“Nosotros, andaluces, nos proclamamos hijos legítimos y naturales del Guadalquivir, cuya defensa asumimos”. ¿Cuántos estarán dispuestos a sostener siquiera este compromiso de la primera frase del Manifiesto? Que no pase como en feizbú, que se pide una firma y le dan a “me gusta”, el botón término y olvido de todas las conversaciones, todos los compromisos, todos los apoyos. No parece que fuera creado con esa intención, pero se ha convertido, lo han convertido en la excusa para esquivar cualquier compromiso.

El manifiesto, desde su publicación por Sebastián Cuevas, todavía firmaba “Rafael Campiñés Serreño”, como buen cordobés natural de Torredonjimeno (porque los andaluces tenemos la virtud de nacer dónde nos da la gana), desde aquel día de abril de 1975, muchos lo conocieron por la publicidad del Colegio de Arquitectos de Sevilla y lo suscribieron gracias a la campaña de Averroes, Estudio Andalusí; pero la memoria es débil y muy poca gente lo conoce. Quizá ya está antiguo, pasado de moda y por tanto obsoleto, para los seguidores de la reaccionaria modernidad absolutista y suprema.

El Gran Rey andaluz, como lo llamó Góngora, conductor del agua de todas las comarcas de Andalucía, los mejores vasos comunicantes desde la Sierra de María hasta la de Aracena y el Gibalbín; desde la antigüedad el mejor medio de comunicación y cohesión, el mejor vertebrador de Andalucía, olvidado, ignorado, peor aún: depreciado y despreciado por las autoridades andaluzas, y más grave: por el pueblo andaluz, incapaces unos y otros de comprender la importancia vital de nuestro río, paciente sufridor de batallas, reformas y conversión en un vulgar y asqueroso basurero.

Así lo quiere la Junta de Andalucía actual, con su presidente Juan Manuel Moreno al frente, al autorizar el envenenamiento del agua del río y sus orillas con miles de millones de litros de excrementos y residuos contaminantes de la mina de Aznalcóllar. Para alejar un posible accidente como el provocado por Bolidén, con un remedio mucho peor, más peligroso, porque aquí el resultado no es posible: es real. Todo con el único fin real de beneficiar a una empresa mexicana, porque los puestos de trabajo se pueden obtener también de forma limpia. Las aguas envenenadas avanzarán hasta el mar para contaminar, a través de filtración, los cultivos de arroz y de fresas de sus orillas, los de arroz más, porque el reflujo se da precisamente por la orilla izquierda. Porque a Moreno le satisface mucho más el beneficio de cualquier gran empresa que el alimento y la salud de Andalucía y los andaluces. Y mucho más que su economía. ¿Quién importará ahora las fresas contaminadas con mercurio y otros metales pesados?

Eso, por parte política. Por parte popular, una mayoría debe creer estar exenta de todo peligro. Más aún cuando el centro del peligro se encuentra a algo más de 20 km. Como si el agua no se moviera, como si la muerte depositada en su seno no pudiera extenderse en todas direcciones. Como si fuera posible la filtración tras una limpieza de fondo para dar paso a los barcos y no lo fuera en un vaciado de desperdicios altamente contaminantes. Los mismos, exactamente los mismos que tanto esfuerzo y dinero costó impedir la invasión de las aguas del Guadalquivir, ahora son invadidas con autorización expresa y colaborativa de la Junta de Andalucía y el silencio de una mayoría igualmente responsable en su silencio.

No basta con la protesta de los ayuntamientos concienciados, en sus lindes. El envenenamiento no va dirigido tan sólo a Los Palacios, Coria, La Puebla, Isla Mayor, Lebrija, Sanlúcar y Chipiona, poblaciones que no deben llevar solas todo el peso de la lucha. Por mar alcanzará mucho más espacio que el de la desembocadura y por interior la mayor parte de Andalucía, desde la raya de Portugal hasta no menos de Granada, pagará el alto precio de una contaminación que no se quedará en la superficie, porque esa agua también nutre a los acuíferos y llegará a afectar zonas limítrofes, por superficie, aire y subterránea. No se olvide.

Hagamos como pedía Sebastián Cuevas: Poned vuestra firma junto a la mía al pie de este dolor de nuestro río, para impedir un crimen de lesa majestad que Andalucía no puede permitir, que debe ser impedido a cualquier precio, porque el de soportarlo será mucho mayor. Por tanto, la fiscalía y la judicatura deberían intervenir de oficio, no por catastrofismo, al contrario, para evitar una catástrofe letal, sin posible reversión como la que se está fabricando. Véase cómo más de dos mil años después todavía corre rojo el agua del río Tinto. La primera respuesta necesaria es negar el voto a quienes han programado este altísimo perjuicio a Andalucía. No nos dejemos engañar por la hipocresía de la sonrisa.