La vicepresidenta valenciana está sufriendo una cacería política sin parangón que tiene todos los ingredientes de la inmundicia más inmunda, de quienes entienden que todo vale para destruir al adversario. Oltra tuvo la mala suerte de casarse con un señor que ha sido condenado a cinco años de prisión por abusar de una menor tutelada que residía en un centro de menores de Valencia. No quiero ni pensar cómo tuvo que ser el momento en el que Oltra se enteró de que su exmarido abusó de la menor y cómo se lo contó a sus dos hijos, si es que tuvo la capacidad humana de contarle a sus hijos que su padre había abusado de una niña. No hay día que no piense en el sufrimiento personal que ha tenido que acarrearle a Oltra conocer que el padre de sus hijos ha abusado de una niña.
A pesar de esto, la derecha, que no le perdona a Oltra que en 2015 fuera clave para echar de la Comunidad Valenciana dos décadas de gobiernos corruptos, altivos, inmisericordes y sin piedad con la que gente más vulnerable, ha usado el caso para destruir a Oltra como persona. Toda vez que se supo que el exmarido de Oltra cometió el delito, una fundadora de Vox, Cristina Seguí, y el líder de la formación neonazi España 2000, José Luis Roberto, que años atrás fue a la casa de Oltra a amenazarla con caretas de terror a todo volumen en la oscuridad de la noche cuando estaba sola con sus dos hijos, se buscaron la manera de hacerse con el caso y pasaron a ser los abogados de la menor abusada.
No para defenderla, sino para implicar en el asunto a Mónica Oltra, a la sazón responsable política de los menores tutelados por la Comunidad Valenciana. A pesar de que el exmarido de Oltra fue apartado del centro nada más conocerse el asunto, a pesar de que Oltra intervino a petición propia en el Parlamento valenciano, a pesar de que ha entregado toda la documentación requerida por los partidos de la oposición y los órganos judiciales, a pesar de todo quieren responsabilizar a Oltra de un delito cometido por su exmarido. No es machismo, no es maldad, es mucho peor.
La denuncia contra Oltra fue archivada en primera instancia, pero la acusación particular –la fundadora de Vox y el líder de España 2000- recurrió y órganos judiciales superiores se amañaron con los intereses de la ultraderecha hasta que la fiscal valenciana emitió un auto que pedía la imputación de Oltra por “indicios plurales”. Por “indicios plurales” quiere decir que en la investigación han declarado 13 funcionarios que dijeron que Mónica Oltra actuó diligentemente, que nunca llamó a ningún funcionario para que protegiera a su exmarido y que todo se ha hecho de acuerdo a los protocolos previstos por el departamento de Igualdad.
A pesar de que el auto dice que “no existe prueba directa” por el que se pueda certificar que Oltra encubrió a su exmarido, que 13 funcionarios hayan declarado a favor de Oltra “hace pensar que fueron orquestados”. Así, el juez ha decidido imputarla de acuerdo al escrito de la Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert Jordá, designada a su vez por la Fiscal General del Estado, María José Segarra, nombradas ambas por su cercanía al PSOE. La fiscal Gisbert, de la máxima confianza del presidente valenciano, Ximo Puig, junto con la fundadora de Vox, Cristina Seguí, y el dirigente de España 2000, José Luis Roberto, quien le dijo a Oltra en un tuit que se la iba a follar “sin tocarte un pelo”, son las figuras claves que explican la cacería política a la que está siendo sometida Mónica Oltra.
Al más puro estilo de los autos de fe inquisitoriales del siglo XVI, no son los órganos judiciales quienes tienen que acreditar la culpabilidad de Oltra, sino la propia imputada quien debe defender su inocencia sobre un auto que dice que “no existe prueba directa” que vincule el expediente de la Consejería con Mónica Oltra y que llama “indicios plurales” a que todos los funcionarios que han tenido contacto con la menor abusada han declarado a favor de Oltra.
Mónica Oltra ha pisado varios callos. Desde que estaba en la oposición y muchos más cuando llegó a la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana. Uno es haberse enfrentando a los dueños de la Comunidad Valenciana y al bipartidismo turnista; otro es haber gobernado con una agenda social valiente que le ha permitido construir una identidad política diferenciada del PSOE; otra es haber logrado construir un espacio político propio, progresista y valencianista, que el PSPV cultivó durante años pero que perdió la cosecha cuando nació Compromís.
Otro callo es que Oltra se ha enfrentado al viejo feminismo marca PSOE al que está muy vinculada la fiscal Teresa Gisbert. No es casual que quien primero se posicionara en redes sociales contra Oltra, nada más conocerse la imputación, fue la exvicepresidenta del PSOE Elena Valenciano, figura de peso en la Fundación Mujeres, organización directamente vinculada al PSOE, y de donde salió, por ejemplo, la estrategia de oponerse a leyes feministas como la Ley Trans o incluso la custodia compartida que Oltra ha defendido en su época de diputada y luego como consellera de las políticas de Igualdad.
Tampoco es casual que Ángel Luna, actual Defensor del Pueblo valenciano y exportavoz del PSOE en el Parlamento valenciano, al que Oltra le ganó en 2007 un pleito por el que los socialistas perdieron un diputado en beneficio de Compromís, dijera meses atrás, sin acreditar un sola prueba, que una investigación de la institución que dirige “ha dejado claro que se produjo una intervención” de Oltra a favor de su exmarido. Intervención que niegan todos los funcionarios, hasta 13, todos ellos con más de 20 años de experiencia en la administración.
A la ultraderecha no le interesa que Oltra siga siendo una figura política de prestigio, pero tampoco al PSOE valenciano que ve ahora una oportunidad para quitarse del medio a su gran adversaria que, además, está muy bien situada en el proyecto de Yolanda Díaz. Oltra está siendo víctima de un caso claro de lawfare, esto es, uso del poder judicial para dirimir las diferencias políticas. En el siglo pasado, a los líderes progresistas los hacían desaparecer con violencia o tirándolos al mar desde aviones de la muerte. Ahora, sólo hace falta usar los poderes judiciales tomados por las élites políticas y económicas y dejar que el Estado profundo actúe.
Horas y horas de televisión y radio y kilómetros de tinta en periódicos cuando se imputa y ni un breve cuando la imputación se archiva. Es la práctica con la que en Latinoamérica se ha actuado contra el expresidente brasileño Lula da Silva, quien incluso llegó a estar preso para luego ser declarado inocente; contra Cristina Fernández de Kirchner, que a pesar de haber liderado la época más brillante de la economía y con más inclusión social, logrando llevar a cinco millones de argentinos a la clase media, acabó su mandato odiada por amplias capas de la población después de horas y horas dedicadas a procesos judiciales que se han caído todos, uno detrás de otro.
“Nos llaman chorros (ladrones) porque no pueden decir que nos juzgan por defender la inclusión social y combatir los privilegios del poder económico concentrado”, dijo la expresidenta argentina en un juicio que fue emitido en directo por todas las televisiones del país.
Cuando Cristina Fernández de Kirchner fue declarada inocente, no fue emitido ni en directo ni en diferido. El mensaje es claro: si te metes en política para defender a los de abajo, te vamos a destruir la vida. No van a por Mónica Oltra, van a destruir el progresismo popular que amenaza para que no quede nadie para defender a los de abajo.
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