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Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia no son una contienda ordinaria, ni es algo que solo afecte a este país americano, de hecho, el gobierno de Estados Unidos está apoyando a uno de los candidatos y ha enviado a 88 supervisores de las elecciones, pues sabe que los resultados incidirán en el modelo político que habrá de regir en la región en los próximos años. Por esta razón, la segunda vuelta se ha convertido, en la práctica, en un referéndum sobre el tipo de gobierno al que aspira este país y sobre el mismo modelo de Estado. El 21 de junio, Colombia está convocada a decidir sobre la consolidación de sus instituciones, la separación de poderes, el avance en la paz, la protección de los derechos fundamentales y del medio ambiente, el bienestar social, el crecimiento económico y, entre otros, la seguridad ciudadana frente a la expansión de las disidencias de la guerrilla.
Lo que se define en estas elecciones es la vía a través de la cual se pondrá en marcha la agenda política, si será la de la concertación entre las distintas fuerzas políticas internas, como propone Iván Cepeda; o, a través de la mano dura, el gobierno por decreto y la injerencia indebida de EE.UU., como propone Abelardo de la Espriella. La trascendencia de este momento tiene pocos precedentes en la historia del país. Habría que remontarse a 1991 para encontrar una elección de peso comparable, cuando el pueblo colombiano decidió convocar una Asamblea Constituyente, y darse una nueva Constitución. Entonces, el pueblo escogió el modelo de Estado democrático y social de Derecho donde se garantizaba el pluralismo social y político. Ahora, se decide si ese modelo se preserva o se transforma en otra cosa.
¿Quiénes son los candidatos?
Iván Cepeda, el candidato de la izquierda progresista es filósofo, Senador, defensor de los derechos humanos, e hijo de un Senador asesinado por agentes del Estado y paramilitares –cuya condición de víctima del genocidio político fue reconocida por la justicia nacional e interamericana y por el Estado colombiano–. Ha sido parte del primer gobierno de izquierdas que ha tenido Colombia en dos siglos, como negociador por la paz. Cepeda propone avanzar en la consolidación de la misma, el fortalecimiento institucional, la seguridad y la justicia social, la lucha contra la corrupción y la criminalidad, la protección del medio ambiente y se ha comprometido a desarrollar su agenda dentro de los límites de la Constitución y la democracia.
Conocido por su talante dialogante y sereno, Cepeda cuenta, en segunda vuelta, con el apoyo de los partidos de izquierda, parte de los partidos de centro y de algunos líderes de los partidos tradicionales de la derecha liberal. Sus detractores lo acusan de ser guerrillero, pese a que no existe prueba alguna que demuestre que lo sea o haya sido. También lo atacan por haber sido parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya figura genera divisiones y profundas antipatías. Ahora bien, con sus errores, desaciertos y las circunstancias desfavorables en la que desarrolló su labor, al tener a la dirigencia política tradicional en su contra, con la inversión privada en mínimos históricos y un alto déficit fiscal, al final de su mandato, Petro presenta un balance razonablemente satisfactorio en materia social y económica: los datos de reducción de pobreza y el avance en indicadores de desigualdad muestran que, durante este período, los ricos siguieron siendo ricos y los pobres se hicieron menos pobres, manteniendo un cumplimiento del 71,16% en sus metas de corto plazo y trámites sectoriales, pero con rezago en la entrega de los grandes cambios estructurales prometidos para el cierre del periodo (58%). Igualmente, redujo la deuda externa recibida del 41,8% (2022), al 24,1% (2026). Por ello, prestigiosos economistas internacionales respaldan su gestión y apoyan al candidato Iván Cepeda, entre los que se hallan Thomas Piketty y Yanis Vakoufakis.
Abelardo de la Espriella, el candidato de la ultraderecha es un mediático abogado penalista defensor de conocidos jefes paramilitares, políticos paramilitares, narcotraficantes, contratistas de la élite condenados por desfalcos multimillonarios, estafadores, contrabandistas y otros delincuentes millonarios, entre ellos Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro. Este showman, que se hace llamar “el tigre” y que ha vivido los últimos años entre Estados Unidos e Italia, que se declara admirador de Trump, Netanyahu, Bukele, Milei, Noboa, Fujimori, Bolsonaro, y se presenta como un outsider, cuenta con el apoyo de estos líderes y de la mayoría de las élites políticas y económicas de Colombia. Su programa de gobierno se denomina “Patria Milagro”, y en él propone salvar a Colombia –al que llama “país de desagradecidos, desleales y cafres”–, prometiendo resultados desde los tres primeros meses.
Debido a su talante agresivo, su tendencia a defender sucesivamente una idea y la contraria, así como su retórica con tintes misóginos, machistas, racistas, clasistas, homofóbicos, antiecologistas y antianimalistas, De la Espriella representa un riesgo real de retrocesos hacia el autoritarismo, la confrontación, el recorte de derechos y libertades públicas, la militarización del país y la persecución a la oposición a través del acoso judicial y la petición a EE.UU para que revoque visado y los investigue.
Aunque la mayoría de los sondeos sobre intención de voto lo siguen favoreciendo, se contempla que podría repetirse la experiencia de Perú y producirse un empate técnico en las elecciones del 21 de junio. Por ello, conviene saber qué le espera a Colombia si de la Espriella gana las elecciones e impone como forma de gobierno el modelo que promete acabar con los problemas crónicos y graves de Colombia con recetas milagrosas, mano dura, el apoyo militar de Estados Unidos y amenazas con “destripar” a la izquierda y los “enemigos de la patria”.
La inviabilidad jurídica de De la Espriella para ejercer la Presidencia
La inviabilidad jurídica de Abelardo de la Espriella para ejercer la Presidencia radica básicamente en su vínculo político con EEUU, y también en el contenido de su programa de gobierno, así como en su trayectoria profesional de abogado de criminales y figuras cuestionadas, lo que evidencia la contradicción con su propia retórica de lucha contra la corrupción y el crimen. De hecho, recientemente, once Congresistas de Estados Unidos le han pedido al Secretario de Estado, al Fiscal General y al Secretario del Tesoro de EE.UU. que investiguen los vínculos de De la Espriella con el paramilitarismo, el narcotráfico y Alex Saab, así como el origen de su fortuna y negocios en EE.UU, solicitando al gobierno de su país que dejen de interferir en las elecciones de Colombia.
Abelardo De la Espriella está impedido para jurar la Constitución
De ganar las elecciones, el candidato tiene un impedimento jurídico insalvable que las instituciones colombianas deben abordar con la seriedad que merece: Abelardo De la Espriella adjuró de su lealtad a Colombia, al nacionalizarse en EE.UU.
Para obtener la ciudadanía de EE. UU., de la Espriella prestó el Juramento de Lealtad federal (Oath of Allegiance), cuyo texto establece con absoluta precisión que el juramentado "renuncia y abjura absoluta y completamente a toda lealtad y fidelidad a cualquier Estado o soberanía extranjeros" y se compromete a "apoyar y defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales".
El conflicto que esto genera es jurídico-constitucional, no político. El artículo 192 de la Constitución de Colombia exige que el Presidente jure lealtad única e irrestricta a la Carta colombiana. Quien ya ha jurado, ante una autoridad federal estadounidense, abjura de Colombia para defender los intereses de otra nación, no puede prestar juramento colombiano de forma válida y no contradictoria. Ésta es una imposibilidad jurídica por conflicto de soberanías, particularmente por el hecho de que en Colombia el Presidente es jefe de Estado, Gobierno y Comandante en jefe del Ejército.
Las consecuencias prácticas van más lejos todavía. Como ciudadano activo de Estados Unidos, De la Espriella permanecería durante todo su eventual mandato bajo la jurisdicción penal y fiscal federal, sujeto a las obligaciones fiscales y a los requerimientos de reporte patrimonial. Un presidente de Colombia no debería estar, bajo ninguna circunstancia, sometido a la soberanía judicial y fiscal de otra potencia, y menos si los intereses de EE.UU chocan con los de Colombia.
El programa 'Patria Milagro' choca con la Constitución
El programa de De la Espriella, "Patria Milagro", que se reduce a tres páginas de propuestas, ha sido presentado por su campaña como la hoja de ruta para resolver en noventa días los problemas históricos de Colombia. Un análisis jurídico elemental revela que buena parte de sus medidas centrales requeriría, como mínimo, reformas profundas de la Constitución, algunas de ellas tendían que adoptarse a través de una Asamblea Constituyente porque afectan pilares esenciales de la Constitución, y otras son inviables. Entre las cuestiones más importantes destacan:
Gobernar por decreto
De la Espriella dice que ya tiene preparado 90 decretos, pero gobernar por esta vía, de forma general y ordinaria, es inconstitucional, ya que vulnera directamente el principio de separación de poderes y el monopolio legislativo reservado al Congreso.
Retirada de los organismos internacionales de derechos humanos.
De la Espriella ha anunciado que sacaría a Colombia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la ONU y la OEA. El problema jurídico es insalvable: los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia forman parte del bloque de constitucionalidad. El presidente no puede retirarlos unilateralmente. El artículo 9 de la Constitución eleva los principios del derecho internacional al rango de fundamento de las relaciones exteriores del Estado. Abandonar la ONU y la OEA viola estos principios de forma directa. Y la doctrina constitucional consolidada establece que los pilares esenciales de nuestra Constitución, entre los que se encuentra la adhesión al multilateralismo, solo pueden modificarse mediante una Constituyente.
La dolarización de la economía
Esta propuesta ignora que la política monetaria es una prerrogativa constitucional del Banco de la República, cuya independencia está garantizada expresamente por la Carta. Dolarizar implicaría suprimir esa autonomía prohibida por la Constitución.
El recorte del 40% del gasto público y reducción del Estado
En Colombia ésta es una propuesta constitucionalmente inviable porque la mayor parte del presupuesto nacional está blindada por mandatos constitucionales y legales: transferencias a territorios, gasto en salud y educación, servicio de la deuda, pensiones. Ejecutar un recorte de esa magnitud implicaría eliminar instituciones, hacer despido masivos y desatender obligaciones paralizando los servicios sociales.
La eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La JEP es parte integral del Acuerdo Final de Paz y del sistema de justicia transicional reconocido constitucional e internacionalmente. Suprimirla implicaría renegar de los compromisos de derechos humanos internacionales y violar el derecho de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación.
La cadena perpetua para delitos contra menores
La Corte Constitucional ya se pronunció sobre la cadena perpetua, señalando que es incompatible con la Constitución, que prohíben las penas perpetuas y los tratos crueles, para lo que habría de modificarse este marco constitucional.
El porte libre de armas
Colombia cuenta con una jurisprudencia constitucional sólida que reconoce al Estado el monopolio sobre las armas y que protege el derecho a la vida y a la seguridad por encima de cualquier pretensión al armamento individual. Una medida de esta naturaleza chocaría contra ese mandato y contra la lógica de la búsqueda de la paz.
Los contratos de trabajo por horas y proyectos
La Corte Constitucional ya los ha declarado incompatibles con las garantías laborales reconocidas en la Carta. El trabajo y sus garantías, en el constitucionalismo colombiano, no es solo un contrato: es un derecho fundamental con protecciones expresas que no pueden ser desmanteladas por el Gobierno.
La fumigación con glifosato.
La Corte Constitucional estableció con claridad que el uso de glifosato en fumigaciones aéreas es inconstitucional por vulnerar el derecho a la salud y el medio ambiente sano, señalando las pautas para la erradicación de cultivos ilícitos.
El fracking (fracturación hidráulica)
El fracking es contrario a la Constitución de Colombia porque su ejecución resulta incompatible con el mandato de proteger el medio ambiente y garantizar los derechos fundamentales de la población, debido a los riesgos sísmicos, de contaminación de acuíferos subterráneos y aguas superficiales, la degradación de la fertilidad del suelo y la destrucción de la biodiversidad del que es el segundo país más biodiverso.
Las megacárceles de modelo Bukele
El candidato ha manifestado abiertamente su intención de copiar los métodos de reclusión masiva de El Salvador, que en Colombia no estaría a cargo del Estado; pero este sistema penitenciario implicaría violaciones sistemáticas de la libertad personal y el debido proceso, garantías expresamente protegidas por la Constitución.
La regularización de dineros ilícitos
La propuesta de inyectar liquidez a la economía formal a través de la regularización de capitales de origen delictivo, a cambio de penas mínimas, viola el marco constitucional de protección frente al lavado de activos, la lucha contra la corrupción y los estándares internacionales vinculantes a los que Colombia está sujeta.
Colombia en su encrucijada
Colombia requiere un gobernante ecuánime que garantice la supremacía constitucional, actúe como símbolo de unidad nacional, respete los frenos y contrapesos, y vele por el bien común, la paz, la seguridad y la reconciliación. Colombia necesita alejarse de liderazgos polarizantes que promueven la violencia, comprometen la democracia, someten al Estado a intereses extranjeros o justifican vías de hecho contrarias al Estado Social de Derecho. Ante este panorama, los ciudadanos deben decidir el futuro preservando siempre la Constitución.
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