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Los españoles tienen derecho a conocer la verdad. No a seguir atrapados entre la desinformación, las conjeturas y los relatos interesados, sino a saber exactamente qué ocurrió, por qué ocurrió y quién debe asumir responsabilidades.
Cuando una crisis de esta magnitud golpea una frontera española y europea, con una tragedia humanitaria desoladora y una crisis de soberanía, seguridad e integridad territorial de gravedad extraordinaria, la primera obligación de un Estado democrático no es construir un relato: es esclarecer los hechos.
Y para entender la dimensión de lo ocurrido basta con escuchar al presidente de Ceuta, Juan Vivas: ¿se imaginan que 34 millones de personas entraran de golpe en España? Esa es, proporcionalmente, la magnitud de lo que ha vivido una ciudad de unos 85.000 habitantes.
Pero antes que cualquier otra consideración está la tragedia humana. A la hora de escribir esta columna, casi un centenar de personas han perdido la vida en la travesía y otras permanecen desaparecidas en el mar. No son cifras. Son personas, familias, vidas truncadas. Se nos debería caer la cara de vergüenza si llegamos a tratar esta tragedia como una simple estadística o si alguien pretende negar que estamos ante una tragedia humanitaria en toda regla, además de una gravísima crisis de seguridad nacional e integridad territorial.
Marruecos, España y la Unión Europea tienen que asumir su responsabilidad. Las políticas migratorias fracasan cuando tantas personas terminan jugándose la vida en el mar. El objetivo tiene que ser que no muera ni una persona más.
Las cifras de las personas que han entrado en nuestro país también importan. Importa saber cuántas personas llegaron, cómo fue posible movilizar a semejante cantidad de gente y, sobre todo, quiénes han entrado en territorio español y quiénes permanecen todavía en Ceuta.
Porque esto es también una crisis de seguridad nacional, de soberanía y de integridad territorial.
No podemos convertir a quienes han llegado en sospechosos. No lo son por ser inmigrantes. Pero una avalancha de estas dimensiones puede convertirse en un coladero para que alguien se infiltre aprovechando el caos.
España tiene una amenaza terrorista real. Por eso el Estado tiene que saber quién ha entrado, identificar a quienes permanecen en Ceuta y comprobar que no existe ningún riesgo para nuestra seguridad.
¿Cómo no se vio venir?
Y aquí llegamos a la pregunta clave que nadie puede esquivar: ¿Cómo no se vio venir? ¿Qué sabían los servicios de inteligencia? ¿Qué información manejaban la Policía española y la Guardia Civil? ¿Qué sabía la policía marroquí? ¿Cuándo llegó esa información al Gobierno? ¿Cómo se puede movilizar a decenas de miles de personas hacia una frontera española sin que nadie sea capaz de anticiparlo?
¿Quién convocó? ¿Quién difundió las convocatorias? ¿Cómo se organizó? ¿Qué sabía Marruecos y qué sabía España?
Son demasiadas preguntas para aceptar como respuesta que todo fue obra de las mafias y de las redes sociales.
Rabat ha defendido que Marruecos sigue siendo un socio fiable y ha atribuido lo ocurrido a las mafias y a las redes sociales. Con las imágenes que hemos visto y seguimos viendo, inéditas e inauditas, esto no basta.
Marruecos tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades. Y España tiene que exigirlas. Si alguien utilizó a personas desesperadas como instrumento de presión, habrá que demostrarlo. Si Marruecos perdió el control de una movilización de esta dimensión, tendrá que explicar cómo pudo ocurrir. Y si alguien en España sabía que podía suceder y no actuó, también tendrá que responder.
Las responsabilidades son para todos. Primero, para Marruecos, pero también para España y para Europa. Si una investigación demuestra que hubo información suficiente para anticipar una movilización de esta magnitud y no se actuó, habrá que exigir responsabilidades políticas. Y, si se confirman, como ya estamos viendo, fallos graves de previsión o de gestión, tendrán que producirse dimisiones.
Por eso queremos saber la verdad. Y para conocerla necesitamos una investigación rigurosa que responda a todas las dudas que siguen abiertas y ponga fin a las conjeturas, a las miles de interpretaciones —muchas de ellas interesadas— y, sobre todo, a la desinformación. Y necesitamos también una respuesta política a la altura de la crisis.
¿Por qué no se ha convocado al Congreso y al Senado?
Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen mañana en Bruselas para abordar la crisis de Ceuta. España debería acudir con una postura nacional sólida, coordinada con los partidos de la oposición, fruto del consenso y capaz de exigir a Europa una respuesta clara.
Porque Ceuta es España. Es territorio español y frontera exterior de la Unión Europea.
Europa tiene que implicarse. Y también tiene que responder. La Unión Europea mantiene una relación estratégica con Marruecos y destina importantes recursos a esa cooperación. Europa tiene derecho a exigir resultados y explicaciones cuando una de sus fronteras exteriores queda sometida a una presión de esta magnitud. Y España tiene que exigir responsabilidades a Rabat.
También hay que abordar la Ley de Extranjería Una cuestión que tendrá que resolverse con todas las garantías jurídicas, pero que ya forma parte de las respuestas que España necesita.
¿Sabremos qué pasó con el Sahara occidental?
Y hay preguntas que llevamos demasiado tiempo arrastrando: ¿qué ocurrió entre España y Marruecos para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cambiara unilateralmente la posición española sobre el Sáhara Occidental sin contar previamente con los partidos de la oposición ni someter esa decisión a un debate parlamentario? ¿Qué se habló? ¿Qué compromisos se adquirieron? ¿Qué garantías obtuvo España?
Y, sobre todo: ¿están garantizadas la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de Ceuta y Melilla?
Porque llevamos demasiado tiempo viendo cómo se traspasan líneas rojas sin que conozcamos dónde están los límites. Y la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿qué más tiene que ocurrir para que el Gobierno entienda que la seguridad y la soberanía de España no pueden estar sometidas a ningún tipo de presión?
No afirmamos lo que no sabemos. Precisamente por eso queremos saber la verdad.
No podemos olvidar tampoco lo ocurrido en Melilla en 2022, cuando el salto masivo de la valla terminó con decenas de personas muertas y dejó numerosas preguntas sobre lo sucedido y sobre la actuación de las autoridades. Y tampoco podemos olvidar Ceuta en mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas entraron en la ciudad en apenas unas horas, en plena crisis diplomática entre España y Marruecos.
Son precedentes demasiado graves como para no preguntarnos qué hemos aprendido de ellos y Cómo es posible que, después de aquello, una movilización de esta dimensión vuelva a sorprender a España.
Y mientras todo esto sucede, mientras Ceuta afronta una crisis humanitaria y de seguridad de esta dimensión, el presidente del Gobierno se ha ido de vacaciones a Lanzarote.
Por supuesto que un presidente tiene derecho a descansar. Lo que resulta insultante es que, en plena crisis de Ceuta, haya considerado oportuno dirigirse a los españoles para compartir en un vídeo la playlist que ha elegido para sus vacaciones.
No necesitamos que el presidente del Gobierno nos diga qué música escuchar este verano. Los españoles ya sabemos qué música nos gusta. Lo que necesitamos son respuestas y un presidente del Gobierno que esté cuando su país lo necesita.
Por los muertos. Por quienes se jugaron la vida. Por los ceutíes. Por la seguridad nacional. Por la soberanía y la integridad territorial de España.
La investigación tiene que llegar hasta el fondo. Queremos saber qué ocurrió. Qué sabía España. Qué sabía Marruecos. Qué falló. Quién tomó las decisiones. Y quién debe asumir responsabilidades. Y, sobre todo, queremos saber qué esconden las relaciones de España con Marruecos para que esto no vuelva a suceder.
Queremos saber la verdad y queremos que Ceuta recupere la normalidad porque la situación sigue siendo de extrema gravedad.
Los españoles tienen derecho a conocer la verdad. No a seguir atrapados entre la desinformación, las conjeturas y los relatos interesados, sino a saber exactamente qué ocurrió, por qué ocurrió y quién debe asumir responsabilidades.
Cuando una crisis de esta magnitud golpea una frontera española y europea, con una tragedia humanitaria desoladora y una crisis de soberanía, seguridad e integridad territorial de gravedad extraordinaria, la primera obligación de un Estado democrático no es construir un relato: es esclarecer los hechos.
Y para entender la dimensión de lo ocurrido basta con escuchar al presidente de Ceuta, Juan Vivas: ¿se imaginan que 34 millones de personas entraran de golpe en España? Esa es, proporcionalmente, la magnitud de lo que ha vivido una ciudad de unos 85.000 habitantes.
Pero antes que cualquier otra consideración está la tragedia humana. A la hora de escribir esta columna, casi un centenar de personas han perdido la vida en la travesía y otras permanecen desaparecidas en el mar. No son cifras. Son personas, familias, vidas truncadas. Se nos debería caer la cara de vergüenza si llegamos a tratar esta tragedia como una simple estadística o si alguien pretende negar que estamos ante una tragedia humanitaria en toda regla, además de una gravísima crisis de seguridad nacional e integridad territorial.
Marruecos, España y la Unión Europea tienen que asumir su responsabilidad. Las políticas migratorias fracasan cuando tantas personas terminan jugándose la vida en el mar. El objetivo tiene que ser que no muera ni una persona más.
Las cifras de las personas que han entrado en nuestro país también importan. Importa saber cuántas personas llegaron, cómo fue posible movilizar a semejante cantidad de gente y, sobre todo, quiénes han entrado en territorio español y quiénes permanecen todavía en Ceuta.
Porque esto es también una crisis de seguridad nacional, de soberanía y de integridad territorial.
No podemos convertir a quienes han llegado en sospechosos. No lo son por ser inmigrantes. Pero una avalancha de estas dimensiones puede convertirse en un coladero para que alguien se infiltre aprovechando el caos.
España tiene una amenaza terrorista real. Por eso el Estado tiene que saber quién ha entrado, identificar a quienes permanecen en Ceuta y comprobar que no existe ningún riesgo para nuestra seguridad.
¿Cómo no se vio venir?
Y aquí llegamos a la pregunta clave que nadie puede esquivar: ¿Cómo no se vio venir? ¿Qué sabían los servicios de inteligencia? ¿Qué información manejaban la Policía española y la Guardia Civil? ¿Qué sabía la policía marroquí? ¿Cuándo llegó esa información al Gobierno? ¿Cómo se puede movilizar a decenas de miles de personas hacia una frontera española sin que nadie sea capaz de anticiparlo?
¿Quién convocó? ¿Quién difundió las convocatorias? ¿Cómo se organizó? ¿Qué sabía Marruecos y qué sabía España?
Son demasiadas preguntas para aceptar como respuesta que todo fue obra de las mafias y de las redes sociales.
Rabat ha defendido que Marruecos sigue siendo un socio fiable y ha atribuido lo ocurrido a las mafias y a las redes sociales. Con las imágenes que hemos visto y seguimos viendo, inéditas e inauditas, esto no basta.
Marruecos tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades. Y España tiene que exigirlas. Si alguien utilizó a personas desesperadas como instrumento de presión, habrá que demostrarlo. Si Marruecos perdió el control de una movilización de esta dimensión, tendrá que explicar cómo pudo ocurrir. Y si alguien en España sabía que podía suceder y no actuó, también tendrá que responder.
Las responsabilidades son para todos. Primero, para Marruecos, pero también para España y para Europa. Si una investigación demuestra que hubo información suficiente para anticipar una movilización de esta magnitud y no se actuó, habrá que exigir responsabilidades políticas. Y, si se confirman, como ya estamos viendo, fallos graves de previsión o de gestión, tendrán que producirse dimisiones.
Por eso queremos saber la verdad. Y para conocerla necesitamos una investigación rigurosa que responda a todas las dudas que siguen abiertas y ponga fin a las conjeturas, a las miles de interpretaciones —muchas de ellas interesadas— y, sobre todo, a la desinformación. Y necesitamos también una respuesta política a la altura de la crisis.
¿Por qué no se ha convocado al Congreso y al Senado?
Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen mañana en Bruselas para abordar la crisis de Ceuta. España debería acudir con una postura nacional sólida, coordinada con los partidos de la oposición, fruto del consenso y capaz de exigir a Europa una respuesta clara.
Porque Ceuta es España. Es territorio español y frontera exterior de la Unión Europea.
Europa tiene que implicarse. Y también tiene que responder. La Unión Europea mantiene una relación estratégica con Marruecos y destina importantes recursos a esa cooperación. Europa tiene derecho a exigir resultados y explicaciones cuando una de sus fronteras exteriores queda sometida a una presión de esta magnitud. Y España tiene que exigir responsabilidades a Rabat.
También hay que abordar la Ley de Extranjería Una cuestión que tendrá que resolverse con todas las garantías jurídicas, pero que ya forma parte de las respuestas que España necesita.
¿Sabremos qué pasó con el Sahara occidental?
Y hay preguntas que llevamos demasiado tiempo arrastrando: ¿qué ocurrió entre España y Marruecos para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cambiara unilateralmente la posición española sobre el Sáhara Occidental sin contar previamente con los partidos de la oposición ni someter esa decisión a un debate parlamentario? ¿Qué se habló? ¿Qué compromisos se adquirieron? ¿Qué garantías obtuvo España?
Y, sobre todo: ¿están garantizadas la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de Ceuta y Melilla?
Porque llevamos demasiado tiempo viendo cómo se traspasan líneas rojas sin que conozcamos dónde están los límites. Y la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿qué más tiene que ocurrir para que el Gobierno entienda que la seguridad y la soberanía de España no pueden estar sometidas a ningún tipo de presión?
No afirmamos lo que no sabemos. Precisamente por eso queremos saber la verdad.
No podemos olvidar tampoco lo ocurrido en Melilla en 2022, cuando el salto masivo de la valla terminó con decenas de personas muertas y dejó numerosas preguntas sobre lo sucedido y sobre la actuación de las autoridades. Y tampoco podemos olvidar Ceuta en mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas entraron en la ciudad en apenas unas horas, en plena crisis diplomática entre España y Marruecos.
Son precedentes demasiado graves como para no preguntarnos qué hemos aprendido de ellos y Cómo es posible que, después de aquello, una movilización de esta dimensión vuelva a sorprender a España.
Y mientras todo esto sucede, mientras Ceuta afronta una crisis humanitaria y de seguridad de esta dimensión, el presidente del Gobierno se ha ido de vacaciones a Lanzarote.
Por supuesto que un presidente tiene derecho a descansar. Lo que resulta insultante es que, en plena crisis de Ceuta, haya considerado oportuno dirigirse a los españoles para compartir en un vídeo la playlist que ha elegido para sus vacaciones.
No necesitamos que el presidente del Gobierno nos diga qué música escuchar este verano. Los españoles ya sabemos qué música nos gusta. Lo que necesitamos son respuestas y un presidente del Gobierno que esté cuando su país lo necesita.
Por los muertos. Por quienes se jugaron la vida. Por los ceutíes. Por la seguridad nacional. Por la soberanía y la integridad territorial de España.
La investigación tiene que llegar hasta el fondo. Queremos saber qué ocurrió. Qué sabía España. Qué sabía Marruecos. Qué falló. Quién tomó las decisiones. Y quién debe asumir responsabilidades. Y, sobre todo, queremos saber qué esconden las relaciones de España con Marruecos para que esto no vuelva a suceder.
Queremos saber la verdad y queremos que Ceuta recupere la normalidad porque la situación sigue siendo de extrema gravedad.
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