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La imagen es sencilla y por eso no se puede maquillar: viajeros esperando un metro que tarda más de lo habitual, apretados en paradas donde la sombra es escasa y el sol del verano cayendo sin misericordia. La huelga del metro ha provocado retrasos y aglomeraciones como cualquier huelga, pero también ha servido para demostrar aquello que el Ayuntamiento lleva años sin solucionar: esta ciudad no está preparada para proteger a sus vecinos del calor extremo.
Conviene repartir las responsabilidades con precisión. El Ayuntamiento no negocia el convenio colectivo de la plantilla del Metro, no dirige la empresa concesionaria y tampoco fija los servicios mínimos. La huelga enfrenta a los trabajadores con la empresa Avanza y afecta a un servicio cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía. Cargarle a la alcaldesa la responsabilidad directa de los paros sería falso. Los trabajadores exigen mejoras, algo que es totalmente lícito.
Pero el espacio urbano sí es asunto municipal. Los árboles, las plazas, las zonas peatonales, la apertura de bibliotecas y centros cívicos, los puntos de agua, los bancos, los toldos y buena parte de las zonas de sombra dependen de decisiones municipales. Y ahí el gobierno de Marifrán Carazo no puede esconderse detrás de la Junta, de Avanza ni de los trabajadores.
Durante los paros de julio, los servicios mínimos han sido del 50% y las frecuencias han llegado a superar los veinte minutos en determinadas franjas. Veinte minutos pueden parecer poca cosa vistos desde un despacho climatizado en la Plaza del Carmen. Bajo el sol, para una persona mayor, una embarazada, un niño, alguien con una enfermedad crónica o un trabajador que vuelve a casa después de ocho horas, pueden convertirse en una condena evitable.
Granada conoce el calor. No acaba de descubrirlo. Tampoco acaba de descubrir el cambio climático, las olas de calor ni el efecto de las plazas construidas sin árboles, con granito y hormigón y por supuesto con la fotografía de inauguración. Durante mucho tiempo se ha confundido modernizar la ciudad con pelarla: menos árboles, más pavimento; menos sombra, más superficie baldosas; menos lugares para sentarse, más espacios diseñados para circular, consumir o marcharse.
El Ayuntamiento ha anunciado ahora un proyecto de 4,27 millones de euros que contempla 45 islas urbanas de sombra, 157 pérgolas, 206 árboles, fuentes de agua y actuaciones en colegios y plazas. Sobre el papel, la iniciativa es necesaria. El problema es precisamente ese: que todavía está sobre el papel.
A finales de junio, el propio gobierno municipal hablaba de ultimar la licitación, redactar los proyectos durante tres meses y ejecutar después las obras. Es decir, la gran respuesta climática de Granada llegará, en el mejor de los casos, cuando el verano que ya está castigando a la población haya terminado.
La propaganda municipal trabaja en futuro. El calor trabaja en presente.
También se ha aprobado una moción para crear una red municipal de refugios climáticos mediante centros cívicos, bibliotecas, instalaciones deportivas y otros edificios públicos. Pero esa red tampoco funcionará este verano. Habrá informes, estudios y trámites. Mientras tanto, quienes no tienen aire acondicionado, quienes viven en viviendas mal aisladas o quienes sencillamente necesitan atravesar la ciudad seguirán buscando una sombra como quien busca agua.
La situación resulta aún más escandalosa cuando se mira a quienes viven en la calle. Granada ha habilitado un recurso estival con 27 plazas y horario limitado para una población sin hogar que las organizaciones sociales cifran en torno a 300 personas. Veintisiete plazas para trescientas personas no son una política pública: son una coartada administrativa. Y cerrar por la noche un refugio contra el calor para devolver a sus usuarios a la calle tiene algo de broma macabra.
Un refugio climático no es colocar una etiqueta verde en un edificio. Debe ser gratuito, reconocible, accesible, estar distribuido por los barrios, disponer de agua y asientos y abrir precisamente cuando el riesgo es mayor. Tampoco basta con habilitar interiores climatizados. Granada necesita sombra en las calles, árboles adultos, toldos temporales, marquesinas eficaces, fuentes públicas y recorridos peatonales que permitan desplazarse sin cruzar un desierto de asfalto.
No hace falta esperar a una obra millonaria para empezar. El Ayuntamiento podría abrir y señalizar desde mañana bibliotecas y centros cívicos; ampliar sus horarios durante las alertas; instalar toldos provisionales en puntos críticos; colocar fuentes móviles; publicar un mapa claro de espacios frescos; coordinarse con comercios, parroquias, asociaciones y equipamientos públicos; y exigir a la Junta una revisión urgente de la protección térmica en las paradas del Metro.
Algunas medidas cuestan dinero. Otras cuestan voluntad, organización y abandonar la costumbre de gobernar mediante anuncios.
La cuestión de fondo es política. El calor no afecta a todos por igual. Quien dispone de coche climatizado, vivienda bien aislada, piscina o dinero para sentarse en una terraza refrigerada puede protegerse. Quien depende del transporte público, vive en un piso recalentado o trabaja en la calle paga con su cuerpo la falta de planificación. La desigualdad también se mide en grados y en metros de sombra.
La televisión ha mostrado estos días a viajeros esperando bajo el sol por culpa de una huelga. Pero sería cómodo reducirlo todo a una disputa laboral y esperar a que los trenes recuperen su frecuencia. La verdadera noticia es otra: bastó con que el Metro tardara unos minutos más para descubrir que Granada no ofrece refugio a quienes la habitan.
Una ciudad no se vuelve moderna llenando expedientes de palabras como resiliencia, sostenibilidad o caminos amables. Se vuelve habitable cuando una mujer mayor puede esperar el transporte sin marearse, cuando un niño encuentra un árbol camino del colegio y cuando nadie necesita pagar una consumición para escapar del calor.
Granada no necesita más promesas de sombra para el verano siguiente. Necesita sombra ahora. Porque cuando el sol cae a plomo, la incompetencia municipal también quema.
La imagen es sencilla y por eso no se puede maquillar: viajeros esperando un metro que tarda más de lo habitual, apretados en paradas donde la sombra es escasa y el sol del verano cayendo sin misericordia. La huelga del metro ha provocado retrasos y aglomeraciones como cualquier huelga, pero también ha servido para demostrar aquello que el Ayuntamiento lleva años sin solucionar: esta ciudad no está preparada para proteger a sus vecinos del calor extremo.
Conviene repartir las responsabilidades con precisión. El Ayuntamiento no negocia el convenio colectivo de la plantilla del Metro, no dirige la empresa concesionaria y tampoco fija los servicios mínimos. La huelga enfrenta a los trabajadores con la empresa Avanza y afecta a un servicio cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía. Cargarle a la alcaldesa la responsabilidad directa de los paros sería falso. Los trabajadores exigen mejoras, algo que es totalmente lícito.
Pero el espacio urbano sí es asunto municipal. Los árboles, las plazas, las zonas peatonales, la apertura de bibliotecas y centros cívicos, los puntos de agua, los bancos, los toldos y buena parte de las zonas de sombra dependen de decisiones municipales. Y ahí el gobierno de Marifrán Carazo no puede esconderse detrás de la Junta, de Avanza ni de los trabajadores.
Durante los paros de julio, los servicios mínimos han sido del 50% y las frecuencias han llegado a superar los veinte minutos en determinadas franjas. Veinte minutos pueden parecer poca cosa vistos desde un despacho climatizado en la Plaza del Carmen. Bajo el sol, para una persona mayor, una embarazada, un niño, alguien con una enfermedad crónica o un trabajador que vuelve a casa después de ocho horas, pueden convertirse en una condena evitable.
Granada conoce el calor. No acaba de descubrirlo. Tampoco acaba de descubrir el cambio climático, las olas de calor ni el efecto de las plazas construidas sin árboles, con granito y hormigón y por supuesto con la fotografía de inauguración. Durante mucho tiempo se ha confundido modernizar la ciudad con pelarla: menos árboles, más pavimento; menos sombra, más superficie baldosas; menos lugares para sentarse, más espacios diseñados para circular, consumir o marcharse.
El Ayuntamiento ha anunciado ahora un proyecto de 4,27 millones de euros que contempla 45 islas urbanas de sombra, 157 pérgolas, 206 árboles, fuentes de agua y actuaciones en colegios y plazas. Sobre el papel, la iniciativa es necesaria. El problema es precisamente ese: que todavía está sobre el papel.
A finales de junio, el propio gobierno municipal hablaba de ultimar la licitación, redactar los proyectos durante tres meses y ejecutar después las obras. Es decir, la gran respuesta climática de Granada llegará, en el mejor de los casos, cuando el verano que ya está castigando a la población haya terminado.
La propaganda municipal trabaja en futuro. El calor trabaja en presente.
También se ha aprobado una moción para crear una red municipal de refugios climáticos mediante centros cívicos, bibliotecas, instalaciones deportivas y otros edificios públicos. Pero esa red tampoco funcionará este verano. Habrá informes, estudios y trámites. Mientras tanto, quienes no tienen aire acondicionado, quienes viven en viviendas mal aisladas o quienes sencillamente necesitan atravesar la ciudad seguirán buscando una sombra como quien busca agua.
La situación resulta aún más escandalosa cuando se mira a quienes viven en la calle. Granada ha habilitado un recurso estival con 27 plazas y horario limitado para una población sin hogar que las organizaciones sociales cifran en torno a 300 personas. Veintisiete plazas para trescientas personas no son una política pública: son una coartada administrativa. Y cerrar por la noche un refugio contra el calor para devolver a sus usuarios a la calle tiene algo de broma macabra.
Un refugio climático no es colocar una etiqueta verde en un edificio. Debe ser gratuito, reconocible, accesible, estar distribuido por los barrios, disponer de agua y asientos y abrir precisamente cuando el riesgo es mayor. Tampoco basta con habilitar interiores climatizados. Granada necesita sombra en las calles, árboles adultos, toldos temporales, marquesinas eficaces, fuentes públicas y recorridos peatonales que permitan desplazarse sin cruzar un desierto de asfalto.
No hace falta esperar a una obra millonaria para empezar. El Ayuntamiento podría abrir y señalizar desde mañana bibliotecas y centros cívicos; ampliar sus horarios durante las alertas; instalar toldos provisionales en puntos críticos; colocar fuentes móviles; publicar un mapa claro de espacios frescos; coordinarse con comercios, parroquias, asociaciones y equipamientos públicos; y exigir a la Junta una revisión urgente de la protección térmica en las paradas del Metro.
Algunas medidas cuestan dinero. Otras cuestan voluntad, organización y abandonar la costumbre de gobernar mediante anuncios.
La cuestión de fondo es política. El calor no afecta a todos por igual. Quien dispone de coche climatizado, vivienda bien aislada, piscina o dinero para sentarse en una terraza refrigerada puede protegerse. Quien depende del transporte público, vive en un piso recalentado o trabaja en la calle paga con su cuerpo la falta de planificación. La desigualdad también se mide en grados y en metros de sombra.
La televisión ha mostrado estos días a viajeros esperando bajo el sol por culpa de una huelga. Pero sería cómodo reducirlo todo a una disputa laboral y esperar a que los trenes recuperen su frecuencia. La verdadera noticia es otra: bastó con que el Metro tardara unos minutos más para descubrir que Granada no ofrece refugio a quienes la habitan.
Una ciudad no se vuelve moderna llenando expedientes de palabras como resiliencia, sostenibilidad o caminos amables. Se vuelve habitable cuando una mujer mayor puede esperar el transporte sin marearse, cuando un niño encuentra un árbol camino del colegio y cuando nadie necesita pagar una consumición para escapar del calor.
Granada no necesita más promesas de sombra para el verano siguiente. Necesita sombra ahora. Porque cuando el sol cae a plomo, la incompetencia municipal también quema.
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