La Fiscalía ha solicitado 18 años de inhabilitación especial para cualquier cargo electivo para el exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi' , al que acusa de dos delitos continuados de revelación de secretos y prevaricación por la actuación de un asesor vinculado a su partido durante su etapa al frente del Ayuntamiento.

En el escrito de acusación remitido al juzgado el Ministerio Público reclama además para el exregidor una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros, lo que supondría unos 10.800 euros. La petición se enmarca en el conocido como caso del 'asesor fantasma', que mantiene su recorrido judicial tras la investigación desarrollada por el juzgado número 2 de Cádiz.

Según la Fiscalía, en 2018 el equipo de gobierno de entonces "tenía cubierto el cupo de asesores" y habría urdido "un plan" para contratar como asesor jurídico del Grupo Municipal Por Cádiz Sí Se Puede a Fernando García Acuña. El escrito también señala como acusados a David Navarro González Santos, José Vicente Barcia Magaz, José Ramón Páez Pareja y Laura Jiménez Ortega.

Dos posibles delitos

La Fiscalía considera a Kichi autor de un delito de prevaricación y otro de revelación de secretos por haber mantenido en el Consistorio a García Acuña como persona de confianza sin que su cargo ni puesto figuraran en ningún sitio y sin competencias para intervenir en asuntos de contratación o dar órdenes a funcionarios, según la acusación.

Fernando García Acuña habría desempeñado esas funciones, incluso con despacho propio, entre abril de 2018 y abril de 2019. Después fue interino durante algunos meses, una vez que el equipo de gobierno de Podemos amplió de una a tres las vacantes para darle cierta cobertura. Además, la Fiscalía sostiene que tuvo acceso a información reservada por "orden directa" de Kichi y de otros miembros de su equipo de gobierno, pese a no tener competencia para ello.

Por estos hechos, el Ministerio Público pide para el exalcalde una multa de 10.800 euros y 18 años de inhabilitación para ser alcalde, concejal o desempeñar cualquier otro cargo electivo en los ámbitos local, autonómico, estatal o europeo. Kichi trabaja actualmente como profesor de instituto, una actividad que podría seguir ejerciendo en caso de condena, aunque no podría acceder a otro puesto político.