Hay informes científicos que sirven para conocer mejor el mundo y otros que obligan a preguntarnos qué mundo estamos construyendo. El nuevo análisis de una comisión de 37 expertos publicado en The Lancet pertenece a esta segunda categoría. Su mensaje es inquietante: la humanidad se enfrenta a 17 grandes amenazas que pueden comprometer gravemente la salud, el bienestar y la supervivencia de las próximas generaciones hasta el año 2100.

Entre ellas aparecen riesgos que conocemos desde hace décadas, como el tabaquismo, la obesidad, la contaminación atmosférica, la hipertensión, la desnutrición infantil o las resistencias a los antimicrobianos. Pero también figuran amenazas cuya dimensión obliga a ampliar nuestra manera de entender la salud pública: una guerra nuclear y el uso malicioso de la inteligencia artificial.

No estamos hablando únicamente de enfermedades. Estamos hablando de las condiciones que permiten vivir, de la estabilidad de nuestras sociedades, de la seguridad alimentaria, de la capacidad de los sistemas sanitarios para responder a las crisis y de la responsabilidad que tenemos con quienes todavía no han nacido.

Cuando la salud pública tiene que mirar más allá de los hospitales

Una de las aportaciones más interesantes del informe es que rompe con una visión limitada de la salud. Durante demasiado tiempo hemos asociado los problemas sanitarios con las enfermedades, los hospitales, los tratamientos y los profesionales que atienden a las personas cuando enferman. Todo eso es imprescindible, pero resulta insuficiente para explicar qué determina nuestra salud y qué puede ponerla en peligro a escala global.

La salud también depende del aire que respiramos, de los alimentos que podemos comprar, de la vivienda en la que vivimos, de la educación que recibimos, de las condiciones laborales, de la protección social y de la posibilidad de acceder a servicios públicos de calidad. Depende, además, de la paz, de la estabilidad de las instituciones y de que la ciencia y la tecnología se utilicen para mejorar la vida, no para destruirla.

La comisión identifica amenazas que atraviesan ámbitos muy distintos: contaminación del aire, resistencia antimicrobiana, pandemias de origen natural, cambio climático, malnutrición infantil, conflictos convencionales, desigualdad económica, bajo nivel educativo, retroceso de la ayuda al desarrollo, envejecimiento no saludable, problemas de salud mental, obesidad, hipertensión, tabaquismo y consumo perjudicial de alcohol, junto con el riesgo de guerra nuclear y el uso malicioso de la inteligencia artificial. El conjunto muestra hasta qué punto los problemas sanitarios, sociales, ambientales y tecnológicos están relacionados.

Esta mirada es fundamental porque las amenazas no actúan de forma aislada. La pobreza agrava la malnutrición; el cambio climático deteriora las condiciones de vida y puede aumentar la inseguridad alimentaria; los conflictos destruyen infraestructuras sanitarias y desplazan a millones de personas; y la debilidad de los sistemas de protección deja a las poblaciones más vulnerables con menos herramientas para afrontar las crisis.

La salud pública debe anticiparse a esas conexiones, no limitarse a reparar sus consecuencias.

La posibilidad de un apocalipsis no es la única alarma

Que una guerra nuclear y el uso malicioso de la inteligencia artificial aparezcan entre las amenazas con potencial de extinción resulta especialmente llamativo. La comisión advierte de que la probabilidad de estos escenarios es incierta, pero que sus consecuencias podrían ser catastróficas.

Una guerra nuclear no supondría únicamente una destrucción inmediata y un número incalculable de víctimas. Sus efectos podrían prolongarse durante años, alterar el clima, reducir la producción agrícola, interrumpir las cadenas de suministro y desencadenar una hambruna de alcance mundial.

La inteligencia artificial plantea otros riesgos. Su utilización maliciosa podría facilitar el desarrollo de patógenos peligrosos, comprometer infraestructuras críticas o contribuir a decisiones automatizadas de consecuencias devastadoras. No se trata de presentar toda innovación tecnológica como una amenaza, sino de comprender que el desarrollo científico necesita seguridad, regulación, transparencia y responsabilidad.

La tecnología puede ayudar a diagnosticar enfermedades, mejorar la vigilancia epidemiológica y acelerar la investigación. Pero su utilidad social no está garantizada por el mero hecho de que sea innovadora. Importan los objetivos con los que se desarrolla, quién controla sus aplicaciones y qué mecanismos existen para evitar daños.

La pregunta no debería ser si tenemos que frenar el progreso, sino cómo conseguir que el progreso esté al servicio de la humanidad.

El cambio climático y la desigualdad también enferman

Mientras nos preocupan los escenarios más extremos, no podemos olvidar las amenazas que ya están deteriorando la salud de millones de personas. El cambio climático es una de ellas. Las temperaturas extremas, los incendios, las inundaciones, la contaminación y las alteraciones en la disponibilidad de alimentos tienen consecuencias sanitarias que van mucho más allá de una emergencia puntual.

Además, el impacto no se distribuye por igual. Las personas con menos recursos suelen disponer de viviendas peor acondicionadas, trabajos más expuestos al calor, menor capacidad para adaptarse y más dificultades para acceder a determinados servicios. La misma amenaza ambiental puede tener consecuencias muy diferentes según el lugar donde vivimos y los recursos de los que disponemos.

Por eso, hablar de cambio climático es también hablar de desigualdad. Y hablar de desigualdad es hablar de salud.

Lo mismo sucede con la malnutrición infantil, la educación o la reducción de la ayuda al desarrollo. Detrás de estas cuestiones hay oportunidades de vida que se distribuyen de manera profundamente desigual. Nacer en un lugar determinado puede condicionar la posibilidad de recibir vacunas, acceder a agua segura, completar la educación, disponer de atención sanitaria o sobrevivir a una crisis alimentaria.

No podemos aceptar como inevitables unas diferencias que dependen, en buena medida, de decisiones económicas, sociales y políticas.

La prevención exige actuar sobre esas causas. No basta con recomendar hábitos saludables si las personas carecen de condiciones materiales para mantenerlos. No basta con pedir que se cuiden si los entornos en los que viven dificultan ese cuidado. Y no basta con disponer de tratamientos eficaces si existen barreras que impiden acceder a ellos.

Medir el daño para evitarlo

El informe utiliza los años de vida ajustados por discapacidad, conocidos como DALYs, para estimar la pérdida de años de vida saludable asociada a diferentes amenazas. Esta medida combina los años perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad o problemas de salud.

Su utilidad es evidente: permite dimensionar la carga de enfermedad y explorar cuánto podría evitarse mediante determinadas intervenciones. El análisis compara escenarios plausibles y pretende identificar oportunidades para actuar antes de que los riesgos se conviertan en catástrofes.

Pero también conviene interpretar sus resultados con prudencia. Medir la carga de enfermedad no equivale a calcular con certeza la probabilidad de que desaparezca la humanidad. Los riesgos emergentes, como una guerra nuclear o un uso catastrófico de la inteligencia artificial, presentan incertidumbres que no pueden resolverse únicamente mediante una métrica sanitaria.

Por eso, la clasificación debe entenderse como una herramienta para orientar decisiones, no como una predicción infalible del futuro. Su valor reside tanto en señalar los peligros como en recordar que muchos de ellos pueden reducirse con políticas adecuadas.

La comisión propone reforzar la preparación de los sistemas de salud, impulsar la innovación y mejorar la vigilancia de los riesgos emergentes. Son líneas de trabajo necesarias, pero requieren cooperación internacional, financiación sostenida y una voluntad política que sobreviva a los ciclos electorales.

No podemos dejar la prevención para mañana

La gran lección del informe es que prevenir no consiste solamente en evitar que una persona enferme hoy. También significa reducir la posibilidad de que una amenaza conocida o emergente comprometa la salud de millones de personas dentro de décadas.

Necesitamos sistemas sanitarios públicos sólidos, atención primaria capaz de anticiparse a los problemas, vigilancia epidemiológica, investigación independiente y profesionales con recursos suficientes. Necesitamos políticas que reduzcan las desigualdades, protejan el medio ambiente, promuevan una alimentación saludable y garanticen la educación. Y necesitamos acuerdos internacionales capaces de contener los riesgos nucleares, regular las tecnologías peligrosas y responder conjuntamente a las crisis.

La prevención debe ser una inversión estratégica, no una partida prescindible cuando llegan las dificultades económicas. Los recursos destinados a anticipar una amenaza pueden parecer menos urgentes que los empleados para resolver una emergencia inmediata, pero esa percepción cambia cuando el daño ya es irreversible.

También debemos revisar qué entendemos por progreso. Una sociedad puede desarrollar tecnologías extraordinarias y, al mismo tiempo, aumentar sus desigualdades, degradar su entorno y debilitar sus mecanismos de protección colectiva. La innovación, por sí sola, no garantiza bienestar. Necesita orientación ética, responsabilidad pública y objetivos compartidos.

El horizonte de 2100 parece lejano, pero las decisiones que condicionarán ese futuro se están tomando ahora. Cada retraso en la acción climática, cada debilitamiento de la cooperación sanitaria, cada recorte en prevención y cada ausencia de regulación ante riesgos tecnológicos pueden reducir nuestra capacidad de respuesta.

Las amenazas descritas por The Lancet no son una condena inevitable. Son una advertencia y, al mismo tiempo, una oportunidad para actuar.

La salud pública lleva décadas defendiendo que prevenir es mejor que curar. Hoy debe añadir algo más: anticiparse puede ser la diferencia entre una crisis controlable y una catástrofe de dimensiones históricas.

No se trata de vivir con miedo al futuro, sino de asumir la responsabilidad de construirlo. Porque la salud de las próximas generaciones no dependerá únicamente de los avances de la medicina, sino también de nuestra capacidad colectiva para cuidar la vida, proteger los bienes comunes y evitar que los riesgos que conocemos se conviertan en tragedias que pudimos prevenir.