El 17 de noviembre de 2012, tres días después de la huelga general del 14N, publiqué en Paralelo 36 Andalucía un artículo con este mismo título. Su tesis cabía en una línea: la policía es una institución tan peligrosa como necesaria. Lo releo en octubre de 2026, con las imágenes de la Ciudad Universitaria de Madrid todavía en la retina, y compruebo que el diagnóstico no ha envejecido. Lo que ha cambiado es el lugar donde está el problema.

En 2012 el peligro tenía nombre y apellidos: un ministro, Jorge Fernández Díaz, que quería blindar la impunidad policial. En 2026 el peligro es más difuso y, por eso mismo, más inquietante: un Gobierno que, aun queriendo, no consigue gobernar a su propia policía. Intento explicar aquí por qué hoy la pregunta ya no es solo qué hacemos con la policía, sino quién la manda.

El 14 de octubre, primer día de la huelga indefinida de la enseñanza pública madrileña, agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) cargaron contra estudiantes y profesores en la Ciudad Universitaria, frente a la Facultad de Ciencias Químicas. Según las crónicas, la pancarta que llevaban reproducía Los fusilamientos del 3 de mayo de Goya; ninguna metáfora preparada habría sido tan exacta. La jornada terminó con cinco detenidos, varios heridos entre los manifestantes y agentes con lesiones leves. La Complutense condenó las cargas y declaró que no había pedido ni promovido la presencia policial en su campus. La Conferencia de Rectores se sumó a la condena.

No es un episodio aislado. Once días antes, el 3 de octubre, la manifestación por la vivienda en Valencia terminó con pelotas de goma y botes de humo frente al Palau de les Arts, donde se celebraba un congreso de inversión inmobiliaria. Y el 20 de octubre la Delegación del Gobierno en Madrid abrió otra investigación, esta vez por las cargas contra quienes protestaban en un acto de Isabel Díaz Ayuso. Vivienda y educación pública: los dos grandes conflictos de este tiempo acaban, una y otra vez, delante de un cordón de antidisturbios.

En 2012 escribí que la crisis nos estaba igualando, que la violencia que antes sufrían en silencio inmigrantes, sindicalistas o ecologistas alcanzaba ya al columnista y al profesor. Catorce años después la homologación se ha completado por otra vía. El inquilino desahuciable y la profesora interina son el nuevo homo sacer: ciudadanos de pleno derecho sobre el papel, cuerpos golpeables en la práctica. El campus, que la tradición liberal pensó como un espacio protegido frente a la fuerza, se ha convertido en frontera.

Lo más revelador de la Complutense no fueron las porras, sino lo que vino después. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, calificó las imágenes de duras e inaceptables y pidió a la Jefatura Superior de Policía una «investigación urgente». La respuesta del cuerpo fue inmediata, y no vino de la jerarquía sino de los sindicatos. Jupol y la Confederación Española de Policía exigieron su dimisión por «cuestionar la profesionalidad» de los agentes; el SUP le acusó de «desautorizar» a la Policía. Días después, Jupol difundió que el propio Martín había reconocido que la intervención se produjo tras múltiples llamadas al 091, para presentarlo como autor de la orden que luego reprochaba.

Detengámonos en la escena. La autoridad civil que, según la ley, dirige el dispositivo de orden público pide explicaciones; la investigación la hace la misma policía investigada; y los representantes corporativos de los agentes piden la cabeza del responsable político. ¿Quién manda a quién? La pregunta no es retórica. El mando de una unidad como la UIP no es una línea recta que baja del ministro al escudo. Es un equilibrio de fuerzas entre, al menos, cuatro polos.

El mando político. El ministro del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Dirección General de la Policía y las delegaciones del Gobierno, que deciden el despliegue y deberían fijar sus criterios.

La cúpula profesional. El Director Adjunto Operativo, las jefaturas superiores y los comisarios, que traducen las órdenes políticas en decisiones tácticas y que tienen sus propias lealtades, sus propias carreras y su propia memoria de cada ministro.

Los sindicatos policiales. Legalizados tras décadas de lucha, son hoy actores políticos de primer orden, con capacidad de movilización, presencia mediática y un discurso que ya no se limita a lo laboral. Jupol, nacido de la plataforma Jusapol, lleva todo el año pidiendo la dimisión del ministro.

La propia unidad. Con una cultura corporativa densa, heredera de las banderas móviles y las compañías de reserva de la Policía Armada y refundada como UIP en 1989, tiende a vivir cualquier control externo como una agresión.

Cuando estos cuatro polos están alineados, la cadena de mando funciona y la responsabilidad es localizable. Cuando se desalinean, como ahora, la fuerza queda a la deriva entre ellos y la responsabilidad se evapora: el político dice que investigará, el mando dice que siguió el protocolo, el sindicato dice que se respondió a una agresión, y nadie responde de la porra que cayó sobre una profesora.

2026 ha sido el año de esa desalineación. En febrero dimitió el DAO, José Ángel González, número dos operativo del cuerpo desde 2018, tras la admisión a trámite de la querella de una inspectora por presunta agresión sexual; los sindicatos se concentraron ante Interior para exigir la dimisión del ministro y del director general. En verano, durante la crisis de Ceuta, se publicó que varios mandos se habían negado a firmar un informe que exculpaba a Marruecos, y el SUP exigió saber quién lo había encargado. Y en estas mismas semanas la Fiscalía de Vigo investiga un grupo de Telegram en el que unos trescientos policías nacionales, guardias civiles y policías locales habrían compartido durante seis años datos de bases policiales restringidas, al margen de toda supervisión. Son episodios muy distintos, pero dibujan el mismo paisaje: redes de lealtad que corren por dentro y por debajo de la jerarquía formal.

Hay un dato que lo resume todo. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza que Rajoy aprobó en solitario en 2015 y cuya derogación Pedro Sánchez prometió en sus primeras campañas, ha muerto con la disolución de las Cortes, publicada en el BOE el 6 de octubre. Se perdió por las disputas entre los socios —Podemos exigía «prohibir» y no «sustituir» las pelotas de goma; el PNV temía que matizar la desobediencia molestara a la Ertzaintza—, pero también por la tibieza del propio Ministerio del Interior. Según ha publicado la prensa, el director general de la Policía, Francisco Pardo, se manifestaba abiertamente contrario a retirar las pelotas de goma. Es decir: el cargo político que debía trasladar la voluntad del Gobierno al cuerpo actuaba como portavoz del cuerpo ante el Gobierno.

Ese es el núcleo del problema. Max Weber definió el Estado por el monopolio de la violencia legítima, pero olvidamos con frecuencia la condición implícita: la violencia es legítima porque está subordinada. Cuando el instrumento elige a su amo, el monopolio deja de ser estatal y se vuelve corporativo. Carl Schmitt decía que soberano es quien decide sobre la excepción; en el orden público, la excepción cotidiana es la carga, y la pregunta schmittiana se vuelve prosaica: ¿quién decide realmente cuándo se carga?

Y aquí entra el calendario. Con elecciones generales el 29 de noviembre y unas encuestas que dan ventaja a la derecha y a Vox, un Gobierno con las Cortes disueltas tiene poca autoridad sobre un cuerpo que sabe que el ministro de hoy será pasado dentro de unas semanas. Es la lógica del interregno que describió Gramsci: lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y en el intervalo aparecen los fenómenos morbosos. Una policía que espera al próximo ministro obedece al poder que anticipa, no al que tiene delante. Las exigencias de dimisión contra el delegado del Gobierno no son solo corporativismo; son también un posicionamiento ante el poder que viene.

En 2012 escribí que la policía es potencialmente autorreflexiva porque está sometida a la misma legalidad que impone. Hoy matizaría: solo es autorreflexiva si alguien desde fuera la obliga a reflexionar. Esa es la lección del garantismo de Ferrajoli: las garantías no son buenas intenciones de los poderes, sino límites impuestos a los poderes por instancias que no dependen de ellos. Una policía que se investiga a sí misma no tiene garantías; tiene, como mucho, conciencia.

Hay un detalle que conviene no pasar por alto. Los sindicatos policiales acusan al delegado de doble vara de medir porque no se mostró igual de severo tras las cargas en Ferraz; la izquierda acusa a las UIP de lo mismo porque no tratan igual a los ultras que a los docentes. Las dos acusaciones son simétricas, y esa simetría es el síntoma: cuando la proporcionalidad no tiene reglas públicas, se convierte en arma arrojadiza. Lo que está en juego no es proteger a unos o a otros, sino que la fuerza deje de depender del humor político del momento. Por eso las respuestas tienen que ser institucionales y no de coyuntura.

Primero, una ley orgánica de uso de la fuerza, con protocolos públicos que digan cuándo se encapsula, cuándo se carga y cuándo se dispara material antidisturbios, y con la sustitución de las pelotas de goma por medios menos lesivos según un calendario cerrado, no mediante una disposición adicional sin fecha.

Segundo, un órgano de control independiente, ajeno a la cadena de mando, que investigue el uso de la fuerza, como existe en el Reino Unido o en Irlanda y como recomiendan desde hace años los organismos europeos de derechos humanos. Que la policía investigue a la policía no es control: es autoexamen.

Tercero, trazabilidad: número operativo visible y legible en el chaleco y en el casco (la obligación existe desde 2013 y se sigue incumpliendo), cámaras corporales en los dispositivos de orden público con custodia de las grabaciones ajena a quien graba, y registro de cada disparo y de cada carga.

Cuarto, separar el sindicalismo del veto. El derecho de los policías a sindicarse es una conquista democrática que hay que defender sin matices. Pero defender salarios y condiciones de trabajo no es lo mismo que cogobernar la política de orden público ni exigir el cese de la autoridad civil que pide explicaciones.

Quinto, mando político real y anticipado. El delegado del Gobierno no puede ser un espectador indignado ante las imágenes. Los criterios de un despliegue se fijan antes, por escrito y con nombre y apellidos; la responsabilidad se asume antes de la carga, no después del vídeo.

Decía Camus que un mundo sin policía sería un mundo gobernado por los chulos de barrio. En 2012 añadí que la policía no es el enemigo, que los enemigos son los que la mandan. En 2026 tengo que corregirme, o al menos completarme: el peligro no está solo en quienes la mandan, sino en el vacío que se abre cuando nadie consigue mandarla del todo. Una policía sin mando democrático efectivo no es una policía libre; es una policía disponible, a la espera de quien sepa ocupar ese vacío.

Necesitamos otra policía como necesitamos otra sociedad, escribí entonces. Hoy añado que necesitamos, sobre todo, un poder civil que se atreva a mandarla antes de que otros lo hagan en su lugar. Y se lo digo yo, que si les cuento mis experiencias personales con la policía, apaga y vámonos.