Mientras en el paseo marítimo de Puerto Sherry turistas, hosteleros y veraneantes valoran el impacto económico del cierre de Margarita, Blu, Playa Canalla y PhiPhi, en otros puntos de El Puerto la conversación tiene un tono distinto. Asociaciones vecinales, plataformas ciudadanas y colectivos ecologistas llevan desde 2023 denunciando los efectos de un modelo de ocio que, aseguran, ha cambiado la vida cotidiana de barrios enteros, no solo del entorno inmediato de estos locales.

Detrás de los recursos, de los plazos administrativos y de las manifestaciones hay vecinos que aseguran haber pasado varios veranos alterando rutinas, colectivos que llevan años organizándose para denunciar el modelo de ocio desarrollado en la zona y plataformas ciudadanas que consideran que el debate trasciende el futuro de cuatro negocios.

Porque para quienes viven cerca de Puerto Sherry o participan en movimientos vecinales y sociales de El Puerto, el cierre supone el desenlace de una reivindicación que, según recuerdan, comenzó mucho antes de que los tribunales entraran en escena. Su discurso gira alrededor de una idea repetida durante las entrevistas: no cuestionan la actividad turística de la ciudad, sino el tipo de convivencia que, a su juicio, ha generado este modelo durante los últimos veranos.

El verano cambió para muchos vecinos

Quien recorre la zona durante los meses de mayor afluencia conoce el contraste. Durante el día, familias que buscan un hueco junto al mar conviven con grupos de jóvenes que llegan atraídos por la oferta de ocio. Conforme avanza la tarde, el ambiente cambia y el movimiento aumenta alrededor de los establecimientos. Esa transformación es precisamente la que los vecinos describen cuando hablan de un antes y un después a partir de 2021.

"Somos una ciudad turística y siempre lo hemos sido", explica José Luis Bueno, portavoz de Izquierda Unida en El Puerto. Sin embargo, considera que el perfil del visitante cambió en muy poco tiempo. "Antes predominaba un turismo familiar y nacional. Desde la pandemia empezó a llegar un turismo mucho más asociado al ocio nocturno y a pasar varios días centrado prácticamente en estos locales".

En su opinión, ese giro terminó afectando a la vida cotidiana de numerosos barrios. "No era únicamente lo que ocurría aquí. Ese tipo de turismo también se trasladaba al centro, a otras zonas de la ciudad y al uso de apartamentos turísticos". Según sostiene, muchos vecinos comenzaron a identificar problemas de convivencia que antes no formaban parte del verano portuense.

Las críticas no se limitan al entorno inmediato de Puerto Sherry. Bueno cree que el fenómeno tuvo un efecto más amplio sobre la imagen de la ciudad. "Había un efecto llamada muy evidente en redes sociales, con mensajes dirigidos a venir a El Puerto a vivir un tipo de fiesta muy concreto". Esa promoción, asegura a este medio, terminó condicionando el perfil de quienes elegían el municipio como destino estival.

El descanso, la playa y los pinares

Para quienes residen en las urbanizaciones más cercanas, la cuestión se resume en algo mucho más cotidiano que cualquier procedimiento administrativo: poder descansar. Susana López, vecina del Pago de la Laja, recuerda con precisión cuándo empezó a cambiar el verano. "Desde 2021 pasar el verano aquí ha sido un tormento". Explica que la música comenzaba avanzada la tarde y que durante los primeros años llegaba hasta altas horas de la madrugada. "Nos impedía descansar, pero también disfrutar de los pinares y de la playa como lo habíamos hecho siempre".

Su relato no gira alrededor de un episodio concreto, sino de una acumulación de jornadas similares durante varios veranos consecutivos, todos los días sin parar. "Lo único que hemos pedido siempre es que se regulara la actividad para poder vivir con tranquilidad". Según explica, el único cambio apreciable llegó cuando el horario de cierre se adelantó a la medianoche, aunque considera que aquello no resolvió el conjunto de los problemas que denunciaban.

La percepción de haber perdido espacios habituales aparece repetidamente en las entrevistas. Bueno sostiene que muchos portuenses dejaron de acudir a determinadas playas en temporada alta porque ya no encontraban el ambiente que tradicionalmente buscaban. "Había personas que venían toda la vida y terminaron marchándose a otros lugares porque sentían que ya no podían disfrutar igual".

En torno a esa sensación también aparecen referencias al ruido, la suciedad acumulada tras algunas jornadas y la presencia de botellones en espacios próximos al litoral. Son cuestiones que distintos colectivos llevan años situando entre sus principales reivindicaciones.

Un movimiento ciudadano que fue creciendo

Las protestas contra este modelo no surgieron ahora. Alan Luis Lacey Raposo, integrante de la plataforma El Puerto Para Vivir y de Ecologistas en Acción, recuerda que las primeras movilizaciones comenzaron hace varios años y fueron ampliando el número de participantes conforme avanzaban los veranos.

"La primera gran manifestación se organizó en 2023 impulsada por la Asamblea Feminista Las Tres Rosas contra el turismo de borracheras y los pisos turísticos", explica. A partir de entonces, asegura, las convocatorias fueron aumentando y lograron reunir a colectivos vecinales, asociaciones y ciudadanos preocupados por distintas consecuencias derivadas del crecimiento de este tipo de ocio.

Para Raposo, la preocupación nunca se limitó exclusivamente a los establecimientos. En su discurso aparecen también cuestiones como el incremento de los apartamentos turísticos, la presión sobre determinadas zonas residenciales y el impacto ambiental que, afirma, genera la concentración de miles de personas durante los fines de semana del verano.

Uno de los aspectos sobre los que más insiste es el cuidado del entorno natural. Habla de residuos acumulados, de los recursos destinados posteriormente a la limpieza y del riesgo que, según sostiene, supone la presencia masiva de personas en espacios próximos a zonas de pinar durante episodios de altas temperaturas. "Son costes que finalmente termina asumiendo toda la ciudadanía", señala.

La conversación deriva también hacia el crecimiento del alojamiento turístico. Raposo considera que ambos fenómenos han evolucionado de forma paralela en los últimos años y que eso ha terminado influyendo en el mercado residencial y en el pequeño comercio de la ciudad. A su juicio, el debate sobre Puerto Sherry va mucho más allá del funcionamiento de cuatro locales.

"Lo único que pedíamos era que se cumpliera la ley"

Aunque cada entrevistado pone el foco en aspectos distintos, existe una idea que aparece de forma recurrente en todas las conversaciones. Tanto los representantes de colectivos como Susana López insisten en que su reivindicación principal nunca fue el cierre por sí mismo, sino el cumplimiento de la normativa aplicable. "Lo básico era que se cumpliera la ley", resume Raposo al valorar la resolución judicial conocida estos días.

La decisión judicial conocida la pasada semana ha sido recibida de forma muy distinta según el colectivo al que se pregunte. Mientras los trabajadores de los establecimientos se han manifestado para reclamar una solución que permita mantener sus empleos, entre las asociaciones vecinales y plataformas que venían denunciando la situación predomina la sensación de que, al menos por ahora, se ha puesto fin a un conflicto que consideran prolongado durante demasiado tiempo.

José Luis Bueno reconoce que recibió la noticia con satisfacción. "Existía la sensación de que estos locales siempre acabarían encontrando una fórmula para seguir abiertos", comenta. A su juicio, el hecho de que finalmente deba cumplirse el calendario fijado supone trasladar un mensaje de igualdad respecto a cualquier otro establecimiento hostelero.

El turismo que quieren para El Puerto

Las declaraciones dejan claro que la discusión trasciende la continuidad de cuatro establecimientos. En realidad, lo que subyace es una reflexión sobre el modelo turístico que desean para la ciudad. Bueno insiste en que El Puerto ha vivido históricamente del turismo y considera que seguirá haciéndolo. Lo que, a su juicio, debe analizarse es qué tipo de visitantes se pretende atraer y cómo compatibilizar esa actividad económica con la vida diaria de quienes residen durante todo el año.

En esa misma línea se expresa Susana. Durante la conversación, evita plantear el conflicto como una oposición entre jóvenes y residentes. "Nosotros no queremos impedir que nadie disfrute de su tiempo libre", precisa. Lo que reclama es que ese ocio pueda desarrollarse respetando el descanso y las costumbres de quienes habitan en las zonas próximas.

Su testimonio vuelve constantemente a escenas cotidianas: noches de verano con las ventanas cerradas para intentar reducir el ruido, familias que modifican horarios o vecinos que dejan de acudir a determinados espacios durante los meses de mayor afluencia. Son imágenes que, explica, terminaron convenciendo a muchas personas de la necesidad de organizarse.

Una nueva etapa para El Puerto

Con el cese de la actividad ya fijado tras el rechazo a las medidas cautelares solicitadas por Margarita, las conversaciones empiezan a girar hacia el futuro de la zona. Raposo recuerda que todavía quedan cuestiones pendientes relacionadas con el desmontaje de las instalaciones y con otros procedimientos administrativos y judiciales abiertos, sobre los que prefiere mantener la prudencia. "Habrá que esperar a cómo evolucionan esos procesos", señala, insistiendo en que serán los órganos competentes quienes deban resolverlos.

Mientras tanto, las asociaciones continúan defendiendo que Puerto Sherry y su entorno pueden seguir siendo un espacio de actividad económica y turística compatible con el descanso vecinal y la conservación del paisaje. Esa es, aseguran, la reflexión que no debería perderse entre titulares sobre recursos, decretos o resoluciones judiciales.

Después de varios veranos marcados por la confrontación, las posiciones siguen siendo muy distintas. Están quienes lamentan el impacto económico y laboral del cierre de los establecimientos, como quedó patente en la manifestación celebrada por los trabajadores, y quienes consideran que esta decisión responde a una reivindicación mantenida durante años por parte de numerosos vecinos.