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Imagina llegar a una frontera después de horas, quizá días, de viaje. Entregas tus documentos, respondes a algunas preguntas y esperas que una persona decida qué ocurre después. Ahora imagina que, en algún momento de ese proceso, interviene también un sistema automatizado: analiza datos, compara información, identifica patrones o calcula un nivel de riesgo.
La escena puede parecer futurista, pero la tecnología ya forma parte de la gestión de la migración y el asilo. Sistemas biométricos, reconocimiento facial, bases de datos, herramientas de análisis automatizado y sistemas de inteligencia artificial se utilizan o se están estudiando para diferentes funciones relacionadas con las fronteras y los procedimientos migratorios. La propia Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) está investigando actualmente cómo las autoridades europeas utilizan tecnologías basadas en inteligencia artificial para apoyar decisiones sobre asilo, visados, permisos de residencia y retornos.
La pregunta, por tanto, ya no es solamente si la tecnología puede hacer estas cosas. La pregunta es otra: ¿qué ocurre con nuestros derechos cuando una decisión tan importante depende, aunque sea parcialmente, de un algoritmo?
Una frontera cada vez más digital
Las fronteras nunca han sido únicamente una línea que separa dos países. Son también espacios en los que se toman decisiones capaces de cambiar completamente la vida de una persona: permitir una entrada, examinar una solicitud de asilo, verificar una identidad o iniciar un procedimiento de retorno.
La digitalización ha añadido una nueva capa a esas decisiones.
Amnesty International ha documentado el uso creciente de tecnologías como la biometría, el reconocimiento facial, los sistemas automatizados de toma de decisiones, los drones, la vigilancia electrónica y diferentes herramientas de análisis de datos en los sistemas migratorios de distintos países.
En su informe The Digital Border: Migration, Technology and Inequality, Amnesty advierte de que estas tecnologías pueden aumentar el riesgo de vulneración de derechos como la privacidad, la igualdad, la no discriminación y el derecho a solicitar asilo.
El problema no es simplemente que una máquina pueda equivocarse. Las personas también se equivocan. El problema aparece cuando un sistema presenta una decisión como si fuera objetiva únicamente porque ha sido producida mediante datos y algoritmos.
Un algoritmo no nace en el vacío. Aprende, clasifica o realiza inferencias utilizando información seleccionada por personas y dentro de sociedades donde ya existen desigualdades. Si los datos reflejan prejuicios o patrones discriminatorios del pasado, existe el riesgo de que la tecnología los reproduzca o incluso los amplifique.
¿Qué significa considerar a alguien un "riesgo"?
Aquí aparece una cuestión especialmente delicada: la perfilación de riesgo.
Un sistema puede utilizar diferentes datos para intentar determinar si una persona representa un determinado riesgo. Pero ¿qué variables utiliza? ¿La nacionalidad? ¿La edad? ¿Los viajes anteriores? ¿La información contenida en distintas bases de datos? ¿Con qué datos fue entrenado el sistema? ¿Quién decidió qué características debían considerarse relevantes?
Y, sobre todo: ¿puede una persona saber por qué ha sido considerada de mayor riesgo y defenderse de esa valoración?
En junio de 2026, Amnesty International publicó precisamente un informe sobre los sistemas automatizados de perfilación de riesgo utilizados por autoridades públicas. La organización sostiene que este tipo de herramientas ha provocado vulneraciones de derechos en ámbitos especialmente sensibles, entre ellos las políticas migratorias, y reclama límites mucho más estrictos a su utilización.
La cuestión se vuelve todavía más importante en una frontera porque existe una gran desigualdad de poder entre la persona sometida al control y la autoridad que utiliza el sistema.
Una persona que pide protección internacional puede encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. Puede no conocer el idioma, no comprender el funcionamiento del procedimiento ni saber que determinados datos están interviniendo en una valoración automatizada.
Por eso la transparencia importa.
¿Qué dice la Unión Europea?
La Unión Europea ha reconocido que estos usos de la inteligencia artificial pueden tener consecuencias especialmente graves.
El AI Act, el reglamento europeo sobre inteligencia artificial, clasifica como de alto riesgo determinados sistemas utilizados por autoridades en los ámbitos de migración, asilo y control de fronteras. Entre ellos se encuentran, en determinadas circunstancias, sistemas destinados a evaluar riesgos relacionados con personas que entran en un Estado miembro o solicitan un visado o asilo, herramientas que apoyan el examen de solicitudes o sistemas destinados a identificar personas en contextos migratorios.
Que sean considerados de "alto riesgo" no significa que estén automáticamente prohibidos. Significa que, cuando su utilización está permitida, deben estar sometidos a garantías reforzadas. El propio AI Act señala riesgos relacionados con la discriminación, la privacidad, la protección de datos personales, la protección internacional y el derecho a una buena administración. También establece que estos sistemas no pueden utilizarse para eludir las obligaciones internacionales de los Estados respecto de las personas refugiadas ni para vulnerar el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un lugar donde pueda enfrentarse a determinados peligros graves.
La regulación europea intenta, por tanto, establecer controles sobre tecnologías que no son necesariamente ilegítimas por sí mismas, pero que pueden tener consecuencias muy distintas dependiendo de cómo, dónde y para qué se utilicen.
La tecnología no elimina la responsabilidad humana
Hay una idea especialmente peligrosa cuando hablamos de inteligencia artificial: creer que, al dejar parte de una decisión en manos de una máquina, desaparece la responsabilidad de las personas.
No es así.
Si un algoritmo considera una solicitud sospechosa, alguien ha diseñado previamente los criterios que utiliza. Alguien ha decidido qué datos recopilar. Alguien ha comprado o autorizado ese sistema. Y una autoridad sigue siendo responsable de la decisión final y de respetar los derechos de la persona afectada.
Precisamente por eso son fundamentales la supervisión humana, la transparencia, la posibilidad de recurrir una decisión y la existencia de mecanismos de rendición de cuentas.
Un sistema tecnológico puede ayudar a procesar una gran cantidad de información mucho más rápidamente que una persona. Pero rapidez y eficiencia no son sinónimos de justicia.
¿Fronteras más inteligentes o derechos más frágiles?
El debate tampoco debería reducirse a estar "a favor" o "en contra" de la tecnología.
La inteligencia artificial puede ofrecer herramientas útiles a las administraciones. El verdadero problema aparece cuando la búsqueda de eficiencia convierte derechos fundamentales en simples variables de un sistema automatizado.
En una frontera, una decisión no afecta únicamente a un conjunto de datos. Puede afectar a alguien que huye de una guerra, que busca reunirse con su familia, que necesita protección o que simplemente intenta cruzar legalmente de un país a otro.
Por eso quizá la pregunta más importante no sea si un algoritmo puede determinar quién parece sospechoso. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar que una tecnología que una persona quizá no comprenda, no pueda cuestionar y ni siquiera sabe que existe influya en decisiones capaces de transformar su vida.
Digitalizar una frontera puede hacer que algunos procedimientos sean más rápidos. Pero una frontera más tecnológica no será necesariamente una frontera más justa.
Y cualquier innovación utilizada allí debería partir de algo mucho menos novedoso que la inteligencia artificial: los derechos de la persona que está delante de ella.
Imagina llegar a una frontera después de horas, quizá días, de viaje. Entregas tus documentos, respondes a algunas preguntas y esperas que una persona decida qué ocurre después. Ahora imagina que, en algún momento de ese proceso, interviene también un sistema automatizado: analiza datos, compara información, identifica patrones o calcula un nivel de riesgo.
La escena puede parecer futurista, pero la tecnología ya forma parte de la gestión de la migración y el asilo. Sistemas biométricos, reconocimiento facial, bases de datos, herramientas de análisis automatizado y sistemas de inteligencia artificial se utilizan o se están estudiando para diferentes funciones relacionadas con las fronteras y los procedimientos migratorios. La propia Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) está investigando actualmente cómo las autoridades europeas utilizan tecnologías basadas en inteligencia artificial para apoyar decisiones sobre asilo, visados, permisos de residencia y retornos.
La pregunta, por tanto, ya no es solamente si la tecnología puede hacer estas cosas. La pregunta es otra: ¿qué ocurre con nuestros derechos cuando una decisión tan importante depende, aunque sea parcialmente, de un algoritmo?
Una frontera cada vez más digital
Las fronteras nunca han sido únicamente una línea que separa dos países. Son también espacios en los que se toman decisiones capaces de cambiar completamente la vida de una persona: permitir una entrada, examinar una solicitud de asilo, verificar una identidad o iniciar un procedimiento de retorno.
La digitalización ha añadido una nueva capa a esas decisiones.
Amnesty International ha documentado el uso creciente de tecnologías como la biometría, el reconocimiento facial, los sistemas automatizados de toma de decisiones, los drones, la vigilancia electrónica y diferentes herramientas de análisis de datos en los sistemas migratorios de distintos países.
En su informe The Digital Border: Migration, Technology and Inequality, Amnesty advierte de que estas tecnologías pueden aumentar el riesgo de vulneración de derechos como la privacidad, la igualdad, la no discriminación y el derecho a solicitar asilo.
El problema no es simplemente que una máquina pueda equivocarse. Las personas también se equivocan. El problema aparece cuando un sistema presenta una decisión como si fuera objetiva únicamente porque ha sido producida mediante datos y algoritmos.
Un algoritmo no nace en el vacío. Aprende, clasifica o realiza inferencias utilizando información seleccionada por personas y dentro de sociedades donde ya existen desigualdades. Si los datos reflejan prejuicios o patrones discriminatorios del pasado, existe el riesgo de que la tecnología los reproduzca o incluso los amplifique.
¿Qué significa considerar a alguien un "riesgo"?
Aquí aparece una cuestión especialmente delicada: la perfilación de riesgo.
Un sistema puede utilizar diferentes datos para intentar determinar si una persona representa un determinado riesgo. Pero ¿qué variables utiliza? ¿La nacionalidad? ¿La edad? ¿Los viajes anteriores? ¿La información contenida en distintas bases de datos? ¿Con qué datos fue entrenado el sistema? ¿Quién decidió qué características debían considerarse relevantes?
Y, sobre todo: ¿puede una persona saber por qué ha sido considerada de mayor riesgo y defenderse de esa valoración?
En junio de 2026, Amnesty International publicó precisamente un informe sobre los sistemas automatizados de perfilación de riesgo utilizados por autoridades públicas. La organización sostiene que este tipo de herramientas ha provocado vulneraciones de derechos en ámbitos especialmente sensibles, entre ellos las políticas migratorias, y reclama límites mucho más estrictos a su utilización.
La cuestión se vuelve todavía más importante en una frontera porque existe una gran desigualdad de poder entre la persona sometida al control y la autoridad que utiliza el sistema.
Una persona que pide protección internacional puede encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. Puede no conocer el idioma, no comprender el funcionamiento del procedimiento ni saber que determinados datos están interviniendo en una valoración automatizada.
Por eso la transparencia importa.
¿Qué dice la Unión Europea?
La Unión Europea ha reconocido que estos usos de la inteligencia artificial pueden tener consecuencias especialmente graves.
El AI Act, el reglamento europeo sobre inteligencia artificial, clasifica como de alto riesgo determinados sistemas utilizados por autoridades en los ámbitos de migración, asilo y control de fronteras. Entre ellos se encuentran, en determinadas circunstancias, sistemas destinados a evaluar riesgos relacionados con personas que entran en un Estado miembro o solicitan un visado o asilo, herramientas que apoyan el examen de solicitudes o sistemas destinados a identificar personas en contextos migratorios.
Que sean considerados de "alto riesgo" no significa que estén automáticamente prohibidos. Significa que, cuando su utilización está permitida, deben estar sometidos a garantías reforzadas. El propio AI Act señala riesgos relacionados con la discriminación, la privacidad, la protección de datos personales, la protección internacional y el derecho a una buena administración. También establece que estos sistemas no pueden utilizarse para eludir las obligaciones internacionales de los Estados respecto de las personas refugiadas ni para vulnerar el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un lugar donde pueda enfrentarse a determinados peligros graves.
La regulación europea intenta, por tanto, establecer controles sobre tecnologías que no son necesariamente ilegítimas por sí mismas, pero que pueden tener consecuencias muy distintas dependiendo de cómo, dónde y para qué se utilicen.
La tecnología no elimina la responsabilidad humana
Hay una idea especialmente peligrosa cuando hablamos de inteligencia artificial: creer que, al dejar parte de una decisión en manos de una máquina, desaparece la responsabilidad de las personas.
No es así.
Si un algoritmo considera una solicitud sospechosa, alguien ha diseñado previamente los criterios que utiliza. Alguien ha decidido qué datos recopilar. Alguien ha comprado o autorizado ese sistema. Y una autoridad sigue siendo responsable de la decisión final y de respetar los derechos de la persona afectada.
Precisamente por eso son fundamentales la supervisión humana, la transparencia, la posibilidad de recurrir una decisión y la existencia de mecanismos de rendición de cuentas.
Un sistema tecnológico puede ayudar a procesar una gran cantidad de información mucho más rápidamente que una persona. Pero rapidez y eficiencia no son sinónimos de justicia.
¿Fronteras más inteligentes o derechos más frágiles?
El debate tampoco debería reducirse a estar "a favor" o "en contra" de la tecnología.
La inteligencia artificial puede ofrecer herramientas útiles a las administraciones. El verdadero problema aparece cuando la búsqueda de eficiencia convierte derechos fundamentales en simples variables de un sistema automatizado.
En una frontera, una decisión no afecta únicamente a un conjunto de datos. Puede afectar a alguien que huye de una guerra, que busca reunirse con su familia, que necesita protección o que simplemente intenta cruzar legalmente de un país a otro.
Por eso quizá la pregunta más importante no sea si un algoritmo puede determinar quién parece sospechoso. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar que una tecnología que una persona quizá no comprenda, no pueda cuestionar y ni siquiera sabe que existe influya en decisiones capaces de transformar su vida.
Digitalizar una frontera puede hacer que algunos procedimientos sean más rápidos. Pero una frontera más tecnológica no será necesariamente una frontera más justa.
Y cualquier innovación utilizada allí debería partir de algo mucho menos novedoso que la inteligencia artificial: los derechos de la persona que está delante de ella.
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