Según el diario El País, las primeras semanas de la nueva Guerra del Golfo –tercera desde 1990, ahora contra Irán– estaba suponiendo a EE. UU. un coste diario de cerca de 2.000 millones de dólares. El presidente Trump, que se enfrenta a un cierre parcial de la administración por falta de presupuestos, ha solicitado al Congreso que apruebe un crédito de 200.000 millones de dólares para afrontar los gastos extraordinarios del conflicto. Lo que empezó como una supuesta “operación especial” para derrocar al régimen teocrático de los ayatollahs (el equivalente en nuestro país sería un gobierno controlado por la Conferencia Episcopal), va escalando, en términos casi de manual de geopolítica, a una guerra regional en toda regla, que han comenzado los gobiernos de Trump y Netanyahu obviando el derecho internacional y quebrando los requerimientos de sus propias normas internas.
Las consecuencias económicas a nivel global se notan con claridad e inmediatez en el bolsillo de los ciudadanos, y los gobiernos se apresuran a tomar medidas de intervención que, en lo posible y aún en un contexto de incertidumbre, atemperen unas repercusiones que podrían ir exponencialmente a peor en tanto la guerra continue su escalada y perdure (como es previsible) en el tiempo. El propio poder económico que apoya al presidente Trump parece estar alertando sobre los riesgos de una situación que ya – ahora sí – parece perjudicar a sus intereses, aunque, según lo publicado en la prensa norteamericana, no falta quien saca provecho inmediato de la especulación que sigue de los efectos a corto de las declaraciones sobre el conflicto. Un aparente “caos”, que parece dirigido a golpe de anuncios aleatorios en redes sociales, pero que misteriosamente no lo es para determinados avisados.
Curiosamente, salvo en lo que se refiere a esa voz anónima que suele denominarse “los mercados”, es clamoroso el silencio de los componentes de esa internacional autodenominada nacionalista, que dice salvaguardar las esencias de cada patria, y que cumple a la perfección con su labor de clac de las decisiones extravagantes de su referente mundial; estos a quienes les gusta usar la motosierra como metáfora a aplicar al Estado (ya hemos visto que, en muchas ocasiones, demasiado explícitamente), anunciando como solución global la eliminación del gasto público, de los impuestos y prometen la liberalización total de la economía. No estamos oyendo su posición frente al incremento de gasto que implica la guerra. Ni siquiera frente a las medidas para amortizar sus efectos. En sus términos, alguien podría argumentar que la guerra no es sostenible, o incluso que se basa en los intereses confesables e inconfesables de “cuatro amiguetes”.
Ciertamente este planteamiento es simplista. Pero refleja posiblemente la realidad, también demasiado simple, del debate en que se ha situado interesadamente el papel del Estado, la necesidad de su correcta financiación y la política fiscal y de gasto. Cuestión evidentemente compleja que debería tener consideración constituyente como parte esencial del pacto social que debe conformar cualquier Estado democrático y que debería alejarnos de posiciones maniqueas como las que hemos planteado, pero que inundan las redes teniendo como destinatarios una población que se toma por inculta.
Parece increíble que la posibilidad de un desastre mundial, además de las muertes y destrozos de vidas humanas y de sus expectativas que se están produciendo, estén dependiendo de decisiones de personajes que se rigen por una valoración egocentrada y cortoplacista de las consecuencias de sus acciones, y que se permiten despreciarlas cuando resulta abrumadoramente evidente su carácter negativo. Es llamativo también que asumamos sin más que la única opción de parar la barbarie no está en los procedimientos democráticos formales, sino en la reacción de las mismas o distintas oligarquías económicas, cuya posición puede servir, o al menos parecer, de contrapeso a estas decisiones o, a lo sumo (y que la guerra no sea la excusa para obviarlo), para evitar que la situación perjudique intereses electorales mientras sean un requisito para mantener el poder político.
La guerra va a tener unas consecuencias importantes que conllevarán una previsible contracción de la economía. La subida de los precios (ya evidente), la repercusión inmediata sobre los tipos de interés (el encarecimiento de la deuda privada comenzando por las hipotecas), la afectación a la prima de riesgo y al dinero que hay que destinar al endeudamiento público (además de las dificultades del propio endeudamiento) son solo algunos aspectos inmediatos que ya se están mostrando. Los ciudadanos de a pie son, somos, los primeros que comenzamos a sufrir las consecuencias de una toma de decisión ajena que no entendemos ni nos explican razonadamente más que a través de discursos infantiles, cambiantes y, siempre, simplistas. Como decíamos en párrafos anteriores, por primera vez en la historia una guerra parece ser dirigida por el líder de la primera potencia mundial, con unos niveles de credibilidad bajo mínimos, a través de publicaciones en redes sociales, a las que hay que estar más atento que a los comunicados oficiales.
En España se acaban de aprobar un conjunto de medidas, por un importe superior a los 5.000 millones de euros, que tienen un carácter coyuntural ante la evidencia de que los problemas que llegan pueden estar sólo en sus inicios. En todo caso, su efectiva aplicación requerirá en muchos casos modificaciones y adaptaciones presupuestarias que están pendientes. Hay que reiterar la necesidad de una política fiscal acordada, medidas que refuercen los sistemas que conforman el modelo, que atienda las demandas de la ciudadanía y pongan en evidencia las contradicciones y falta de coherencia constante de los voceros patrios del anarcoliberalismo que no dudan en reclamar la protección del Estado cuando vienen mal dadas, pero que no están dispuestos a contribuir en lo que les corresponde.
Un ejemplo que expresa la gravedad que puede llegar a adquirir la situación en nuestro país: las medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, sobre la base de su mantenimiento y del aseguramiento de su revalorización, se plantea sobre un porcentaje del 15% del PIB. Si llega una situación de recesión, una reducción de los ingresos (por una bajada de salarios o por un descenso del empleo – incluso una reducción de la población inmigrante como ocurrió en la Gran Recesión –) pondría en tensión algo tan básico como nuestro sistema de protección social; por no hablar de la salud, de la dependencia, de la educación o de los servicios públicos esenciales, también la universidad y la investigación.
Por ello, ante una situación como la actual, causada por la actuación irresponsable del presidente de los EE. UU., ante las presiones de quien sea, nos encontramos como país ante la tesitura de estar a la altura de sus necesidades, presentes y, sobre todo, futuras. Más allá de los eslóganes repetitivos, más o menos acertados, para el tacticismo diario, se requeriría un posicionamiento consensuado como país por parte de los partidos con vocación de gobierno. Es lo que creemos que exige la situación a nivel interno, para así poder trasladar una posición fuerte de un país fuerte con criterio propio que asumiera su correspondiente liderazgo a nivel comunitario e internacional. Como hemos insistido reiteradamente desde esta columna, gobernar no es estar en el gobierno y querer gobernar (aspiración legítima) no debería consistir en querer estar el gobierno a cualquier coste.
Ya estamos comprobando a dónde nos llevan los populismos, finalmente autocráticos cuando alcanzan el poder, que defienden el egoísmo personal e idiotizan a la ciudadanía y la condenan conscientemente a la ignorancia. Llevan a la guerra, a la muerte y a la destrucción. La respuesta debe estar en un comportamiento responsable, consensuado, sin perjuicio de las diferencias que son legítimas, pero con el objetivo de construir un país mejor para todos en un contexto internacional absolutamente inestable (por ser comedidos). No perdamos la fe en que es posible.