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Llega (por fin) a Andalucía una bajada de temperaturas: la lluvia hará acto de presencia en varias provincias 
El alcalde de Sevilla anuncia una nueva bajada de impuestos en unos presupuestos que dependerán de Vox tras el 'lío' de la mezquita 
Un centenar de nuevas viviendas para el barrio de Puntales de Cádiz: las primeras obras, antes de que acabe el año 
Hay una imagen de Ceuta que debería preocuparnos más que muchas de las imágenes que estos días ocupan las pantallas: personas durmiendo al raso, agrupadas en pequeños asentamientos improvisados, sin condiciones adecuadas de higiene y esperando una respuesta que tarda demasiado.
Porque ahí empieza otra crisis. Una crisis que no siempre aparece en los titulares: la crisis de la salud.
Cuando una persona duerme durante días en la calle, sin agua suficiente, sin un lugar seguro donde asearse, sin descanso adecuado y expuesta a las condiciones ambientales, su salud deja de depender solamente de sus antecedentes médicos. Empieza a depender de dónde duerme, qué bebe, qué come, cómo se protege del frío o del calor y cuánto tiempo permanece en esa situación. Eso también es salud pública.
La atención sanitaria que llega después puede curar una herida, tratar una infección o aliviar un problema digestivo. Pero si la persona vuelve a dormir en las mismas condiciones, el problema sanitario vuelve con ella. Por eso hay una diferencia fundamental entre atender la enfermedad y prevenir que las condiciones de vida la produzcan.
Las experiencias en Ceuta muestran precisamente esa frontera. Profesionales sanitarios que trabajan sobre el terreno encuentran problemas respiratorios, gastrointestinales, lesiones cutáneas y heridas que necesitan curas. No son enfermedades exóticas ni misteriosas. Son, muchas veces, la consecuencia previsible de vivir en condiciones precarias y de permanecer demasiado tiempo sin acceso a unas condiciones mínimas de protección.
La salud pública debería servir precisamente para anticiparse a eso. Agua. Higiene. Alimentación. Descanso. Alojamiento. Identificación. Atención primaria. Vacunación cuando corresponda. Continuidad de los tratamientos. Atención psicológica. Protección de menores y de personas especialmente vulnerables. No son asuntos separados. Son piezas de una misma política de salud.
Y aquí aparece una cuestión incómoda: ¿por qué seguimos pensando que alojar a una persona es una cuestión exclusivamente social, mientras atenderla en un centro sanitario sí la consideramos una cuestión de salud? Dormir bajo techo es una intervención sanitaria. Tener acceso a agua potable es una intervención sanitaria. Disponer de un baño es una intervención sanitaria. Poder lavarse, descansar y comer adecuadamente también lo es.
La salud pública lleva décadas explicándonos que las enfermedades se construyen —o se previenen— en los lugares donde vivimos. Por eso, ante una llegada extraordinaria de personas, la respuesta no puede limitarse a aumentar policías, abrir dispositivos temporales o gestionar las fronteras. Todo eso puede formar parte de la respuesta del Estado. Pero hay otra obligación igualmente importante: evitar que la vulnerabilidad se convierta en enfermedad. Y eso requiere coordinación.
Administraciones, servicios sanitarios, servicios sociales, entidades humanitarias y organizaciones de voluntariado tienen que compartir información, detectar necesidades y establecer circuitos claros. No puede depender de que una unidad sanitaria móvil llegue a un asentamiento para descubrir que hay personas con heridas infectadas o con problemas que llevan días sin atender. La Atención Primaria tiene aquí un papel especialmente importante.
Porque no se trata solamente de resolver una urgencia. Se trata de identificar a las personas, conocer sus necesidades, detectar enfermedades crónicas, garantizar tratamientos, reconocer problemas de salud mental y establecer continuidad asistencial.
También de mirar especialmente a quienes tienen más riesgo: menores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, quienes han sufrido violencia y quienes llegan después de experiencias traumáticas.
Una emergencia migratoria puede convertirse rápidamente en una emergencia sanitaria si no se actúa sobre sus determinantes. Pero también puede ocurrir lo contrario: una respuesta sanitaria y social organizada puede evitar que una situación de vulnerabilidad termine agravándose.
Ceuta nos ofrece una lección que deberíamos escuchar antes de que la discusión política vuelva a taparla. No necesitamos elegir entre seguridad y derechos. Tampoco entre control fronterizo y salud pública.
Necesitamos un Estado capaz de hacer ambas cosas. Un Estado que controle sus fronteras, pero que también sepa qué ocurre detrás de ellas. Un Estado que identifique a las personas que llegan, pero que no las deje desaparecer en un descampado. Un Estado que sepa cuántas personas hay, dónde están y qué necesitan.
Porque no saber dónde están las personas vulnerables también es un problema de salud pública. Y cuando una persona enferma porque ha pasado días sin agua, sin higiene, sin descanso o sin atención, ya no estamos ante una discusión política sobre inmigración. Estamos ante algo mucho más elemental: qué sociedad queremos ser cuando alguien necesita ayuda.
La verdadera fortaleza de un sistema sanitario no se mide solamente por lo que hace cuando alguien llega a un hospital. También se mide por su capacidad para evitar que alguien tenga que llegar allí.
Hay una imagen de Ceuta que debería preocuparnos más que muchas de las imágenes que estos días ocupan las pantallas: personas durmiendo al raso, agrupadas en pequeños asentamientos improvisados, sin condiciones adecuadas de higiene y esperando una respuesta que tarda demasiado.
Porque ahí empieza otra crisis. Una crisis que no siempre aparece en los titulares: la crisis de la salud.
Cuando una persona duerme durante días en la calle, sin agua suficiente, sin un lugar seguro donde asearse, sin descanso adecuado y expuesta a las condiciones ambientales, su salud deja de depender solamente de sus antecedentes médicos. Empieza a depender de dónde duerme, qué bebe, qué come, cómo se protege del frío o del calor y cuánto tiempo permanece en esa situación. Eso también es salud pública.
La atención sanitaria que llega después puede curar una herida, tratar una infección o aliviar un problema digestivo. Pero si la persona vuelve a dormir en las mismas condiciones, el problema sanitario vuelve con ella. Por eso hay una diferencia fundamental entre atender la enfermedad y prevenir que las condiciones de vida la produzcan.
Las experiencias en Ceuta muestran precisamente esa frontera. Profesionales sanitarios que trabajan sobre el terreno encuentran problemas respiratorios, gastrointestinales, lesiones cutáneas y heridas que necesitan curas. No son enfermedades exóticas ni misteriosas. Son, muchas veces, la consecuencia previsible de vivir en condiciones precarias y de permanecer demasiado tiempo sin acceso a unas condiciones mínimas de protección.
La salud pública debería servir precisamente para anticiparse a eso. Agua. Higiene. Alimentación. Descanso. Alojamiento. Identificación. Atención primaria. Vacunación cuando corresponda. Continuidad de los tratamientos. Atención psicológica. Protección de menores y de personas especialmente vulnerables. No son asuntos separados. Son piezas de una misma política de salud.
Y aquí aparece una cuestión incómoda: ¿por qué seguimos pensando que alojar a una persona es una cuestión exclusivamente social, mientras atenderla en un centro sanitario sí la consideramos una cuestión de salud? Dormir bajo techo es una intervención sanitaria. Tener acceso a agua potable es una intervención sanitaria. Disponer de un baño es una intervención sanitaria. Poder lavarse, descansar y comer adecuadamente también lo es.
La salud pública lleva décadas explicándonos que las enfermedades se construyen —o se previenen— en los lugares donde vivimos. Por eso, ante una llegada extraordinaria de personas, la respuesta no puede limitarse a aumentar policías, abrir dispositivos temporales o gestionar las fronteras. Todo eso puede formar parte de la respuesta del Estado. Pero hay otra obligación igualmente importante: evitar que la vulnerabilidad se convierta en enfermedad. Y eso requiere coordinación.
Administraciones, servicios sanitarios, servicios sociales, entidades humanitarias y organizaciones de voluntariado tienen que compartir información, detectar necesidades y establecer circuitos claros. No puede depender de que una unidad sanitaria móvil llegue a un asentamiento para descubrir que hay personas con heridas infectadas o con problemas que llevan días sin atender. La Atención Primaria tiene aquí un papel especialmente importante.
Porque no se trata solamente de resolver una urgencia. Se trata de identificar a las personas, conocer sus necesidades, detectar enfermedades crónicas, garantizar tratamientos, reconocer problemas de salud mental y establecer continuidad asistencial.
También de mirar especialmente a quienes tienen más riesgo: menores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, quienes han sufrido violencia y quienes llegan después de experiencias traumáticas.
Una emergencia migratoria puede convertirse rápidamente en una emergencia sanitaria si no se actúa sobre sus determinantes. Pero también puede ocurrir lo contrario: una respuesta sanitaria y social organizada puede evitar que una situación de vulnerabilidad termine agravándose.
Ceuta nos ofrece una lección que deberíamos escuchar antes de que la discusión política vuelva a taparla. No necesitamos elegir entre seguridad y derechos. Tampoco entre control fronterizo y salud pública.
Necesitamos un Estado capaz de hacer ambas cosas. Un Estado que controle sus fronteras, pero que también sepa qué ocurre detrás de ellas. Un Estado que identifique a las personas que llegan, pero que no las deje desaparecer en un descampado. Un Estado que sepa cuántas personas hay, dónde están y qué necesitan.
Porque no saber dónde están las personas vulnerables también es un problema de salud pública. Y cuando una persona enferma porque ha pasado días sin agua, sin higiene, sin descanso o sin atención, ya no estamos ante una discusión política sobre inmigración. Estamos ante algo mucho más elemental: qué sociedad queremos ser cuando alguien necesita ayuda.
La verdadera fortaleza de un sistema sanitario no se mide solamente por lo que hace cuando alguien llega a un hospital. También se mide por su capacidad para evitar que alguien tenga que llegar allí.
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