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El artículo Quo vadis, izquierda, firmado por el coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía y diputado por Sumar en el Congreso de los Diputados, publicado en Diario Público, parte de una contradicción seria: habla del futuro de la izquierda como si el presente hubiera caído del cielo. Como si IU no hubiera participado en la operación política que debilitó a Podemos. Como si Sumar no hubiera sido, en la práctica, una arquitectura diseñada para ordenar la izquierda en favor del PSOE bajo una fórmula mucho más cómoda para el bipartidismo. Como si IU y el PCE hubieran sido meros espectadores de ese proceso, y no actores relevantes en su ejecución.
No puede afirmarse que “el PSOE creó Sumar” en sentido orgánico o formal. Pero sí puede sostenerse, políticamente, que la operación Sumar fue funcional al PSOE e impulsada por éste, porque permitió desplazar a Podemos del centro de gravedad de la izquierda transformadora, neutralizar su capacidad de conflicto, de negociación real y sustituir una fuerza política incómoda por un socio más administrable que, de entrada, vetó la exclusión de Irene Montero y participó en la operación de enviarla a Chile como embajadora.
IU no puede decir “yo no he sido”. Participó de esa operación, la legitimó y ocupó espacio dentro de ella. Y esa decisión tuvo consecuencias políticas profundas. No solo para Podemos, sino para el conjunto de la izquierda. Porque la izquierda que acepta convertirse en el colorante rojo del disolvente socialdemócrata acaba cumpliendo una función triste: dar apariencia transformadora a una política que no rompe con los poderes económicos, no democratiza a fondo el Estado y no afronta con valentía el problema de la vivienda.
La paradoja es evidente. El artículo reclama un frente amplio, pero no resuelve por qué el gobierno PSOE/Sumar, con IU dentro, no ha cumplido ninguna de las dos grandes tareas que tenía por delante: regenerar democráticamente el Estado y avanzar en derechos materiales. Tampoco asume un mínimo de responsabilidad o autocrítica en el consentimiento del mayor incremento del gasto belicista de la historia de la democracia, un 70% desde 2024 a 2026, ni en la doblez de Pedro Sánchez en relación al genocidio del pueblo palestino al no romper radicalmente relaciones con el estado de Israel.
El caso del Consejo General del Poder Judicial es ilustrativo. Es verdad que el acuerdo formal de renovación fue entre PSOE y PP, no de Sumar. También es verdad que Sumar se abstuvo y criticó que no hubiera margen para enmendar. Pero la cuestión política no se agota ahí. Una izquierda que dice querer democratizar el Estado no puede limitarse a una abstención testimonial cuando el bipartidismo recompone por arriba y de manera reaccionaria una institución central del poder judicial.
En vivienda, la contradicción es todavía más dolorosa. El Gobierno de coalición ha acumulado anuncios, decretos y acuerdos parciales, pero la realidad social sigue siendo brutal: En enero de 2026 los alquileres medios en España se han duplicado en una década y que el Banco de España estima un déficit de unas 500.000 viviendas. El INE situó la subida interanual del precio de la vivienda en el 12,9% en el primer trimestre de 2026. Ante ese escenario, no basta con decir que se empuja desde dentro. Si desde dentro no se rompe la lógica de la vivienda como negocio, se termina sosteniendo una política que produce dolor real a familias trabajadoras, jóvenes y barrios populares.
También en Andalucía hay memoria. Por Andalucía se presentó como la fórmula de recomposición de la izquierda andaluza con una unidad sin confianza, sin motor popular y sin respeto a la fuerza real y simbólica de Podemos. En 2022, Podemos y Alianza Verde quedaron fuera formalmente de la coalición por el registro fuera de plazo de las firmas, y sus candidatos concurrieron sin que las marcas aparecieran integradas en la papeleta. Aquello no fue una anécdota administrativa. La reedición de Por Andalucía en 2026 ha impuesto una mayor humillación a Podemos, los resultados han declarado que la fórmula en la que insiste IU es inútil para absorber y hacer crecer voto de izquierdas. Adelante Andalucía es la prueba práctica.
Tampoco puede olvidarse la gestión de vivienda en Andalucía. IU participó en gobiernos del PSOE andaluz y asumió responsabilidades en Fomento y Vivienda. Y, AVRA siguió siendo un foco de conflictos habitacionales y lanzamientos denunciados por colectivos sociales, lo que confirma que el problema no se resuelve con gestos ni con retórica institucional. Y por supuesto, no debemos olvidar los movimientos dentro de IU, cuando Alberto Garzón, para debilitar la capacidad negociadora de Podemos tras las elecciones generales de abril de 2019, cuando Pedro Sánchez intentaba persistentemente formar gobierno con el extinto Ciudadanos.
Por eso, la pregunta no es solo adónde va la izquierda; la pregunta es qué izquierda está dispuesta a construir un camino propio y a asumir las consecuencias de recorrerlo. Una izquierda que se refugia en el malmenorismo acaba justificándolo casi todo: que no se pueda romper con el PSOE, que no se pueda llevar hasta el final una política de vivienda, que no se pueda cuestionar de verdad el régimen judicial, que no se pueda plantear un programa de máximos (vivienda, remunicipalización, nacionalización de sectores estratégicos, democratización del Estado, paz, pacto entre pueblos, plurinacionalidad) porque “viene la derecha”. Si el único proyecto es evitar lo peor, la izquierda deja de ofrecer esperanza y se convierte en administración del miedo.
La izquierda que necesitamos no puede ser el apéndice rojo del PSOE. Debe ser una alternativa autónoma, plurinacional, republicana y de ruptura democrática. Una izquierda capaz de decir que el PP y Vox son una amenaza, sí; pero también que el PSOE no puede seguir siendo el límite de lo posible. Y para hegemonizar esa izquierda, dada su trayectoria, está claro que IU/PCE no tiene pizca de credibilidad.
El artículo Quo vadis, izquierda, firmado por el coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía y diputado por Sumar en el Congreso de los Diputados, publicado en Diario Público, parte de una contradicción seria: habla del futuro de la izquierda como si el presente hubiera caído del cielo. Como si IU no hubiera participado en la operación política que debilitó a Podemos. Como si Sumar no hubiera sido, en la práctica, una arquitectura diseñada para ordenar la izquierda en favor del PSOE bajo una fórmula mucho más cómoda para el bipartidismo. Como si IU y el PCE hubieran sido meros espectadores de ese proceso, y no actores relevantes en su ejecución.
No puede afirmarse que “el PSOE creó Sumar” en sentido orgánico o formal. Pero sí puede sostenerse, políticamente, que la operación Sumar fue funcional al PSOE e impulsada por éste, porque permitió desplazar a Podemos del centro de gravedad de la izquierda transformadora, neutralizar su capacidad de conflicto, de negociación real y sustituir una fuerza política incómoda por un socio más administrable que, de entrada, vetó la exclusión de Irene Montero y participó en la operación de enviarla a Chile como embajadora.
IU no puede decir “yo no he sido”. Participó de esa operación, la legitimó y ocupó espacio dentro de ella. Y esa decisión tuvo consecuencias políticas profundas. No solo para Podemos, sino para el conjunto de la izquierda. Porque la izquierda que acepta convertirse en el colorante rojo del disolvente socialdemócrata acaba cumpliendo una función triste: dar apariencia transformadora a una política que no rompe con los poderes económicos, no democratiza a fondo el Estado y no afronta con valentía el problema de la vivienda.
La paradoja es evidente. El artículo reclama un frente amplio, pero no resuelve por qué el gobierno PSOE/Sumar, con IU dentro, no ha cumplido ninguna de las dos grandes tareas que tenía por delante: regenerar democráticamente el Estado y avanzar en derechos materiales. Tampoco asume un mínimo de responsabilidad o autocrítica en el consentimiento del mayor incremento del gasto belicista de la historia de la democracia, un 70% desde 2024 a 2026, ni en la doblez de Pedro Sánchez en relación al genocidio del pueblo palestino al no romper radicalmente relaciones con el estado de Israel.
El caso del Consejo General del Poder Judicial es ilustrativo. Es verdad que el acuerdo formal de renovación fue entre PSOE y PP, no de Sumar. También es verdad que Sumar se abstuvo y criticó que no hubiera margen para enmendar. Pero la cuestión política no se agota ahí. Una izquierda que dice querer democratizar el Estado no puede limitarse a una abstención testimonial cuando el bipartidismo recompone por arriba y de manera reaccionaria una institución central del poder judicial.
En vivienda, la contradicción es todavía más dolorosa. El Gobierno de coalición ha acumulado anuncios, decretos y acuerdos parciales, pero la realidad social sigue siendo brutal: En enero de 2026 los alquileres medios en España se han duplicado en una década y que el Banco de España estima un déficit de unas 500.000 viviendas. El INE situó la subida interanual del precio de la vivienda en el 12,9% en el primer trimestre de 2026. Ante ese escenario, no basta con decir que se empuja desde dentro. Si desde dentro no se rompe la lógica de la vivienda como negocio, se termina sosteniendo una política que produce dolor real a familias trabajadoras, jóvenes y barrios populares.
También en Andalucía hay memoria. Por Andalucía se presentó como la fórmula de recomposición de la izquierda andaluza con una unidad sin confianza, sin motor popular y sin respeto a la fuerza real y simbólica de Podemos. En 2022, Podemos y Alianza Verde quedaron fuera formalmente de la coalición por el registro fuera de plazo de las firmas, y sus candidatos concurrieron sin que las marcas aparecieran integradas en la papeleta. Aquello no fue una anécdota administrativa. La reedición de Por Andalucía en 2026 ha impuesto una mayor humillación a Podemos, los resultados han declarado que la fórmula en la que insiste IU es inútil para absorber y hacer crecer voto de izquierdas. Adelante Andalucía es la prueba práctica.
Tampoco puede olvidarse la gestión de vivienda en Andalucía. IU participó en gobiernos del PSOE andaluz y asumió responsabilidades en Fomento y Vivienda. Y, AVRA siguió siendo un foco de conflictos habitacionales y lanzamientos denunciados por colectivos sociales, lo que confirma que el problema no se resuelve con gestos ni con retórica institucional. Y por supuesto, no debemos olvidar los movimientos dentro de IU, cuando Alberto Garzón, para debilitar la capacidad negociadora de Podemos tras las elecciones generales de abril de 2019, cuando Pedro Sánchez intentaba persistentemente formar gobierno con el extinto Ciudadanos.
Por eso, la pregunta no es solo adónde va la izquierda; la pregunta es qué izquierda está dispuesta a construir un camino propio y a asumir las consecuencias de recorrerlo. Una izquierda que se refugia en el malmenorismo acaba justificándolo casi todo: que no se pueda romper con el PSOE, que no se pueda llevar hasta el final una política de vivienda, que no se pueda cuestionar de verdad el régimen judicial, que no se pueda plantear un programa de máximos (vivienda, remunicipalización, nacionalización de sectores estratégicos, democratización del Estado, paz, pacto entre pueblos, plurinacionalidad) porque “viene la derecha”. Si el único proyecto es evitar lo peor, la izquierda deja de ofrecer esperanza y se convierte en administración del miedo.
La izquierda que necesitamos no puede ser el apéndice rojo del PSOE. Debe ser una alternativa autónoma, plurinacional, republicana y de ruptura democrática. Una izquierda capaz de decir que el PP y Vox son una amenaza, sí; pero también que el PSOE no puede seguir siendo el límite de lo posible. Y para hegemonizar esa izquierda, dada su trayectoria, está claro que IU/PCE no tiene pizca de credibilidad.
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