La salud pública tiene una virtud que a menudo incomoda a quienes gobiernan: convierte las opiniones en hipótesis y las hipótesis en preguntas que deben responderse con datos. Por eso, cuando aparecen indicadores que muestran un deterioro relevante de la salud de una población (en cáncer y también en diabetes, la primera obligación de cualquier administración no es defenderse, sino investigar qué está ocurriendo.

En Andalucía se ha abierto un debate de enorme trascendencia tras la publicación de una carta científica en la revista Gaceta Sanitaria que alerta de un exceso de mortalidad por algunos tipos de cáncer respecto al conjunto de España durante el periodo 2019-2024. Es, o debería ser, un debate científico, sanitario y ético (leer el artículo de Francisco Garrido y Eugenia Gil en lavozdelsur.es).

Como dicen los autores del artículo, además de científicos y universitarios: en el periodo 2019-2024 el cuadro se ennegrece en todas las casillas. Los tumores malignos arrojan 4.278 muertes de más en hombres y 374 en mujeres; el cáncer colorrectal, 1.160 en hombres y 319 en mujeres. La comparación entre ambos sexenios deja tres evidencias aritméticas. Primera: en las mujeres se produce un cambio de signo en los tumores malignos, de −923 a +374, un vuelco que ronda las 1.300 vidas; Andalucía dejó de morir menos para empezar a morir más, y eso, en epidemiología, no es ruido: es un acontecimiento. Segunda: en las mujeres, el exceso de mortalidad por cáncer colorrectal se multiplica por tres y el de cáncer de mama por dos. Tercera: en los hombres, tanto los tumores malignos como el cáncer colorrectal duplican sus excesos. No hay categoría, sexo ni tumor analizado que mejore. Todo empeora, y empeora a la vez.

La epidemiología enseña que los datos, por sí solos, no establecen relaciones de causa y efecto. Pero también enseña algo igual de importante: cuando una señal es consistente, significativa y afecta a cientos de vidas, ignorarla constituye un grave error.

Las preguntas que nadie debería temer

Si Andalucía presenta una evolución diferente de otros territorios, debemos preguntarnos por qué.

•¿Ha disminuido la participación en los programas de cribado?

•¿Se han retrasado los diagnósticos?

•¿Existen mayores listas de espera para pruebas diagnósticas o tratamientos?

•¿Faltan profesionales especializados?

•¿Se han producido desigualdades territoriales en el acceso a la atención oncológica?

•¿Ha influido la organización del sistema sanitario?

Responder a estas preguntas supone hacer exactamente lo que debe hacer un sistema sanitario moderno: evaluar sus resultados para mejorar.

Las organizaciones sanitarias llevan décadas defendiendo la cultura de la evaluación continua. Evaluamos medicamentos, tecnologías, programas de vacunación o campañas de prevención. Resultaría incomprensible que precisamente las políticas sanitarias escaparan de ese mismo escrutinio.

La transparencia también salva vidas

Cuando ocurre un accidente aéreo nadie interpreta la investigación como un ataque a la aviación. Se investiga porque cada error puede evitar futuras tragedias. En sanidad debería suceder exactamente lo mismo.

Una auditoría independiente de las políticas oncológicas tendría como finalidad identificar oportunidades de mejora. Si el sistema funciona adecuadamente, la auditoría reforzará la confianza ciudadana. Si detecta debilidades, permitirá corregirlas antes de que sigan traduciéndose en sufrimiento evitable.

La transparencia nunca debilita a las instituciones. Las fortalece.

La lucha contra el cáncer necesita estabilidad, planificación, inversión sostenida y evaluación permanente. Los pacientes esperan recibir la mejor atención posible y en el momento adecuado.

La gestión sanitaria no puede quedar al margen de cualquier evaluación cuando aparecen indicadores preocupantes.

Gobernar también es rendir cuentas

Los sistemas públicos de salud se financian con recursos de toda la ciudadanía. Esa financiación lleva implícita una obligación: explicar qué resultados se obtienen y cómo pueden mejorarse.

La buena gestión no consiste únicamente en inaugurar hospitales, anunciar inversiones o presentar planes estratégicos. También consiste en aceptar que las políticas públicas deben medirse por sus resultados en salud.

Cuando los datos muestran una posible brecha, la respuesta no puede ser el silencio ni la descalificación de quienes investigan. Debe ser más ciencia, más evaluación y más transparencia.

Porque detrás de cada estadística hay personas, familias e historias de vida.

Y cuando hablamos de cáncer, cada retraso evitado, cada diagnóstico precoz conseguido y cada mejora en la atención puede significar la diferencia entre vivir o morir.

La salud pública no necesita relatos. Necesita evidencia. Y cuando la evidencia plantea preguntas incómodas, la mejor respuesta nunca es esconderlas, sino investigarlas hasta el final.