Tengo 68 años, pero no estoy jubilado: los profesores de universidad podemos trabajar hasta los 70, aunque ya me habría podido jubilar. Si le preguntamos a mi expediente en la Seguridad Social cuántos días he trabajado, aparece la cifra asombrosa de cero. Y no miente, porque quien, como yo, tiene el inmenso privilegio de que vocación y devoción coincidan comprueba que la obligación desaparece como por arte de magia. Hablo de la obligación extrínseca, no de la obligación como motivación intrínseca; sobre esto ha escrito mucho el premio Nobel de Economía Jean Tirole. Tal es mi demencia que sueño con que el próximo gobierno, progresista seguro, apruebe una ley de función pública que incluya una enmienda que autorice a los funcionarios a prolongar su vida laboral hasta los 72 años, de forma voluntaria, por supuesto.

Es una buena edad, máxime si tenemos en cuenta las alternativas disponibles. Estoy razonablemente bien, pero sin presumir. Cuento esto porque participo en un grupo de WhatsApp de compañeros de colegio en el que tenemos autoprohibido hablar de política, de religión y de fútbol. Pero, asombrosamente, un compañero ha subido al grupo un documento conjunto de las asociaciones de pensionistas con las demandas para los jubilados. El mismo compañero que lo ha subido ha tenido que explicar que no es publicidad política ni partidista, sino un programa de reivindicaciones que a todos nos afecta, pues presupone, y hace bien, que la inmensa mayoría ya está jubilada. Nadie ha protestado ni se ha incomodado. Lo leo y coincido al cien por cien con el contenido: es un programa de izquierdas, incluso radical, un desarrollo pleno del Estado de bienestar que hoy tanto se cuestiona. Pero la inmensa mayoría de nosotros considera que eso no es política, cuando en realidad lo que no es política es, en gran medida, lo que proclaman muchos partidos políticos, especialmente lo que gritan la derecha extrema y la extrema derecha.

El programa recoge catorce compromisos que la Plataforma de Mayores y Pensionistas traslada a los partidos ante las elecciones generales del 29 de noviembre. Lo firman la ONCE, el CERMI, la UDP, CEOMA, HelpAge y una veintena larga de organizaciones que nadie confundiría con un comité de huelga. Y, sin embargo, basta leerlo con un mínimo de atención para comprobar que buena parte de lo que pide habría sido despachado como populismo trasnochado si lo hubiera firmado un partido a la izquierda del PSOE.

Empecemos por las pensiones. La Plataforma exige su revalorización permanente conforme al IPC real; una garantía legal de suficiencia que rechace cualquier recorte, privatización o medida que debilite los derechos adquiridos; una pensión mínima por encima del umbral de pobreza, y la reducción de la brecha de género, reconociendo el peso de los cuidados en las carreras laborales de las mujeres. Traducido: blindar el sistema público de reparto frente a los planes privados que cada cierto tiempo se nos presentan como la única salida responsable. Que la indexación al IPC se abandonara en 2013 y se recuperara en 2021 demuestra que no hay nada técnico ni neutral en esa cifra. Es una decisión política de primer orden, y quien la toma sabe perfectamente a quién beneficia y a quién perjudica.

Sigue la sanidad: reformar el Sistema Nacional de Salud para una sociedad envejecida, frágil y crónica, empezando por fortalecer la atención primaria, con atención geriátrica especializada, salud mental, tiempos de espera razonables y atención sanitaria a quienes viven en residencias. Quien haya intentado conseguir cita en un centro de salud andaluz en los últimos años sabe que esto no es una abstracción. Y quien recuerde lo que pasó en las residencias durante la pandemia sabe que tampoco es un lujo.

El tercer compromiso es, a mi juicio, el más revelador. Pide un sistema de cuidados con una financiación pública suficiente y estable, que avance hacia el 1,7 % del PIB, un Pacto de Estado sobre dependencia y una reducción decidida de las listas de espera. Los datos que aporta el propio documento son elocuentes: en junio de 2026 más de 1,7 millones de personas recibían una prestación del sistema de dependencia, pero 142.887 seguían esperando, con un tiempo medio de tramitación de 314 días. La Plataforma lo resume con una frase que suscribiría cualquier teórico garantista: un derecho que tarda casi un año en hacerse efectivo no está plenamente garantizado. Ferrajoli no lo habría dicho mejor. Los derechos sin garantías son promesas, y las promesas que llegan tarde a quien tiene ochenta y tantos años son, sencillamente, promesas incumplidas. El documento añade algo que no figura en ningún programa conservador: que las políticas de cuidados deben reparar el injusto reparto de esa carga entre mujeres y hombres. Es decir, feminismo, aunque nadie en mi grupo de WhatsApp lo llamaría así.

En vivienda, la Plataforma reclama la ampliación del parque público de vivienda asequible, accesible y adaptada, y programas de rehabilitación y eliminación de barreras. Lo dicen los mayores, no un sindicato de inquilinos. Y añade algo que a mí, que llevo años dándole vueltas a la ecología política, me ha llamado especialmente la atención: la lucha contra la pobreza energética y la respuesta a la emergencia climática, con refugios climáticos, alertas accesibles y zonas verdes frente a las olas de calor. Los pensionistas no hablan de «cambio climático, según algunos». Hablan de emergencia. En Sevilla sabemos lo que eso significa: el calor no mata por igual, mata más a quien vive solo, en un piso mal aislado y sin poder pagar el aire acondicionado. Envejecer, en el sur, es también una cuestión de clase y de clima.

La lista sigue. La Plataforma pide atención presencial y humana en bancos y administraciones, para que la digitalización no se convierta en una nueva forma de exclusión. Y pide aprobar de una vez la ley que crea una Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, con un sistema público y gratuito de reclamaciones y decisiones vinculantes, cuya tramitación ha decaído ya en dos legislaturas consecutivas. Todavía recordamos al médico jubilado valenciano que, con su campaña «Soy mayor, no idiota», consiguió que la banca rectificara en 2022. ¿Hay algo más político que poner a las entidades financieras bajo una autoridad pública que dé la razón al cliente cuando la tiene? Que esa ley haya naufragado dos veces dice mucho de la fuerza de ciertos intereses y de la debilidad de ciertos consensos.

Hay más: una política estable contra la soledad no deseada, derechos efectivos en el medio rural, una ley integral contra el edadismo y, en el punto cuarto, una transición flexible a la jubilación que evite que la edad sea motivo de exclusión del mercado de trabajo. Ahí, lo confieso, he visto una puerta abierta para mi enmienda de los 72 años. Y el documento se cierra con la reivindicación de un Pacto Intergeneracional: la Plataforma no acepta que los derechos de unas generaciones se construyan a costa de otras. Es la mejor respuesta al relato, tan de moda, que enfrenta a jóvenes precarios con jubilados supuestamente privilegiados, como si el problema fuera la pensión del abuelo y no los salarios del nieto.

¿Por qué, entonces, nadie en mi grupo considera que esto es política? Creo que la respuesta tiene que ver con lo que Anton Jäger ha llamado hiperpolítica: una época de enorme agitación y escasísima organización, en la que «política» ha pasado a significar el ruido de la guerra cultural, el insulto, la consigna, la bandera. Lo que gritan la derecha extrema y la extrema derecha sobre okupas, inmigrantes o el «sanchismo» se parece mucho a la política y no lo es; es su espectáculo. En cambio, lo que de verdad decide cómo vamos a vivir los próximos veinte años, quién paga los cuidados, cuánto valen las pensiones, quién vigila a los bancos, se ha vuelto tan obvio para quienes lo necesitan que ya ni siquiera lo reconocen como lo que es: política en su sentido más clásico, la de la distribución de lo común.

Los mayores de 65 años somos en torno a una cuarta parte del censo, unos nueve millones de electores, y votamos más que nadie. Si el 29 de noviembre votáramos de acuerdo con el documento que circula sin escándalo por nuestros grupos de WhatsApp, el resultado electoral sería bastante distinto del que anuncian algunas encuestas. No es política, dicen en mi grupo. Es, en realidad, la única política que merece ese nombre. Y, si me dejan la seguire explicado en clase hasta los 72 años