La forma actual de hacer política ha rebajado a “lo normal” que lo único importante sea llegar o estar en el gobierno en base a cualquier tipo de acuerdo de investidura o de legislatura. Este objetivo, legítimo por otra parte, termina desgraciadamente por justificar cualquier cesión, aunque afecte a cuestiones estructurales de rango, incluso, constitucional. Desaparece cualquier premisa, cualquier límite, cualquier principio, sea del nivel que sea, en favor de la única meta que justifica el fin.

Igualmente se ha rebajado a “lo normal” que los grandes partidos, que representan en España a casi al 70% de la ciudadanía, sean incapaces de buscar y lograr acuerdos transversales. Y es que, como hemos tenido ocasión de decir, es evidente el riesgo de que los extremos manden cuando se apuesta por la política de bloques y la polarización. 

El asunto en sí no sería especialmente problemático si el resultado fuera atraer al ámbito constitucional los planteamientos iniciales de socios radicales y, por consiguiente, que la transacción se diera en favor de la convivencia. Sin embargo, comprobamos reiteradamente que los extremos imponen su discurso; discursos inicialmente dirigidos a minorías con las que crean un vínculo identitario a partir del cual, y por acumulación, intentan conformar nuevas mayorías basadas en falaces argumentos recurrentes: la defensa de pretendidos valores nacionales (sin mucho compromiso, por cierto, sobre todo en materia fiscal), el rechazo a determinadas y siempre selectivas formas de inmigración o la negación de cualquier valor de los acuerdos y pactos internacionales (aunque, sin reparos, aceptan y participan de la interferencia de terceros gobiernos en la conformación y divulgación de una doctrina común). Este mismo argumento sirve para rechazar realidades incontestables, como el cambio climático, cuya evidencia se pretende negar en favor de intereses particulares que se hacen primar sobre los riesgos evidentes que afectan a la que el Papa Francisco denominaría, en “Laudato si”, la casa común.

¿Los extremos bajo control?

La minoría mayoritaria de turno, que debería liderar el proceso, de ser admisible, se queda en justificarlo, asumiendo sin mucho cuestionamiento, y con una importante celeridad, tales planteamientos. Se intenta trasladar a la opinión pública que los extremos están bajo control, pero el hecho es que se les cede puestos de gestión y de representación institucional de primer nivel. La oposición, por su parte, también parece aceptar acrítica e implícitamente el juego, porque así entiende que se moviliza su potencial electorado, desconociendo que su inacción sólo aumentará la falta de identificación con sus postulados por evidente incomparecencia. Ello es coherente con planteamientos de escaso nivel intelectual y con la cesión de cualquier iniciativa en favor de la mera táctica electoral.

Los retos actuales de país exigen mayor dedicación. No se consiguen con soflamas carentes del más mínimo rigor y con políticas de parte que demostradamente sirven a intereses concretos muchos de ellos oligárquicos. Se plantean desde el necesario diálogo y el acuerdo de quienes deberían asumir la responsabilidad de gobernar en el más amplio sentido del término (que va más allá de estar en el gobierno). Ello permitiría el debate sereno sobre asuntos trascendentales, como el reto tecnológico, el reto demográfico, el sistema de protección social o la conformación del mercado de trabajo, además de poder abordar cuestiones tan importantes como la urgente adaptación del sistema de salud, de dependencia o la vivienda. 

Con lo anterior en mente, que aplica en todo caso, conviene descender a lo sucedido en Andalucía en las últimas semanas, con el acuerdo suscrito por PP y Vox. Este acuerdo, que ha dado como resultado un gobierno de coalición entre ambas formaciones, se sustenta en un documento que, como en otras comunidades en parecidas circunstancias, refleja, entre referencias de gestión aparentemente bienintencionadas, un auténtico programa ideológico excluyente, caracterizado, entre otras cosas, por impulsar un modelo de sociedad que rezuma dosis evidente de racismo.

No debe olvidarse que es un documento que, libremente aceptado y rubricado, muestra la voluntad de dos fuerzas políticas que conscientemente exponen sus prioridades en materia de gobierno y de legislación. De una de ellas se presume inicialmente vocación de gobierno. De la otra, su voluntad declarada de romper con el modelo constitucional en aspectos no menores (si atendemos a sus propias manifestaciones). Pero se trata de un documento común, del que ambas partes son autoras y responsables. No son condiciones generales de contratación que una parte necesitada de apoyos ha de aceptar irremediablemente. Se trata, como decimos, de cláusulas aceptadas voluntariamente, incluso sobre temas que suponen una reconsideración de actuaciones legislativas previas del partido mayoritario. El pacto representa una opción española por la nueva política, de la que, por otra parte, ya tenemos sobrados antecedentes. Sí además lo vemos en clave nacional (en cuyo ámbito, en gran medida, se fragua y se impone su contenido), representa una reconfiguración de los criterios de convivencia como país, rompiendo gran parte de los consensos constitucionales ya de por sí bastante quebrantados. 

Como consecuencia de esta evidencia, es imperativo hacer una reflexión profunda. 

Falta de confianza en la política

Por un motivo u otro – por aceptar lo inaceptable en términos puramente utilitarios para lograr el gobierno; o por asumir de buen grado postulados auténticamente rechazables – queda retratada, posiblemente para la historia, la posición de partidos democráticos porque se está evidenciando un cambio estructural de base en aspectos esenciales. El análisis no puede ser meramente electoral, ni puede quedarse en la aritmética parlamentaria.  Respetando siempre a sus votantes (casi un 14% en Andalucía), muchas son las condiciones que llevan al incremento sostenido de postulados extremistas, lo que hace pensar en por qué se da esta aceptación y qué preguntas y qué respuestas requiere esta realidad.

Una primera tentación es achacar el crecimiento de estas posiciones (a nivel regional, nacional y mundial) a que sus votantes no saben bien qué votan. Pero este planteamiento no puede ser válido. Por mucho que hablemos de un auténtico estado de la ignorancia, de su fomento consciente y de la infantilidad de las propuestas, no debemos desconocer que son planteamientos que, aunque variables y adaptativos, tienen aceptación. Seguramente han sido capaces, como en otros momentos de la historia, de canalizar el descontento, la frustración de expectativas no logradas (algunas básicas, otras de una auto percepción de clase media no realizada) y, sobre todo, de aglutinar la respuesta a la falta de confianza en el sistema, uno de los grandes problemas a que nos enfrentamos como sociedad y como nación.

Esta falta de confianza en la política y en las instituciones tiene ya raíces profundas. Implica la responsabilidad de quienes deben garantizar la función política y un comportamiento ético; también de las instituciones que tienen el deber de ejecutar correctamente las potestades del Estado y, asimismo, de quienes tienen la encomienda de la representación institucional. Pero no puede olvidarse (y, en gran medida el pacto de gobierno en Andalucía así lo refleja) que hay una labor constante e insistente de cuestionamiento de legitimidades; un cuestionamiento interesado que debería deslindarse del comportamiento reprobable de determinadas actuaciones que merecen la mayor condena (la corrupción), que tanto daño reputacional provoca con razón.

La aludida falta de confianza, también lo hemos dicho, conlleva a la desafección y de ahí al cuestionamiento del propio sistema democrático, que obviamente sufre cuando sus representantes no saben canalizar la participación ciudadana, ni resolver los problemas y retos a que se enfrenta la sociedad. A mayor abundamiento, la movilización política no se está basando en la construcción de proyectos de futuro, sino que se conforma exclusivamente en la repulsa del adversario. Los discursos, incluso los de gobierno, han dejado de ser propositivos y se encomiendan exclusivamente en la confrontación y en el rechazo al opuesto, sin contrastar las que deberían ser ideas y propuestas legítimas. Estas ni siquiera se plantean como tales más allá del eslogan de turno y se deja a la aritmética electoral la única actuación política, cediendo, si es mínimamente necesario, en aspectos fundamentales. Así no ampliamos la democracia sino lo contrario: la empequeñecemos.

Ello está teniendo y tendrá consecuencias graves de las que parecen no ser conscientes nuestros gobernantes y líderes políticos. Cuando el poder político legítimo abandona su función y su deber, se convierte en algo fácilmente prescindible, y hay especialistas en ocupar el puesto de quienes no saben desempeñar realmente la función esencial de representar y defender los intereses generales. Este aspecto es base del modelo democrático. Si no se actualiza, la democracia liberal está en riesgo, aunque algunos parece que no quieren (o no saben) darse cuenta.