A lo largo de los años, analizando las instituciones de Europa y del mundo, he aprendido una lección fundamental: El poder político y sus dinámicas en raras ocasiones responden a la mera casualidad.

Cuando observamos el rumbo acelerado que ha tomado el continente europeo en las últimas décadas, nos topamos de frente con una paradoja que debería inquietar a cualquier observador riguroso. Nos encontramos ante una encrucijada, donde cabe preguntarse si asistimos a los simples imprevistos de un mundo globalizado o si, por el contrario, estamos siendo testigos de la ejecución progresiva de una agenda trazada de antemano. De hecho han sido aprobadas tanto la "Agenda 2030" , así como diferentes planes con vistas a 2050. 

Para el ciudadano común, el día a día se ha convertido en una vivencia continua de desasosiego e incertidumbre. Sin embargo, cuando las decisiones públicas se examinan con la distancia que otorgan el Derecho y la Ciencia Política, los hilos de la trama comienzan a enseñar su lógica interna.

Durante décadas, la política europea ha estado pilotada por un consenso monolítico entre las grandes familias partidistas del continente, en particular la alianza permanente entre la centro-derecha y la socialdemocracia a escala comunitaria. Bajo este paraguas institucional se ha ido articulando un discurso de aparentes virtudes, un "buenismo" oficial respaldado e impulsado con contundencia por actores supranacionales, grandes redes financieras y fundaciones privadas con nombres e intereses bien conocidos. 

Esta agenda no se ha quedado en meras intenciones, sino que se ha materializado en políticas muy concretas que hoy pasan una factura devastadora a la cohesión social. 

En primer lugar, se ha impuesto una gestión de las fronteras que ha amparado la entrada masiva de inmigración irregular, anteponiendo una retórica de puertas abiertas al cumplimiento estricto del Estado de derecho y a los mecanismos elementales de integración y seguridad. Al mismo tiempo, se ha promovido un arrinconamiento sistemático de las estructuras culturales y los valores tradicionales que durante siglos vertebraron la identidad del hombre y de la familia europea, sustituyéndolos por un modelo de desarraigo.

A ello se le suma la preocupante inhibición en materia de defensa. Durante años se ha tratado al ámbito militar y castrense como una rémora obsoleta del pasado, descuidando la soberanía territorial y recortando capacidades estratégicas esenciales. Todo esto enmarcado en un contexto de sobreendeudamiento financiero permanente, donde la emisión irresponsable de deuda ahoga la autonomía real de las naciones y las somete a los dictados de los grandes organismos internacionales.

Existe una máxima en la Teoría del Estado que resulta esclarecedora: quien controla la formulación del problema acaba controlando la naturaleza de la solución. Cuando el desorden se instala en la vida cotidiana a través de la inseguridad, el aumento de la delincuencia, los conflictos de convivencia y el deterioro económico, el contrato social se quiebra desde abajo. El ciudadano, desbordado por el caos, tiende a renunciar a su propia libertad con tal de recibir una promesa de orden y protección.

Es ahí donde encaja la siguiente etapa de esta ingeniería social. Las mismas élites que han permitido y gestionado la descomposición de la convivencia no pretenden resolverla atajando sus causas reales, como sería reforzar las fronteras, apoyar a la fuerza pública o revitalizar la economía productiva. La respuesta que se atisba en el horizonte es la imposición de un esquema de supervigilancia y control exhaustivo sobre la población.

Bajo la bandera de la sostenibilidad ambiental o la eficiencia urbana, conceptos como las denominadas "ciudades de 15 minutos" o las "zonas de restricción permanente" amenazan con convertirse en verdaderas aduanas interiores para limitar la movilidad individual. A la par, el diseño de un entramado fiscal cada vez más asfixiante encubre una confiscación progresiva del patrimonio familiar, donde pronto se gravará con impuestos hasta el acto de respirar bajo el pretexto de cualquier nueva emergencia inventada. Todo ello rematado por el avance de la tecnología de control digital y la monitorización constante de nuestras actividades.

La historia del constitucionalismo nos enseña que las libertades civiles no se pierden de golpe mediante rupturas traumáticas, sino que se van erosionando gota a gota mediante la cesión voluntaria ante la amenaza del caos. Un caos que interesa a las élites para luego imponer sus soluciones.