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El río Tinto transporta al Golfo de Cádiz miles de toneladas de metales pesados en solo unos días de lluvias intensas de 2025 (Sánchez-López, Romero-Matos & Amaya, 2026). En 1989 fue medido el mismo fenómeno, pero sumando a la del Tinto la ría del Odiel: los dos ríos transportaron cada hora 205 toneladas de sulfatos y 30 toneladas de metales pesados, con lo que al cabo de una sola semana el aporte de venenos fue “entre dos y veinte veces lo arrojado por el incidente (sic) de Aznalcóllar…” (Grande Gil, 2016).
Es lo normal: desde 1860, millones de toneladas de metales líquidos llegan cada año a la Ría de Huelva tras las lluvias, y desde ahí al Golfo de Cádiz. Una contaminación que, consecuentemente, viene afectando a la salud de las sucesivas generaciones del occidente andaluz, porque algo parecido puede lamentarse de Ayamonte, Villarreal de Santo Antonio o Isla Cristina, ya que el Guadiana padece la misma desgracia, en este caso por el drenaje de las minas que se hallan en la cuenca del Chanza. Algunas se abandonaron hace un siglo, pero siguen inficionando las aguas como el primer día: es tan dilatada la secuela tóxica de la minería de sulfuros que no se comprende ni puede valorarse su gravedad si no es considerando su larga escala temporal.
Hoy se ha olvidado, pero cuando la minería a escala industrial era un fenómeno novedoso en nuestra tierra y la gente guardaba memoria de los ríos limpios (entre 1850 y 1920 aprox.), sí hubo protestas contra esta contaminación metálica. Ejemplos sobre la contaminación de los ríos: en 1850 el Ayuntamiento de Aznalcóllar exige al Gobernador Civil que tome medidas contra la mina del Castillo de las Guardas, porque las aguas del río Crispinejo (hoy Agrio) y del Guadiamar bajaban vitriólicas y el ganado no podía beber (Zampier et al, 2025); en 1862 un agricultor de Alosno denuncia a la compañía de Tharsis por envenenamiento del cauce en el que abrevaba su ganado: a resultas de ello, el Tribunal Supremo condena por primera vez en España a una compañía minera por contaminar (1866); en 1878, nueve ayuntamientos de la cuenca del Odiel se quejan al ministro de Fomento porque las aguas llevan inmensa cantidad de sales de cobre, arsénico…, “haciéndoles inútiles y hasta perniciosas para… la ganadería y demás usos agrícolas”; en 1879, tras sucesivas demandas, el gobierno reconoció que “las aguas de abrevadero del pueblo ganadero de Gibraleón… estaban gravemente afectadas (Chastagnaret, 2017: 90); en 1886, en Calañas, un informe encargado por el Ayuntamiento constata que la escorrentía de las minas “ha causado la desaparición de todos los peces”, y que los abrevaderos, “que ayer contenían aguas potables… están hoy convertidos en… estanques corrompidos por las sales de cobre y hierro” (Chastagnaret, 2017)
Y sobre contaminación del Golfo de Cádiz: en 1928 diarios portugueses achacaban la escasez de sardinas en las costas algarveñas a la “esterilización de los pastos marinos" debida a los vertidos de la mina de Sao Domingos al Chanza, que llegaban por la desembocadura del Guadiana; en 1930, un vecino de Isla Cristina narra escandalizado la mortandad de peces, acusando a las minas que vertían el Chanza, que, desde la desembocadura del Guadiana, las corrientes marinas arrastraban a Isla Cristina (Talego y Pérez-Cebada, 2025).
Estos y otros ejemplos estuvieron protagonizados por agricultores y pescadores, y son agrupables en lo que Joan Martínez Alier caracteriza como “ecologismo popular”. Durante la dictadura de Primo de Rivera las protestas se reducen, llegando a desaparecer prácticamente durante la II República, justo el período en que se fortalece y asienta el movimiento obrero en las minas: en 1920 tiene lugar la gran huelga que Concha Espina narra en El metal de los muertos. Pero ¿por qué se apagan las protestas por la contaminación de las aguas si era en general la misma que años atrás?
Sigamos: durante el franquismo hay un repunte de la extracción minera, especialmente en los años del desarrollismo, y con ella nuevo aporte de drenaje ácido a los ríos, que se suma al que siguen arrastrando heredado del período anterior. Es decir: agravamiento de la contaminación de los ríos, rías y desembocaduras. En esa línea, para legalizar y normalizar el desastre hídrico, el Tinto y el Odiel fueron declarados “cursos de aguas industriales” entre 1959 y 1962, lo que facilitó la decisión de llevar a Huelva el Polo de Desarrollo en 1964. El influyente minero Pinedo Vara escribía en 1963 que dichos ríos eran “vertederos ideales… un bien a la hora de establecer industrias a las que en cualquier otro lugar… se les exigiría la depuración de aguas residuales” (Pinedo, 1963: 936).
En la transición, desde muy pronto, aparecieron las protestas de contenido ambientalista en Huelva, porque a diez años de la inauguración del Polo las consecuencias de la contaminación eran patentes, y cundió la preocupación, y hasta a alarma, sobre sus efectos sobre la salud. El alcalde habló de una “psicosis colectiva de miedo a la contaminación” (1976). Las conclusiones del "Ciclo sobre contaminación" convocado por el Colegio de Arquitectos en marzo de 1977 acusaban directamente a las industrias del Polo. En 1978 se concentraron frente al Ayuntamiento 11000 personas, tras la pancarta "Huelva se asfixia. No a la contaminación".
Muchas otras protestas se han sucedido en Huelva contra la polución, con un momento álgido en la segunda mitad de los años ochenta. Así, en 1986 la Coordinadora Ecologista de Huelva y Greenpeace protestaron contra los vertidos que los barcos Nerva y Niebla, contratados por la fábrica de pinturas Tioxide (hoy Indorama), realizaban aguas adentro de la costa, y en 1987 los pescadores de Isla Cristina denunciaron que esos vertidos ocasionaban tumores y abrasiones en sus pesquerías. En 1988, cinco mil personas peregrinaron hasta la Punta del Sebo, reivindicando el fin de los vertidos del Polo.
Este carrusel de protestas demuestra que a 10-30 años de inaugurado el Polo ha habido en Huelva una preocupación muy extendida contra la contaminación provocada por las industrias. Pero atención: han sido protestas ambientalistas dirigidas solo contra la contaminación procedente de las industrias del polo, no contra la polución de los ríos, rías y mar con origen en los residuos mineros, que estragaba ya los cauces antes de la instalación del Polo. Ni siquiera se encuentra esta motivación en la retahíla de demandas de carteles y manifiestos de tales movilizaciones (con la excepción de las motivadas por la rotura de la balsa de lodos mineros de Aznalcóllar). ¿Cómo explicar el contraste entre la sensibilidad y consecuente reacción a una contaminación, y la insensibilidad o, cuando menos, asunción resignada y silencio de la también gravísima contaminación minera de las aguas? No podemos responderlo aquí, pero el hecho es que solo en los últimos años, y aun tímidamente, han reaparecido protestas preventivas o reactivas contra la polución metálica de nuestras aguas, protagonizadas por Ecologistas en Acción y las asociaciones Alcalaboza Viva y Salvemos el Guadalquivir. Es casi un siglo de silencio, amnesia y normalización por la opinión pública del este gravísimo daño. Amnesia que mantiene a la ciudadanía entre indefensa, resignada y engañada ante el desastre ya perpetrado, y ante el que está programándose ahora, porque atravesamos otro período de “fiebre minera”.
¿Podremos rescatar la memoria de lo que olvidaron nuestros abuelos? ¿podremos volver a extrañarnos de lo normal? Ojalá, porque de ello va a depender en buena medida que cobremos fuerza para plantarnos ante el órdago que ha ideado la minería transnacional para nuestro territorio (“Faja Pirítica” lo llaman) en el contexto de la remineralización de Europa.
El río Tinto transporta al Golfo de Cádiz miles de toneladas de metales pesados en solo unos días de lluvias intensas de 2025 (Sánchez-López, Romero-Matos & Amaya, 2026). En 1989 fue medido el mismo fenómeno, pero sumando a la del Tinto la ría del Odiel: los dos ríos transportaron cada hora 205 toneladas de sulfatos y 30 toneladas de metales pesados, con lo que al cabo de una sola semana el aporte de venenos fue “entre dos y veinte veces lo arrojado por el incidente (sic) de Aznalcóllar…” (Grande Gil, 2016).
Es lo normal: desde 1860, millones de toneladas de metales líquidos llegan cada año a la Ría de Huelva tras las lluvias, y desde ahí al Golfo de Cádiz. Una contaminación que, consecuentemente, viene afectando a la salud de las sucesivas generaciones del occidente andaluz, porque algo parecido puede lamentarse de Ayamonte, Villarreal de Santo Antonio o Isla Cristina, ya que el Guadiana padece la misma desgracia, en este caso por el drenaje de las minas que se hallan en la cuenca del Chanza. Algunas se abandonaron hace un siglo, pero siguen inficionando las aguas como el primer día: es tan dilatada la secuela tóxica de la minería de sulfuros que no se comprende ni puede valorarse su gravedad si no es considerando su larga escala temporal.
Hoy se ha olvidado, pero cuando la minería a escala industrial era un fenómeno novedoso en nuestra tierra y la gente guardaba memoria de los ríos limpios (entre 1850 y 1920 aprox.), sí hubo protestas contra esta contaminación metálica. Ejemplos sobre la contaminación de los ríos: en 1850 el Ayuntamiento de Aznalcóllar exige al Gobernador Civil que tome medidas contra la mina del Castillo de las Guardas, porque las aguas del río Crispinejo (hoy Agrio) y del Guadiamar bajaban vitriólicas y el ganado no podía beber (Zampier et al, 2025); en 1862 un agricultor de Alosno denuncia a la compañía de Tharsis por envenenamiento del cauce en el que abrevaba su ganado: a resultas de ello, el Tribunal Supremo condena por primera vez en España a una compañía minera por contaminar (1866); en 1878, nueve ayuntamientos de la cuenca del Odiel se quejan al ministro de Fomento porque las aguas llevan inmensa cantidad de sales de cobre, arsénico…, “haciéndoles inútiles y hasta perniciosas para… la ganadería y demás usos agrícolas”; en 1879, tras sucesivas demandas, el gobierno reconoció que “las aguas de abrevadero del pueblo ganadero de Gibraleón… estaban gravemente afectadas (Chastagnaret, 2017: 90); en 1886, en Calañas, un informe encargado por el Ayuntamiento constata que la escorrentía de las minas “ha causado la desaparición de todos los peces”, y que los abrevaderos, “que ayer contenían aguas potables… están hoy convertidos en… estanques corrompidos por las sales de cobre y hierro” (Chastagnaret, 2017)
Y sobre contaminación del Golfo de Cádiz: en 1928 diarios portugueses achacaban la escasez de sardinas en las costas algarveñas a la “esterilización de los pastos marinos" debida a los vertidos de la mina de Sao Domingos al Chanza, que llegaban por la desembocadura del Guadiana; en 1930, un vecino de Isla Cristina narra escandalizado la mortandad de peces, acusando a las minas que vertían el Chanza, que, desde la desembocadura del Guadiana, las corrientes marinas arrastraban a Isla Cristina (Talego y Pérez-Cebada, 2025).
Estos y otros ejemplos estuvieron protagonizados por agricultores y pescadores, y son agrupables en lo que Joan Martínez Alier caracteriza como “ecologismo popular”. Durante la dictadura de Primo de Rivera las protestas se reducen, llegando a desaparecer prácticamente durante la II República, justo el período en que se fortalece y asienta el movimiento obrero en las minas: en 1920 tiene lugar la gran huelga que Concha Espina narra en El metal de los muertos. Pero ¿por qué se apagan las protestas por la contaminación de las aguas si era en general la misma que años atrás?
Sigamos: durante el franquismo hay un repunte de la extracción minera, especialmente en los años del desarrollismo, y con ella nuevo aporte de drenaje ácido a los ríos, que se suma al que siguen arrastrando heredado del período anterior. Es decir: agravamiento de la contaminación de los ríos, rías y desembocaduras. En esa línea, para legalizar y normalizar el desastre hídrico, el Tinto y el Odiel fueron declarados “cursos de aguas industriales” entre 1959 y 1962, lo que facilitó la decisión de llevar a Huelva el Polo de Desarrollo en 1964. El influyente minero Pinedo Vara escribía en 1963 que dichos ríos eran “vertederos ideales… un bien a la hora de establecer industrias a las que en cualquier otro lugar… se les exigiría la depuración de aguas residuales” (Pinedo, 1963: 936).
En la transición, desde muy pronto, aparecieron las protestas de contenido ambientalista en Huelva, porque a diez años de la inauguración del Polo las consecuencias de la contaminación eran patentes, y cundió la preocupación, y hasta a alarma, sobre sus efectos sobre la salud. El alcalde habló de una “psicosis colectiva de miedo a la contaminación” (1976). Las conclusiones del "Ciclo sobre contaminación" convocado por el Colegio de Arquitectos en marzo de 1977 acusaban directamente a las industrias del Polo. En 1978 se concentraron frente al Ayuntamiento 11000 personas, tras la pancarta "Huelva se asfixia. No a la contaminación".
Muchas otras protestas se han sucedido en Huelva contra la polución, con un momento álgido en la segunda mitad de los años ochenta. Así, en 1986 la Coordinadora Ecologista de Huelva y Greenpeace protestaron contra los vertidos que los barcos Nerva y Niebla, contratados por la fábrica de pinturas Tioxide (hoy Indorama), realizaban aguas adentro de la costa, y en 1987 los pescadores de Isla Cristina denunciaron que esos vertidos ocasionaban tumores y abrasiones en sus pesquerías. En 1988, cinco mil personas peregrinaron hasta la Punta del Sebo, reivindicando el fin de los vertidos del Polo.
Este carrusel de protestas demuestra que a 10-30 años de inaugurado el Polo ha habido en Huelva una preocupación muy extendida contra la contaminación provocada por las industrias. Pero atención: han sido protestas ambientalistas dirigidas solo contra la contaminación procedente de las industrias del polo, no contra la polución de los ríos, rías y mar con origen en los residuos mineros, que estragaba ya los cauces antes de la instalación del Polo. Ni siquiera se encuentra esta motivación en la retahíla de demandas de carteles y manifiestos de tales movilizaciones (con la excepción de las motivadas por la rotura de la balsa de lodos mineros de Aznalcóllar). ¿Cómo explicar el contraste entre la sensibilidad y consecuente reacción a una contaminación, y la insensibilidad o, cuando menos, asunción resignada y silencio de la también gravísima contaminación minera de las aguas? No podemos responderlo aquí, pero el hecho es que solo en los últimos años, y aun tímidamente, han reaparecido protestas preventivas o reactivas contra la polución metálica de nuestras aguas, protagonizadas por Ecologistas en Acción y las asociaciones Alcalaboza Viva y Salvemos el Guadalquivir. Es casi un siglo de silencio, amnesia y normalización por la opinión pública del este gravísimo daño. Amnesia que mantiene a la ciudadanía entre indefensa, resignada y engañada ante el desastre ya perpetrado, y ante el que está programándose ahora, porque atravesamos otro período de “fiebre minera”.
¿Podremos rescatar la memoria de lo que olvidaron nuestros abuelos? ¿podremos volver a extrañarnos de lo normal? Ojalá, porque de ello va a depender en buena medida que cobremos fuerza para plantarnos ante el órdago que ha ideado la minería transnacional para nuestro territorio (“Faja Pirítica” lo llaman) en el contexto de la remineralización de Europa.
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