistía ante el Ayuntamiento de El Puerto en la necesidad de hacer cumplir las órdenes de retirada. Hasta que el 23 de octubre, el Consistorio portuense notificó a la organización ecologista su intención de acometer una demolición subsidiaria de los locales. Según los cálculos de Ecologistas en Acción, el coste de este dispositivo podría rondar los 360.000 euros.

El recurso presentado por los ecologistas ante el Ayuntamiento es uno de los elementos que han impulsado este desmontaje. Un movimiento que ya es una realidad en Puerto Sherry. No obstante, la zona no quedará vacía y ya se están planteando nuevos usos. Según ha podido saber este medio, en este espacio está prevista la apertura de un restaurante, cuyos preparativos ya están en marcha. De momento, la propuesta contempla combinar la actividad de restauración con el tardeo. Hasta el momento, se desconocen más detalles de este proyecto.