Decía Mao Zedong a las milicias revolucionarias chinas, en la Larga Marcha, algo así como que en la punta del fusil siempre tiene que estar la política. En estos tiempos, el fusil posmoderno es el voto, y en la punta del voto siempre ha de estar la política. El voto es hoy la gran trinchera de resistencia. Dejemos las utilidades expresivas o mítico-ideológicas del voto y no sigamos con sus usos estrictamente identitarios: es el momento de entender que el voto y los partidos son instrumentos al servicio de modelos de sociedad deseables, que siempre serán, de una forma u otra y en un grado mayor o menor, formas democráticas. Cuando el fascismo reaparece, como en estos momentos, la democracia se convierte en la condición de posibilidad de cualquier modelo de sociedad deseable.

En apenas diez días de este otoño, tres democracias muy distintas han producido un mismo dato. El 25 de octubre, Brasil celebró la segunda vuelta de sus presidenciales con la abstención más baja en una segunda vuelta desde 2006: un 19,22 %, casi dos puntos menos que en la primera ronda. El 27 de octubre, Israel votó con una participación del 77,9 %, la más alta desde 1999 y, según algunos registros, desde los años setenta. Y el 3 de noviembre, Estados Unidos cerró unas elecciones de mitad de mandato en las que más de 59 millones de personas habían votado por anticipado, un récord que pulveriza el de 2022. Los resultados también riman: Lula remonta y gana su cuarto mandato; el bloque de Netanyahu se queda en 53 escaños, lejos de los 61 que necesita para gobernar; y los republicanos de Trump pierden, según las proyecciones, el control de la Cámara y del Senado.

La participación no lo explica todo y sería una ingenuidad convertirla en una ley de hierro. En Brasil, la aritmética es tozuda: unos tres millones de votantes nuevos no bastan por sí solos para explicar una ventaja final de 4,4 millones; hubo transferencia de votos de candidatos eliminados y cambios de preferencia entre los dos finalistas. En Estados Unidos, los propios analistas republicanos sostienen que sus votantes sí acudieron y que el problema fue otro; el vicepresidente Vance culpa a la guerra con Irán. Pero si el dato no es una causa suficiente, sí es una condición reveladora. Allí donde la ciudadanía vuelve masivamente a las urnas, la nueva extrema derecha pierde. Y esa regularidad dice algo inquietante sobre lo que viene.

Durante una década, el ascenso de lo que con prudencia podemos llamar nuevo fascismo (o posfascismo, o neorreacción: la etiqueta importa menos que la cosa) se apoyó en una ingeniería electoral muy precisa. No necesitaba mayorías sociales; le bastaban minorías intensas en un océano de desafección. Su materia prima era la abstención. El algoritmo segmentaba, el bulo movilizaba a los propios y desmovilizaba a los ajenos, y la guerra cultural convertía cada elección en un plebiscito emocional donde ganaba quien más miedo o más rabia lograba administrar. El dinero de los oligarcas tecnológicos, dueños a la vez de la plaza pública digital y de las cuentas corrientes de las campañas, lubricaba la máquina. Era, en el sentido más literal, una política de mercado: marketing aplicado a electorados fragmentados y cansados.

Esa ingeniería funciona mientras la participación es baja, porque su ventaja comparativa es la intensidad, no la extensión. Cuando la abstención cae, cuando votan los mayores que habían dejado de hacerlo, los jóvenes de los campus, las minorías que se sabían amenazadas, el árabe israelí que no creía en la Knéset o la abuela brasileña a la que su nieto lleva en coche al colegio electoral por miedo a perder una beca, la intensidad deja de compensar la extensión. El marketing se estrella contra la aritmética. Y no hay algoritmo que fabrique tres millones de votos de la nada.

Lo llamativo es que esto ocurre pese al dinero. Nunca la extrema derecha había contado con tantos recursos ni con tan poderosos aliados en el capitalismo de plataformas. Y, sin embargo, pierde. Estas elecciones de mitad de mandato han sido las más caras de la historia de Estados Unidos: según OpenSecrets, el gasto de candidatos y grupos externos ronda los 12.000 millones de dólares, más incluso que en unas presidenciales. La lección es antigua, aunque la olvidemos con facilidad: el dinero compra atención, pero no compra presencia. Puede saturar las pantallas, pero no puede ir a votar por quien se ha decidido a hacerlo.

La segunda herramienta del repertorio era más sofisticada y, para quien conoce los tribunales desde dentro, más perturbadora: la guerra jurídica. Si el adversario no podía ser derrotado en las urnas, podía ser inhabilitado en los juzgados. Brasil fue el laboratorio. La operación Lava Jato encarceló a Lula en 2018 y lo apartó de unas elecciones que todas las encuestas le daban por ganadas; años después, el Supremo Tribunal Federal anuló aquellas condenas por la parcialidad del juez que las dictó. Fue un golpe de Estado judicial en sentido estricto: no se suspendió la Constitución, se la usó como arma. La forma jurídica quedaba intacta; la sustancia democrática, vaciada.

Ese modelo se exportó con variaciones. Lo hemos visto, y lo seguimos viendo, también en España, donde la persecución judicial del entorno del presidente del Gobierno y de las instituciones que de él dependen ha ocupado más portadas que cualquier programa de gobierno. El lawfare tiene una virtud para quien lo practica: conserva la apariencia de legalidad. Es la forma que adopta el decisionismo schmittiano cuando no se atreve a declarar abiertamente el estado de excepción y prefiere administrarlo en pequeñas dosis, causa a causa, auto a auto. En lugar de un soberano que decide sobre la excepción, una red de instructores que deciden sobre la regla.

Pero el lawfare, como el marketing, tiene un límite: necesita que el electorado acepte el veredicto, o al menos que se abstenga ante él. Cuando el perseguido vuelve y gana, como ha vuelto Lula dos veces, el arma se descarga. La guerra jurídica erosiona, desgasta, intimida; lo que no consigue es impedir que una mayoría movilizada vote al inhabilitado de ayer. Lula es, en este sentido, la refutación viva del lawfare como estrategia de largo plazo: encarcelado en 2018, presidente en 2022 y reelegido ahora con la mayor votación de la historia del país, más de 64 millones de votos, tras una remontada que nunca se había producido en Brasil desde la redemocratización.

Si el marketing y el lawfare se agotan cuando la gente vota, el nuevo fascismo se enfrenta a un dilema inaplazable. Mientras siga existiendo un mínimo de elecciones liberales, unas urnas que se cuentan y un esqueleto, aunque sea casi vacío, de Estado de derecho, puede perder. Y está perdiendo. Por tanto, si quiere gobernar, o seguir gobernando, tendrá que prescindir de esas formas. Ya no le valen los golpes de Estado judiciales; tendrá que recurrir, tarde o temprano, a la violencia y al golpe de Estado clásico, con uniformes y no con togas.

No es una hipótesis de laboratorio. Los ensayos ya se han hecho. El asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y la invasión de las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023 fueron eso: ensayos de lo que ocurre cuando una extrema derecha que ha perdido las elecciones decide no aceptarlo. En Brasil, la justicia ha acreditado la trama golpista de Jair Bolsonaro, que incluía planes contra la vida del propio Lula. En Estados Unidos, el despliegue de tropas federales en ciudades gobernadas por la oposición, bajo pretextos de orden público, ha normalizado una presencia militar en la vida civil que habría sido impensable hace una década. En Israel, el oficialismo ya ha empezado a deslegitimar el resultado acusando a países extranjeros de financiar el voto árabe: el mismo argumento que siempre precede a la negativa a reconocer una derrota.

Lo que cambia ahora es la escala del incentivo. Mientras la abstención era alta, la extrema derecha podía ganar jugando dentro de las reglas, aunque las retorciera. Con la abstención en mínimos de décadas, las reglas dejan de favorecerla. Y un movimiento que se define por su desprecio a la deliberación, que concibe la política como guerra y al adversario como enemigo, en la estela del Feindstrafrecht de Jakobs trasladado del derecho penal a la política entera, no tiene en su naturaleza la vocación de aceptar derrotas. La alternancia, para él, no es una regla del juego; es un accidente que hay que evitar.

La pregunta, entonces, no es si la participación alta derrota al nuevo fascismo. Lo hace, al menos en las condiciones actuales. La pregunta es qué hará el nuevo fascismo cuando entienda que la participación alta lo derrota. Y aquí la historia ofrece pocas razones para el optimismo, pero sí algunas. El fascismo clásico tampoco llegó al poder por mayoría absoluta en ningún sitio; llegó cuando las élites que lo financiaban comprendieron que el sistema parlamentario ya no garantizaba sus intereses y decidieron que había que saltárselo. Pero no es menos cierto que una fracción muy poderosa de las élites capitalistas liberales no apostó por el fascismo, como en Estados Unidos y el Reino Unido, y de ahí salió la extraña alianza de Churchill, Roosevelt y Stalin que acabó derrotando a las potencias fascistas aliadas en el Eje Berlín-Roma-Tokio. Y eso fue posible dada el viejo matromnio entr el racoinaismno ilsuyrdaoi  y el mercantilismo precapitaliat que se opini diametralm,nte  al ptpcto fascutas  que  no contemplaba ningún escenario de victoria que no fuera un inmenso camposanto construido sobre un inmenso campo de concentración. Y ya se sabe que los muertos producen poco valor añadido y que los prisioneros son trabajadores muy costosos de gobernar.

España no es ajena a esta lógica. Si las próximas generales confirmaran la tendencia de este otoño, una participación alta capaz de dar a Pedro Sánchez una victoria que hoy muchos dan por imposible, el repertorio del marketing y del lawfare quedaría tan exhausto aquí como en Brasilia o en Washington. Y entonces sabríamos de qué madera está hecha nuestra derecha. Sabríamos si acepta la derrota como corresponde a una fuerza democrática o si, como sus homólogos americanos, prefiere cuestionar el recuento, hablar de fraude y buscar en los cuarteles lo que no encuentra en las urnas. Tenemos ya ese precedente en nuestra memoria, y no es una memoria lejana.

La buena noticia de este otoño es que los pueblos, cuando se sienten amenazados, vuelven a votar. La mala es que eso no cierra el ciclo; lo abre a una fase más peligrosa. La democracia ha ganado tres batallas en diez días. Pero la guerra que se avecina no se librará con anuncios segmentados ni con autos de instrucción. Se librará en el terreno donde el fascismo siempre se ha sentido más cómodo: el de la fuerza. Defender la democracia ya no consiste solo en votar. Consiste en garantizar que, cuando se vote, el resultado se respete. Y eso exige algo más que urnas: exige instituciones que no se rindan, ejércitos que obedezcan a la Constitución y no a sus enemigos, y una ciudadanía que entienda que la participación de hoy es el seguro contra el golpe de mañana.