La crisis ecológica y la guerra declarada entre Rusia y occidente sobre el territorio ucraniano, es el contexto global en que se mueve toda política de Estado y de partido. El contexto que afecta a las poblaciones de todos los países. Pagamos la guerra y pagamos la crisis ecológica, como hemos pagado la crisis financiera, con el incremento de la desigualdad y de la dependencia del Estado de poderes antidemocráticos. La especulación crece, como crece el filibusterismo de medios de comunicación propiedad de un puñado de capitalistas. La rapiña del capital está desatada, lo vemos a diario con los beneficios impresionantes de las grandes compañías y los bancos.
Celebramos el Día de Andalucía cuando se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania, otra guerra en Europa. Nadie con poder en el viejo occidente hace una apuesta comprometida con la paz. Más al contrario, contra la racionalidad económica, la dependencia de la UE de los combustibles fósiles y del lobby nuclear aumenta, al tiempo que ata a un proveedor inestable e interesado, como son los EEUU de América, su futuro energético. La llamada locomotora europea, Alemania, anda oxidándose con un gobierno tripartito progresista/verde/liberal que no da sentido a sus definiciones ideológicas. El pacifismo alemán de postguerra se ha enterrado bajo las explosiones de los gasoductos Nord Stream y los anuncios del envío de tanques a Ucrania.
El aterrizaje del capitalismo neoliberal tras su huida desde lo terrenal al espacio financiero, entregando la máquina de producción de mercancías a China y Asia, es una vuelta a la ambición por el control de materias primas y combustibles. Para ello precisa de la provocación y la guerra. Rusia es un país invasor, es preciso decirlo, como es preciso decir que la estrategia de dominio bélico mundial frente a China de la OTAN, seguida por la UE, con Joe Biden como comandante en jefe, no es precisamente un ejemplo de búsqueda de paz, democracia y bienestar para la humanidad. Ninguna guerra se acaba con más guerra, ni despreciando con sarcasmo cualquier iniciativa de paz que se proponga dentro o fuera fuera de Naciones Unidas.
En este contexto global tenemos en Andalucía un gobierno ajeno a lo que pasa en el mundo. Un gobierno cuya política es la inercia del pasado más reciente. El gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla para Andalucía, el proyecto del Partido Popular en su delegación andaluza, es canalizar nuestros recursos humanos, ambientales, territoriales, naturales y monetarios hacia el extractivismo de poderes económicos radicados fuera de nuestra tierra. El partido popular en el gobierno andaluz actúa desde el legado del PSOE, que a su vez adoptó el sol y playa franquista, sin más política territorial que la exaltación de la bandera verdiblanca, importante como símbolo pero inoperante si no tiene contenido político andalucista. No hay políticas para la estructuración de economías locales que limiten la dependencia exterior, mimen el medio y mejoren nuestras condiciones de vida.
Turismo, construcción, agricultura intensiva y extracción minera, a lo que hay que añadir, mediante el mecanismo de la privatización de servicios públicos y la colaboración público/privada, la entrega de capital público y beneficios empresariales a empresas con domicilio social fuera de Andalucía. Una economía del expolio que genera trabajo de baja remuneración y exilio económico, esta vez de andaluces y andaluzas con buena cualificación profesional. En términos económicos Andalucía tiene un patronazgo colonial exterior que extrae nuestros recursos con sus plusvalías. Las consecuencias las definen los datos que mostramos a continuación.
En un análisis de domicilios sociales de las sesenta y cinco grandes empresas con más actividad en España en los sectores de la distribución alimentaria, la banca, la telefonía, los seguros, la construcción, la aguas, la energía, las tecnológicas, las plataformas de streaming y grupos mediáticos, cuarenta y tres están radicadas en Madrid, el resto entre Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia y Cantabria (el Banco Santander). Ninguna tiene domicilio social en Andalucía. La única banca que queda con sede en Andalucía, Málaga, Unicaja, se encuentra en un proceso de fusión con Liberbank cuya sede social está en Madrid. Son datos muy reveladores del papel subalterno de Andalucía en la economía española, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de esas empresas extraen beneficios de su actividad en nuestra comunidad autónoma. Beneficios que son imputados fuera, principalmente en Madrid, ese paraíso fiscal interior para las grandes fortunas al que el presidente andaluz quiere, quiméricamente, que se parezca Andalucía.
Si ampliamos el espectro a la sede social de las doce principales empresas operadores turísticos y cadenas hoteleras, nos encontramos con que ni una sola tiene la sede social en Andalucía. Una comunidad en la que el sector turístico representa más del 12% del PIB, unos 20.000 millones de euros, entrega los beneficios y consiguientemente la imputación fiscal al exterior, dejando aquí precariado, destrucción ambiental y territorial. Modelo más colonial imposible.
Cuando a esta evaluación empresarial le añadimos algunos datos comparativos socioeconómicos relativos a tasa de desempleo, 19%, en España 13,1%; riesgo de pobreza en 2021, 32,3%, en España 21,7%; desigualdad económica, 6,8, en España 6,2; tasa Arope de pobreza 38,7%, en España 27,8%; PIB per cápita 18.906 euros, en España 25.500 euros; desempleo juvenil 35%, en España 30,1%, observamos que todos los indicadores tienen a Andalucía, dejando a un lado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el último o penúltimo lugar. Ni que decir tiene que, cuando los indicadores se separan por sexos, las mujeres salen aún más perjudicadas. Como en todo territorio colonial, el género femenino es el que se enfrenta con mayor crudeza a la economía del expolio.
La respuesta política a esta situación de desigualdad estructural, independientemente de que esté canalizada o no por alguna opción electoral, es una necesidad apremiante. El autogobierno conseguido por el pueblo andaluz en la transición, que celebramos el 28 de febrero como Día de Andalucía, tuvo su factor de cohesión popular en una identidad cultural fuerte y compartida, y su motor energético en la situación de desigualdad y pobreza que se vivía en Andalucía en los años sesenta y setenta del siglo pasado respecto de otras “regiones” del estado. Más de dos millones de andaluces vivían la tragedia de la inmigración. Ayer como hoy fue necesaria una respuesta popular contra la desigualdad. Una respuesta que no se atisba en el horizonte próximo.
Cataluña y Euskadi, se disponen, una vez superado el fracaso del procés, a actuar sobre el poder político del Estado para avanzar en sus respectivos proyectos nacionales, las declaraciones y actos recientes de dirigentes de la derecha vasca apuntan de nuevo, como en el proceso constitucional que culminó en 1978, hacia el avance de un estado asimétrico que se configure de facto como un estado centralizado en Madrid y dos naciones integradas en el mismo con fuerte capacidad política y fiscal propia. El resultado de un proceso así no es difícil de imaginar, más desigualdad y centralismo para los territorios vinculados colonialmente a la capital, Madrid, y mejores condiciones socioeconómicas para País Vasco y Cataluña. La desigualdad territorial de Andalucia se agravaría.
El pueblo andaluz tiene una configuración identitaria peculiar, un pueblo visible cuyo idioma son sus acentos, un pueblo cuya lengua política debe volver a ser la de la reivindicación de la igualdad anclada en la identidad cultural. Según el CENTRA (Fundación Centro de Estudios Andaluces) en una reciente encuesta sobre identidad nacional andaluza, el 68,5% de las y los andaluces se siente tan andaluz como español, el 13,4% más andaluz que español y el 10,5% más español que andaluz. Son unos datos reveladores para definir los parámetros políticos de avance territorial, sobre los que deberá articularse un proyecto político que interfiriera con fuerza en las intenciones de mantenernos relegados en la nula capacidad de decisión para afrontar nuestra, reconocida en los datos, desigualdad estructural.
Necesitamos en Andalucía una izquierda que perciba que tras la desigualdad como colonia interior, está la explotación de nuestro territorio por otros, del capital sobre la naturaleza y del capital sobre la vida y el tiempo de las mujeres. Esa izquierda no puede ignorar la fuerza cultural del pueblo andaluz para canalizarla por la vía política en las luchas contra la desigualdad, por la paz, los derechos de las mujeres y contra la crisis ecológica y sus efectos. Pero a su vez no puede despreciar la necesidad de alianzas de gobierno incluso con quienes, desde posiciones blandas y, a veces, reactivas, son aliados necesarios para luchar contra la dirección antidemocrática que ha emprendido la derecha y la ultraderecha española. Alianzas de gobierno para exigir cumplimiento de acuerdos desde dentro y fuera del gobierno, sin inhibición de posicionamientos concretos aunque choquen con el aliado gubernamental.
Vivimos en Andalucía una crisis en el ámbito de la izquierda con cuatro espacios definidos. El del partido socialista, que no se recupera de la pérdida del poder de la Junta de Andalucía por parecerse demasiado al PP del presidente andaluz. El de la izquierda postanguita, con añoranza de ser la única izquierda a la izquierda del PSOE en Andalucía, el de la escisión de Podemos, Adelante Andalucía, replegado sobre posiciones identitarias y sindicales que no priorizan las alianzas, y el de la izquierda quicemayista, Podemos, que no acaba de ver de manera clara lo imprescindible que es el empuje andalucista, para articular un proyecto de dirección de estado con voluntad de poder, que permita defender y ahondar la democracia, al tiempo que avanzar hacia una nueva configuración federal/confederal republicana, para equilibrar las demandas nacionales con la necesidad de igualdad estructural de todos los pueblos, naciones y regiones de España.
Llegan las elecciones municipales, es el peor momento para recomponer un proyecto común de la izquierda andaluza. Independientemente de los resultados que se den tras el 28 de mayo, seguirá siendo imprescindible, defender los intereses del pueblo andaluz, incluido el empresariado arraigado, para romper la situación de colonia interior en la que nos encontramos. Ese proyecto no debe partir de la ignorancia de nuestra identidad política y cultural, ni de la ilusión óptica de lo que no somos.
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Mario Ortega Rodríguez, presidente de Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta de Andalucía y Democracia; Salvador Soler García, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Lilian Bermejo Luque, profesora de la Universidad de Granada; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Manuel González de Molina, catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; Rubén Pérez Trujillano, jurista y profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Javier Rodríguez Alcázar, escritor y profesor de la UGR; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Julián Álvarez Ortega, abogado; Marcos García Mariscal, abogado laboralista; Manuel Rodríguez Alcázar, presidente de Unidad Cívica Andaluza por la República; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; Raúl Solís Galván, periodista.
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