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Hay una frase que cada vez se escucha con más frecuencia en la provincia de Cádiz: “Si quieres que te vaya bien con la Diputación, más vale llevarse bien con quienes reparten el dinero”. No sé si esa frase es cierta. Lo que sí sé es que mucha gente la considera verosímil. Y ese es el verdadero problema.
Las instituciones democráticas no solo deben ser honestas; también deben parecerlo. Cuando una parte importante de la ciudadanía y del tejido social llega a la conclusión de que la cercanía al poder abre puertas que permanecen cerradas para los demás, la confianza en las instituciones comienza a deteriorarse.
Las informaciones conocidas en las últimas semanas sobre la gestión de contratos y patrocinios en la Diputación Provincial de Cádiz no pueden analizarse como un episodio aislado. Será la Justicia quien determine si existieron o no responsabilidades penales y quién debe responder por ellas. Pero, políticamente, el debate es mucho más profundo.
Porque el problema no empieza cuando interviene un juzgado.
Empieza cuando el dinero público se gestiona con una enorme discrecionalidad. Cuando millones de euros pueden repartirse mediante procedimientos que, aun siendo legales, dejan demasiadas dudas sobre la igualdad de oportunidades. Cuando siempre aparecen los mismos nombres alrededor del poder político. Cuando la transparencia deja de ser la norma y pasa a convertirse en una excepción.
Eso tiene un nombre: clientelismo.
El clientelismo no consiste únicamente en cometer un delito. El clientelismo es una forma de ejercer el poder. Consiste en construir relaciones de dependencia donde la cercanía política parece convertirse en una ventaja competitiva. En generar la percepción de que quien mantiene una buena relación con quienes gobiernan tiene más posibilidades de acceder a contratos, subvenciones, patrocinios o decisiones favorables que quien únicamente presenta el mejor proyecto.
Y esa percepción, aunque no siempre implique la comisión de un delito, es devastadora para una democracia.
Lo preocupante es que muchos empresarios, asociaciones y entidades de la provincia acaban asumiendo que, para prosperar, es más importante cultivar relaciones políticas que competir en igualdad de condiciones. Cuando esa idea se instala en la sociedad, el mérito, la libre competencia y el interés general quedan relegados a un segundo plano.
El caso que hoy ocupa titulares no debería servir únicamente para analizar la actuación de una persona concreta. Debería servir para preguntarnos si el modelo de gestión implantado en la Diputación favorece la máxima transparencia o, por el contrario, concentra demasiado poder discrecional en unos pocos responsables políticos.
Porque las instituciones no están para crear redes de afinidad política ni para alimentar lealtades mediante el reparto de recursos públicos. Están para garantizar que cada euro se gestione con objetividad, publicidad, igualdad y sometimiento exclusivo al interés general.
La provincia de Cádiz necesita una Diputación que deje de ser noticia por las sospechas. Y eso solo será posible sustituyendo la cultura del favor por la cultura de la transparencia.
La confianza de la ciudadanía no se recupera con comunicados ni con silencios. Se recupera abriendo las ventanas, explicándolo todo y asegurando que nadie pueda pensar que, en Cádiz, llevarse bien con el poder vale más que presentar el mejor proyecto.
Porque cuando demasiada gente llega a esa conclusión, el problema ya no es judicial.
Es profundamente político.
Jorge Rodríguez es coordinador provincial de IU.
Hay una frase que cada vez se escucha con más frecuencia en la provincia de Cádiz: “Si quieres que te vaya bien con la Diputación, más vale llevarse bien con quienes reparten el dinero”. No sé si esa frase es cierta. Lo que sí sé es que mucha gente la considera verosímil. Y ese es el verdadero problema.
Las instituciones democráticas no solo deben ser honestas; también deben parecerlo. Cuando una parte importante de la ciudadanía y del tejido social llega a la conclusión de que la cercanía al poder abre puertas que permanecen cerradas para los demás, la confianza en las instituciones comienza a deteriorarse.
Las informaciones conocidas en las últimas semanas sobre la gestión de contratos y patrocinios en la Diputación Provincial de Cádiz no pueden analizarse como un episodio aislado. Será la Justicia quien determine si existieron o no responsabilidades penales y quién debe responder por ellas. Pero, políticamente, el debate es mucho más profundo.
Porque el problema no empieza cuando interviene un juzgado.
Empieza cuando el dinero público se gestiona con una enorme discrecionalidad. Cuando millones de euros pueden repartirse mediante procedimientos que, aun siendo legales, dejan demasiadas dudas sobre la igualdad de oportunidades. Cuando siempre aparecen los mismos nombres alrededor del poder político. Cuando la transparencia deja de ser la norma y pasa a convertirse en una excepción.
Eso tiene un nombre: clientelismo.
El clientelismo no consiste únicamente en cometer un delito. El clientelismo es una forma de ejercer el poder. Consiste en construir relaciones de dependencia donde la cercanía política parece convertirse en una ventaja competitiva. En generar la percepción de que quien mantiene una buena relación con quienes gobiernan tiene más posibilidades de acceder a contratos, subvenciones, patrocinios o decisiones favorables que quien únicamente presenta el mejor proyecto.
Y esa percepción, aunque no siempre implique la comisión de un delito, es devastadora para una democracia.
Lo preocupante es que muchos empresarios, asociaciones y entidades de la provincia acaban asumiendo que, para prosperar, es más importante cultivar relaciones políticas que competir en igualdad de condiciones. Cuando esa idea se instala en la sociedad, el mérito, la libre competencia y el interés general quedan relegados a un segundo plano.
El caso que hoy ocupa titulares no debería servir únicamente para analizar la actuación de una persona concreta. Debería servir para preguntarnos si el modelo de gestión implantado en la Diputación favorece la máxima transparencia o, por el contrario, concentra demasiado poder discrecional en unos pocos responsables políticos.
Porque las instituciones no están para crear redes de afinidad política ni para alimentar lealtades mediante el reparto de recursos públicos. Están para garantizar que cada euro se gestione con objetividad, publicidad, igualdad y sometimiento exclusivo al interés general.
La provincia de Cádiz necesita una Diputación que deje de ser noticia por las sospechas. Y eso solo será posible sustituyendo la cultura del favor por la cultura de la transparencia.
La confianza de la ciudadanía no se recupera con comunicados ni con silencios. Se recupera abriendo las ventanas, explicándolo todo y asegurando que nadie pueda pensar que, en Cádiz, llevarse bien con el poder vale más que presentar el mejor proyecto.
Porque cuando demasiada gente llega a esa conclusión, el problema ya no es judicial.
Es profundamente político.
Jorge Rodríguez es coordinador provincial de IU.
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