El desahucio de Maricarmen ha activado, como símbolo, una corriente de protesta en torno a un problema que tiene, hoy en día, un evidente carácter estructural en nuestro país. Es la fuerza que tienen los símbolos, capaces de generar la chispa catalizadora de consecuencias que a veces escapan de las fórmulas de control, tanto las tradicionales como las modernas. A la vez que se crea el símbolo, aparece también el riesgo de creer que apropiándote de él – de su nombre, de su imagen, … – te ubicas, poco menos que por arte de magia, en la solución de la patología de fondo que está detrás del síntoma.

Dejar en este exclusivo nivel – el de ganar el relato – la solución de los problemas que se identifican con el símbolo es ahondar en el mismo error, también estructural, que supone no atender – y, sobre todo, no haber atendido – una cuestión transversal, de carácter esencial, que afecta a sectores muy amplios y diversos de la sociedad: la vivienda.

Es evidente que tenemos un problema de vivienda y con la vivienda. Así lo ha venido constatando año tras año el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A), entre otras entidades. CES Andalucía reclama, en sus recomendaciones y propuestas, atención urgente para la cuestión. Los problemas señalados son tanto de oferta (con diferente gravedad según el territorio) como de acceso, derivados de los precios de alquiler y de compra, que se unen a perspectivas negativas de las condiciones financieras para la adquisición.

Las causas son muchas, y todas ellas reflejan una falta de atención generalizada ante un problema que, estando latente, no parece que hubiera sido percibido como tal o, al menos, en toda su intensidad, por las fuerzas políticas con responsabilidad en los gobiernos; hoy en día casi todas. Fallo grave, siendo la vivienda un paradigma de reparto de competencias interrelacionadas de las que ninguna Administración escapa.

Expertos en la materia – interesantes los estudios de Santiago Carbó sobre el tema – insisten en varios aspectos recurrentes: insuficiencia del número de viviendas disponibles, con tendencia a empeorar; déficits estructurales en el sector de la construcción – entre otros, de mano de obra cualificada, y de falta de tejido empresarial – que impiden acercar la oferta a la demanda con la agilidad necesaria; la consideración de la vivienda como refugio del ahorro privado y de la inversión no productiva, o el abuso de su utilización para fines no habitacionales (lo que no es sino un eufemismo para aludir al exceso de pisos turísticos), entre otras cuestiones.

Otros factores a tener en cuenta

Hay otros factores interesantes a considerar. Por ejemplo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) fue la entidad encargada de la gestión de los bienes problemáticos provenientes de las entidades financieras que dieron lugar a la crisis bancaria que siguió a la burbuja inmobiliaria. Su capital es mayoritariamente público, y, por tanto, el Estado decide. La Sareb asumió activos e inmuebles por valor de más de 50 mil millones de euros. Los criterios de actuación sobre los mismos han sido hasta hace poco más de un año puramente de mercado, con el fin declarado de “sanear los balances”, dando incluso entrada a inversores que solo buscan una elevada rentabilidad. La conclusión parece simple: el Estado tenía disponible un stock muy importante de inmuebles, derivado de la mala gestión bancaria, y no ha considerado hasta hace poco una visión social para ellos. Siempre es necesario recordar que el sector bancario español fue rescatado por el Estado a un elevado coste, que han pagado los ciudadanos de muchas maneras directas e indirectas.

Por el lado de las comunidades autónomas, la mayor parte de los estatutos de autonomía establecen que numerosas competencias clave en materia de vivienda corresponden “en exclusiva” a los gobiernos regionales, entre ellos la promoción de vivienda pública, por poner un ejemplo. La evolución de la construcción de vivienda protegida es reveladora. En los años 1980 se terminaban casi 120.000 viviendas públicas al año, promovidas por el gobierno central. En los 2000, según las comunidades autónomas se hacían cargo de sus competencias, el Gobierno de España ya solo terminaba unas 60.000 viviendas públicas cada ejercicio. Los gobiernos autónomos debieron haber tomado el relevo, pero la llegada de la crisis financiera de 2008, justamente vinculada a una excesiva construcción de viviendas, frenó esta competencia.  En los peores años de la crisis, a mitad de la década de 2010, se terminaban en España 50.000 viviendas, casi todas ellas privadas, dato que contrasta con las más de 500.000 que se terminaron en 2009. Visto el comportamiento de los gobiernos autonómicos, parecería que, una vez superada la crisis al final de la década, se hubieran “olvidado” de su responsabilidad, hasta que les ha atropellado el problema. Así ha sucedido en Andalucía. En la actual situación de crisis, el gobierno andaluz ha optado por lo que siempre hace: propaganda desconectada de los hechos.

Y en lo que toca a las Corporaciones locales, el ejemplo mencionado sobre el uso turístico descontrolado de locales y pisos es también paradigmático: la vía de unos hechos a los que no se pone coto, desnaturaliza la planificación urbanística, que es la base del desarrollo de las ciudades. Sin locales, no hay comercios de cercanía; sin habitantes “convencionales”, ¿cómo se planifican, entonces, los servicios públicos de los barrios?

Son solo ejemplos de la generalizada falta de visión de un problema estructural. Pero, en todo caso, en una cuestión como esta, como en todas las importantes, la solución no puede ser simple. Es necesaria una estrategia planificada, en la que habría que considerar muchos vectores que determinan no solo la situación del denominado “mercado de la vivienda”, sino la estructura socio económica del país.

El problema va más allá

Porque el problema de la vivienda no es solo de vivienda. Es también de modelo económico, como decimos. Si se opta por el escaso valor añadido y los salarios bajos, el asunto termina por adquirir caracteres vitales para las personas. Hace pocos días, el exministro Miguel Sebastián destacaba que estamos en mínimos de las últimas décadas en número de desahucios. Incluso así, es normal la sensibilidad a flor de piel, y que muchos teman verse en esta situación. El motivo, como bien ha recordado el economista José Carlos Díez, radica en que en nuestro país el salario mínimo es el sueldo más frecuente, y el salario medio, en términos reales, lleva 25 años estancado, afectando la cuestión muy especialmente a los jóvenes. La sensación de angustia y discriminación es entendible, y también que se exijan explicaciones y cambios, sin los cuales podrían producirse efectos sociales y políticos de calado.

El abanico de medidas a tomar requiere grandes acuerdos, de amplio espectro, entre todas las fuerzas políticas. Como decimos, para empezar, hay que atender el modelo económico. Las subidas del SMI promovidas por el actual gobierno no parecen haber afectado negativamente al empleo (¿se imaginan el panorama sin esas subidas?), pero no han permitido una convergencia real de rentas, por lo que las desigualdades se agrandan. Los jóvenes, la generación mejor formada de nuestra historia, no pueden seguir incorporándose al mercado laboral con sueldos de becario, pero para poder subirlos hay que tener buenas empresas, con mayor tamaño, innovadoras, internacionalizadas y, sobre todo, más productivas. Las barreras que lo dificultan deben reconsiderarse.

La vivienda es un bien necesario, pero a la vez es un bien de inversión (ojo en esto a los efectos transnacionales).  De la naturaleza de la vivienda como bien de inversión participan, mediante compra y venta, tanto los propietarios particulares como los corporativos. La diferencia está en que, para el propietario particular, que quiere formar un hogar, el reto es “entrar” en el mercado con una primera vivienda. A partir de ahí puede “jugar”, sobre todo si adquiere una segunda vivienda. Y como bien necesario, considerando también la alternativa del alquiler, es tan imprescindible como el pan, pero ¿se imaginan que se permitiera “invertir en pan” con objetivos especulativos, en una situación en la que hubiera escasez de trigo?

Porque de eso va realmente el asunto: estamos en una situación de fallo de mercado, que no se ha contenido a tiempo con medidas adecuadas. Echarse la culpa unos a otros no tiene sentido, y la polarización tampoco. Poner a pelear a inquilinos y propietarios individuales es un despropósito impropio de políticos serios.

Además, llegados a este punto, ¿qué tiene de raro que los gobiernos intervengan mediante instrumentos legítimos y consensuados en mercados que no están cumpliendo su misión eficientemente? Cuando los mercados financieros han fallado, se ha intervenido.  Cuando el mercado energético ha fallado, se ha intervenido (se está interviniendo) … ¿Qué es la PAC sino una gigantesca intervención en el mercado? Tristemente, ni siquiera esto se sabe defender como es debido.

De forma que hay mucho que hacer. Pero no puede caerse en la comodidad intelectual de usar, improvisada y precipitadamente, solo las herramientas de efectos llamativos o tácticamente oportunos. Pónganse todos a trabajar, pensando en el corto, medio y largo plazo, si no quieren que este fallo de mercado termine por evidenciar un fallo sistémico subyacente de nuestra estructura política, que empieza a preocupar en serio. Piensen todos en España, en todas las personas que viven y trabajan en nuestro país, y tómenlo como costumbre.

¿Y ahora, elecciones?