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Hay indicadores que reflejan el estado de un sistema sanitario mejor que cualquier discurso político. La mortalidad por diabetes es uno de ellos. Cuando una comunidad autónoma registra más fallecimientos de los esperables respecto al resto del país, y esa diferencia aumenta con el paso de los años, la pregunta ya no es solo epidemiológica: es también política.
El estudio elaborado por los epidemiólogos J. A. Córdoba, V. Santos y A. Escolar aporta un dato especialmente preocupante. Andalucía no solo mantiene un exceso de mortalidad por diabetes respecto al resto de España, sino que ese exceso aumentó de forma significativa entre los periodos 2013-2018 y 2019-2024. En total, los autores estiman 1.641 muertes adicionales respecto al exceso observado en el sexenio anterior.
Los autores hablan con prudencia. Plantean una hipótesis que requiere nuevos estudios para confirmar una relación causal. Pero la prudencia científica no puede convertirse en una excusa para evitar el debate político. Cuando los resultados en salud empeoran, es legítimo preguntarse qué papel han desempeñado las decisiones adoptadas durante esos años.
La diabetes: un termómetro del sistema sanitario
La diabetes no es una enfermedad que dependa exclusivamente de los estilos de vida. Su evolución está estrechamente relacionada con la capacidad del sistema sanitario para ofrecer un seguimiento continuado y de calidad.
Una atención primaria accesible, profesionales suficientes, educación diabetológica, revisiones periódicas, control de los factores de riesgo cardiovascular y coordinación con los hospitales permiten reducir complicaciones y mortalidad.
Por eso la diabetes es uno de los mejores indicadores para evaluar el funcionamiento real de un sistema sanitario. Cuando aumenta la mortalidad, cabe preguntarse si están fallando algunos de esos elementos esenciales.
Ocho años de deterioro asistencial
Durante los gobiernos del Partido Popular en Andalucía se han acumulado señales de alarma difíciles de ignorar.
La atención primaria ha perdido capacidad resolutiva. Conseguir una cita se ha convertido en una carrera de obstáculos para miles de ciudadanos. Los profesionales denuncian agendas inasumibles, déficit de personal, precariedad y pérdida de continuidad asistencial. La sanidad concertada ha ganado peso mientras la pública ha sufrido una presión creciente.
Nada de ello demuestra, por sí solo, que explique el aumento de la mortalidad por diabetes. Pero resulta difícil pensar que un deterioro mantenido de la asistencia no tenga consecuencias sobre una enfermedad cuyo pronóstico depende precisamente del seguimiento continuado.
La pandemia no explica toda la historia
Es cierto que la pandemia de la covid-19 alteró el seguimiento de los pacientes crónicos en toda España.
Sin embargo, la pandemia afectó a todas las comunidades autónomas. Si Andalucía empeora más que el conjunto del país, la explicación no puede limitarse al coronavirus.
Los propios autores apuntan a una hipótesis que merece ser investigada: que el Servicio Andaluz de Salud llegara a la pandemia con un nivel de sobrecarga y debilitamiento superior al de otros servicios de salud, consecuencia de años de insuficiente inversión en recursos humanos, deterioro de la atención primaria y una creciente derivación de recursos hacia la sanidad privada concertada.
Gobernar también es asumir resultados
Las políticas sanitarias no se evalúan únicamente por el número de hospitales inaugurados ni por los anuncios institucionales. Se evalúan por sus resultados en salud.
Si Andalucía presenta peores resultados que otras comunidades en una enfermedad crónica prevenible y tratable, corresponde a la Junta de Andalucía ofrecer explicaciones y, sobre todo, soluciones.
No basta con desacreditar los estudios incómodos ni con atribuir toda la responsabilidad a factores sociales o demográficos. Es imprescindible analizar qué ha ocurrido con el seguimiento de las personas con diabetes, con la accesibilidad a la atención primaria, con la educación sanitaria y con los recursos destinados a la prevención.
Una llamada de atención para la salud pública
Este estudio no constituye una sentencia definitiva sobre las causas del problema. Pero sí representa una señal de alarma de enorme magnitud.
La salud pública tiene precisamente esa función: detectar precozmente problemas que todavía pueden corregirse. Ignorar una señal de este calibre supondría renunciar a aprender de los datos.
Cada una de las 1.641 muertes adicionales estimadas representa una persona, una familia y una historia. También representa una pregunta incómoda para quienes han dirigido la política sanitaria andaluza durante los últimos ocho años.
La verdadera evaluación de un gobierno
El Partido Popular llegó al Gobierno andaluz prometiendo una sanidad más eficiente, más cercana y con mejores resultados. Ocho años después, la realidad que reflejan numerosos indicadores —listas de espera récord, deterioro de la atención primaria, creciente descontento profesional, aumento de la contratación privada y ahora un preocupante incremento del exceso de mortalidad por diabetes— invita a una valoración muy distinta.
Puede discutirse la intensidad con la que cada uno de esos factores ha influido en este resultado. Lo que resulta mucho más difícil es negar que la evolución descrita por el estudio constituye un serio cuestionamiento del modelo sanitario desarrollado en Andalucía durante estos años.
En política sanitaria, como en medicina, el criterio último son los resultados. Y cuando esos resultados empeoran, la obligación de cualquier gobierno no es buscar excusas, sino corregir el rumbo. Porque las políticas sanitarias no terminan en los presupuestos ni en los parlamentos: terminan, para bien o para mal, en la salud y en la vida de las personas.
Hay indicadores que reflejan el estado de un sistema sanitario mejor que cualquier discurso político. La mortalidad por diabetes es uno de ellos. Cuando una comunidad autónoma registra más fallecimientos de los esperables respecto al resto del país, y esa diferencia aumenta con el paso de los años, la pregunta ya no es solo epidemiológica: es también política.
El estudio elaborado por los epidemiólogos J. A. Córdoba, V. Santos y A. Escolar aporta un dato especialmente preocupante. Andalucía no solo mantiene un exceso de mortalidad por diabetes respecto al resto de España, sino que ese exceso aumentó de forma significativa entre los periodos 2013-2018 y 2019-2024. En total, los autores estiman 1.641 muertes adicionales respecto al exceso observado en el sexenio anterior.
Los autores hablan con prudencia. Plantean una hipótesis que requiere nuevos estudios para confirmar una relación causal. Pero la prudencia científica no puede convertirse en una excusa para evitar el debate político. Cuando los resultados en salud empeoran, es legítimo preguntarse qué papel han desempeñado las decisiones adoptadas durante esos años.
La diabetes: un termómetro del sistema sanitario
La diabetes no es una enfermedad que dependa exclusivamente de los estilos de vida. Su evolución está estrechamente relacionada con la capacidad del sistema sanitario para ofrecer un seguimiento continuado y de calidad.
Una atención primaria accesible, profesionales suficientes, educación diabetológica, revisiones periódicas, control de los factores de riesgo cardiovascular y coordinación con los hospitales permiten reducir complicaciones y mortalidad.
Por eso la diabetes es uno de los mejores indicadores para evaluar el funcionamiento real de un sistema sanitario. Cuando aumenta la mortalidad, cabe preguntarse si están fallando algunos de esos elementos esenciales.
Ocho años de deterioro asistencial
Durante los gobiernos del Partido Popular en Andalucía se han acumulado señales de alarma difíciles de ignorar.
La atención primaria ha perdido capacidad resolutiva. Conseguir una cita se ha convertido en una carrera de obstáculos para miles de ciudadanos. Los profesionales denuncian agendas inasumibles, déficit de personal, precariedad y pérdida de continuidad asistencial. La sanidad concertada ha ganado peso mientras la pública ha sufrido una presión creciente.
Nada de ello demuestra, por sí solo, que explique el aumento de la mortalidad por diabetes. Pero resulta difícil pensar que un deterioro mantenido de la asistencia no tenga consecuencias sobre una enfermedad cuyo pronóstico depende precisamente del seguimiento continuado.
La pandemia no explica toda la historia
Es cierto que la pandemia de la covid-19 alteró el seguimiento de los pacientes crónicos en toda España.
Sin embargo, la pandemia afectó a todas las comunidades autónomas. Si Andalucía empeora más que el conjunto del país, la explicación no puede limitarse al coronavirus.
Los propios autores apuntan a una hipótesis que merece ser investigada: que el Servicio Andaluz de Salud llegara a la pandemia con un nivel de sobrecarga y debilitamiento superior al de otros servicios de salud, consecuencia de años de insuficiente inversión en recursos humanos, deterioro de la atención primaria y una creciente derivación de recursos hacia la sanidad privada concertada.
Gobernar también es asumir resultados
Las políticas sanitarias no se evalúan únicamente por el número de hospitales inaugurados ni por los anuncios institucionales. Se evalúan por sus resultados en salud.
Si Andalucía presenta peores resultados que otras comunidades en una enfermedad crónica prevenible y tratable, corresponde a la Junta de Andalucía ofrecer explicaciones y, sobre todo, soluciones.
No basta con desacreditar los estudios incómodos ni con atribuir toda la responsabilidad a factores sociales o demográficos. Es imprescindible analizar qué ha ocurrido con el seguimiento de las personas con diabetes, con la accesibilidad a la atención primaria, con la educación sanitaria y con los recursos destinados a la prevención.
Una llamada de atención para la salud pública
Este estudio no constituye una sentencia definitiva sobre las causas del problema. Pero sí representa una señal de alarma de enorme magnitud.
La salud pública tiene precisamente esa función: detectar precozmente problemas que todavía pueden corregirse. Ignorar una señal de este calibre supondría renunciar a aprender de los datos.
Cada una de las 1.641 muertes adicionales estimadas representa una persona, una familia y una historia. También representa una pregunta incómoda para quienes han dirigido la política sanitaria andaluza durante los últimos ocho años.
La verdadera evaluación de un gobierno
El Partido Popular llegó al Gobierno andaluz prometiendo una sanidad más eficiente, más cercana y con mejores resultados. Ocho años después, la realidad que reflejan numerosos indicadores —listas de espera récord, deterioro de la atención primaria, creciente descontento profesional, aumento de la contratación privada y ahora un preocupante incremento del exceso de mortalidad por diabetes— invita a una valoración muy distinta.
Puede discutirse la intensidad con la que cada uno de esos factores ha influido en este resultado. Lo que resulta mucho más difícil es negar que la evolución descrita por el estudio constituye un serio cuestionamiento del modelo sanitario desarrollado en Andalucía durante estos años.
En política sanitaria, como en medicina, el criterio último son los resultados. Y cuando esos resultados empeoran, la obligación de cualquier gobierno no es buscar excusas, sino corregir el rumbo. Porque las políticas sanitarias no terminan en los presupuestos ni en los parlamentos: terminan, para bien o para mal, en la salud y en la vida de las personas.
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