Vaya plan. El señor alcalde de Sevilla por lo que se ve, quiere inmortalizar la “gran obra” del teólogo, ex obispo de Córdoba y Arzobispo emérito de Sevilla: la inmatriculación de varios cientos de edificios monumentales en ambas provincias, como la Mezquita cordobesa y la Catedral, la Giralda y el Patio de los Naranjos, en Sevilla. Inmatricular una propiedad es inscribirla al propio nombre en el Registro y en el caso de la Iglesia Católica con la sola firma del Obispo, sin necesidad de aportar ningún documento acreditativo de su propiedad, porque esos documentos no existen.
Estos edificios, dedicados o no al culto, siempre han sido propiedades del común, es decir, de todos los sevillanos en el caso de Sevilla, de todos los cordobeses, de todos los malagueños en cada caso, de todos los españoles. El total de todo lo inmatriculado en España supera los cien mil bienes, entre ellos ermitas, capillas, iglesias, parroquias, basílicas, conventos, catedrales, casas de vecinos, almacenes, fincas rurales, cementerios y hasta calles y plazas. Una de ellas el Patio de los Naranjos, dónde ya no se puede pasear porque el Cabildo cobra entrada, un “diezmo” por el acceso igual que lo viene cobrando en la Catedral y la Giralda, también propiedades del común, que habían sido cedidas para el culto.
Las inmatriculaciones, contrarias a Derecho por tratarse de bienes prestados a la Iglesia en usufructo, son propiedades del común, es decir, de todos y al ser de todos no pueden ser de nadie. No tienen propietario porque son de todos y no pueden tenerlo para que sigan siendo de todos. La inmatriculación supone una apropiación que además, por la naturaleza unitaria y dependiente de la Iglesia católica en todo el mundo, han pasado a propiedad de un gobierno extranjero: el Estado Vaticano. Esas propiedades, que en su momento fueron prestadas para su uso, han “encontrado” dueño y deben revertir al Común porque son del común y su privatización es una operación cuando menos irregular. El “precio” de la inmatriculación ha sido una tasa de treinta euros, el precio de cinco entradas al Patio de los Naranjos. Ese ha sido el “precio” de cada una de las once catedrales existentes en Andalucía, así como el resto de bienes BIC, la mayoría de ellos Monumentos y, muchos, Patrimonio de la Humanidad. Una ingente riqueza artística que ha pasado del común de los vecinos a la jerarquía de la Iglesia Católica o, lo que es lo mismo, a propiedad del Estado Vaticano.
Situación tan irregular hace que la dedicación de una calle de Sevilla al súper-inmatriculador, sea un insulto y una burla a la ciudad por todas las realizadas desde que comenzó la campaña de inmatriculaciones, cuando Asenjo era miembro de la Comisión Episcopal y con esa “doctrina tan pía”, ha continuado hasta terminar en Sevilla su función ni devota ni piadosa, razón por la que al margen de su labor pastoral, si la ha habido, que no viene al caso, es rechazable que se inmortalice al anterior Arzobispo y a su obra dedicándole una calle de esta ciudad.
Nadie se opone a que la Iglesia católica pueda continuar realizando su culto en las iglesias, ermitas, catedrales, etc., recibidas en préstamo en su momento. El rechazo es al cambio de propiedad, mejor dicho a la inauguración de propiedad, porque antes fueron del común, por lo que al común deben volver.
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