Lo que hemos visto este fin de semana en la precampaña electoral de Pedro Sánchez, con una nueva recomendación musical de Spotify y sus posteriores provocaciones sobre si su adversario político es más o menos triste, supera cualquier ejercicio de frivolidad política y evidencia una preocupante falta de sensibilidad hacia el dolor de un país.

Vivimos tiempos de absoluto desgobierno. No es una exageración ni una frase hecha, basta con remitirse a los hechos. España atraviesa una situación de enorme gravedad institucional y social. Se suceden las tragedias, las investigaciones judiciales y las crisis políticas, mientras miles de ciudadanos esperan respuestas y las familias de las víctimas intentan recomponer sus vidas. Ante semejante escenario, lo mínimo exigible a quien preside el Gobierno es comprensión, empatía y respeto.

Todavía estamos intentando asimilar la tragedia ferroviaria de Urda, con 69 víctimas mortales, tras el accidente de Adamuz, que se cobró otras 46 vidas. El país está roto de dolor. Por eso, en medio de tanto sufrimiento, resulta de una frivolidad absoluta —y me atrevería a calificarlo de una preocupante falta de humanidad— ver a un presidente del Gobierno centrado en convertir sus mítines en un escaparate de canciones y provocaciones sobre si su adversario político es triste o no. Cuesta entenderlo. Y cuesta todavía más aceptarlo. No es la primera vez: ya lo hizo en plena crisis de Estado de Ceuta. Parece que no hay límite para esta frivolización.

Vidas truncadas

Es triste tener que recordar, a estas alturas, que detrás de cada cifra hay una vida, una familia y una historia truncada. Jóvenes que habían estudiado, trabajado y luchado por abrirse camino; personas que iban a sus puestos de trabajo, que regresaban a casa o que simplemente habían cogido un tren para visitar a sus padres. Una madre que viajaba para asistir a la boda de su hija, uno de los momentos más felices de la vida…Proyectos, ilusiones y familias destrozadas en cuestión de segundos. 

No son estadísticas. Son hijos, hermanos, padres que ya no podrán ver crecer a sus hijos ni acompañarlos en sus primeros pasos; momentos que el propio Óscar Puente evocó en su dimisión a la hora de no querer perderse nada de su familia. Son amigos, compañeros, personas cuyas historias y proyectos se han truncado para siempre y que sentimos ya como parte de nuestras propias familias. 

Mientras las familias lloran a sus seres queridos y esperan respuestas sobre cómo pudo producirse una sucesión de fallos tan graves en el sistema ferroviario español, un presidente del Gobierno no puede permitirse semejante desconexión emocional. Es una cuestión de humanidad y empatía, pero también de responsabilidad institucional y de respeto. Y si la sensibilidad ante el dolor ajeno no basta, al menos debería prevalecer la obligación de estar a la altura de las circunstancias.

Venimos de una crisis de enorme gravedad en Ceuta, donde más de 100.000 personas cruzaron la frontera en apenas dos días y cuyo informe policial apunta a una entrada planificada, con participación de agentes marroquíes que habrían guiado a los migrantes. Una crisis sobre la que todavía quedan demasiadas preguntas por responder. 

Opinión

"Ceuta es española hasta la médula" Roxana Sáez

Arrastramos también las incógnitas y la controversia política sobre el giro histórico de España respecto al Sáhara Occidental. Y ahora asistimos a los últimos pasos judiciales que despejan el camino para el regreso de Puigdemont, después de que Pedro Sánchez asegurara, antes de las elecciones de julio de 2023, que no habría amnistía. Una promesa que terminó incumpliendo y que abrió una profunda controversia sobre la igualdad ante la ley y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Y cuando hablamos de corrupción ya no hablamos de episodios aislados ni de personas ajenas al círculo de confianza del presidente. Hablamos de quienes ocuparon posiciones de máxima responsabilidad a su lado y de un Ministerio que debería ser una garantía para los ciudadanos y que se ha convertido en el epicentro de algunas de las investigaciones más graves de esta legislatura.

José Luis Ábalos, su exministro de Transportes y antiguo hombre de máxima confianza, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión. Koldo García, quien fuera su asesor y colaborador más estrecho, también ha sido condenado a 19 años y ocho meses. Y las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos públicos siguen avanzando.

Titulares gravísimos

A ello se suma la investigación de la Fiscalía Europea por un posible fraude en los fondos comunitarios destinados a renovar y mejorar la seguridad, la señalización y las comunicaciones de la línea Madrid-Sevilla. Una noticia que añade todavía más inquietud al dolor de las familias. Y, como colofón, la polémica por los bonus de Adif: los acuerdos que mantienen las retribuciones variables vinculadas a objetivos se aprobaron el mismo día en que dimitió su presidente, en plena crisis ferroviaria. Informaciones que, en medio de una tragedia de semejante magnitud, resultan especialmente difíciles de encajar y exigen explicaciones.

Respuestas a preguntas como: ¿qué ha pasado en el Ministerio de Transportes? ¿Qué se ha hecho con el dinero destinado a nuestras infraestructuras? ¿Cómo se han gestionado los recursos que debían garantizar la seguridad de nuestros trenes? No estoy afirmando que exista una relación entre la corrupción investigada y los accidentes. Eso corresponde determinarlo a la Justicia. Pero sí aprovecho este espacio para pedir que se esclarezca hasta el último euro y que se depuren todas las responsabilidades.

A estas alturas del artículo, creo que es fácil entender la indignación que provoca volver a escuchar a Pedro Sánchez hablar de Spotify. Y considero un tremendo error que sus adversarios políticos entren en ese juego. No se trata de que Sánchez tenga o no sentido del humor, ni de que Feijóo sea más o menos triste. Se trata de algo mucho más serio: España necesita un presidente que esté a la altura de lo que está viviendo el país, que dé respuestas y que sepa estar al lado de sus ciudadanos cuando más lo necesitan.

También el PSOE tiene una responsabilidad. ¿Cómo es posible que un partido con tanta historia y tantos dirigentes no haya sido capaz de abrir un debate sobre su futuro y plantear una alternativa? ¿De verdad nadie considera que este ciclo político ha llegado a su final?

A la oposición le daría un último consejo: no caigan en sus provocaciones. No conviertan la política en una competición de ocurrencias. España necesita propuestas, gestión, fiscalización y altura de miras.

Porque hay momentos en los que las diferencias políticas deben dejar paso a algo mucho más importante: el respeto a las personas, a las víctimas y a sus familias. Y lo ocurrido en Urda ha cambiado necesariamente el escenario político y electoral. No se puede hacer campaña como si nada hubiera pasado.