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El 16 de octubre el PSOE y las fuerzas del Frente Amplio, entre ellas Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y Compromís, junto con varias izquierdas territoriales, acordaron concurrir al Senado con una candidatura compartida en 47 circunscripciones. Diez días después, el 26 de octubre, PP y Vox respondieron con su propio acuerdo. El PP no se presentará en Guipúzcoa, Girona y Tarragona. Vox retira a sus candidatos en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares, donde el PP incluirá en sus listas a un independiente propuesto por Vox. En otras catorce provincias, entre ellas Sevilla, Huelva, Granada y Jaén, Vox solo presentará un candidato. El PP prefiere llamarlo "entendimiento". La palabra importa poco: es un pacto, y es el primero que ambas derechas firman a escala estatal y a cara descubierta.
El pacto del bloque progresista para el Senado tiene muchas virtudes. La más evidente es aritmética. Con un sistema que entrega tres de los cuatro senadores de cada provincia a la lista más votada, dividirse es sinónimo de desaparecer. Hay otras virtudes menos visibles: obliga a la cooperación desde abajo, devuelve protagonismo a las provincias vaciadas y convierte el Senado en algo que casi nunca ha sido, una cámara por la que merece la pena movilizarse. Pero quiero detenerme en una virtud que no estaba en el guion y que nos han regalado los propios adversarios. El pacto PP-Vox ha hecho visible lo que hasta ahora ambos negaban.
Pensemos en el coste político de cada alianza. La de PSOE con el Frente Amplio no es ninguna sorpresa. El PSOE gobierna desde 2018 con el apoyo de estas fuerzas, y desde 2020 en coalición con ellas. Ocho años de gobierno compartido, con sus aciertos, sus tensiones y sus errores, han hecho que todo el mundo sepa ya lo que viene después de esa alianza. Viene lo que ya hay. Cualquier crítica que el PP o Vox puedan lanzar contra ella, desde el 'gobierno Frankenstein' hasta el 'socialcomunismo', está más que amortizada. El elector la ha escuchado mil veces, ha votado después de escucharla y ha sacado sus propias conclusiones. El propio Pedro Sánchez hace gala de ello y presenta la coalición como un activo, no como una carga que haya que esconder. Lo que se pacta para el Senado es la continuidad de algo conocido, no un salto al vacío.
Con las derechas ocurre exactamente lo contrario. La alianza entre PP y Vox es un hecho en buena parte de los gobiernos autonómicos. Desde Extremadura, donde el acuerdo de gobierno ha recuperado la vieja consigna lepenista de la «preferencia nacional», hasta las comunidades donde Vox entra y sale de los ejecutivos según su conveniencia. Y, sin embargo, es una alianza que ambos niegan sistemáticamente. El PP se presenta como un partido de centro que se ve forzado a pactar por la aritmética, nunca por afinidad. Vox se presenta como la única alternativa auténtica frente a una derecha tibia y acomplejada. Cada uno necesita esa negación para conservar su electorado. El dato contradice a diario el relato, pero el relato ha funcionado mientras nadie lo obligara a confrontarse con el dato.
Esa negación tiene una razón de ser. La alianza explícita de las derechas es un poderoso factor de rechazo. Lo es para el votante moderado de centro, que puede votar al PP pensando en un gobierno sensato, pero no quiere ver en él la sombra de la ultraderecha. Y lo es para el votante de izquierdas desmovilizado, que quizá no tenga ganas de defender al Gobierno, pero las tiene todas de impedir que lleguen los otros. Nada moviliza más a la izquierda que la imagen de Feijóo y Abascal juntos.
Por eso el pacto para el Senado es, potencialmente, mucho más costoso para el bloque reaccionario que para el progresista. A Vox lo homologa con la 'derechita cobarde' a la que lleva años despreciando: el partido que se presentaba como la ruptura con el sistema acaba repartiéndose provincias con el PP en un despacho. Y al PP lo hermana con la extrema derecha más tenebrosa, justo cuando necesita parecer el refugio de la moderación. Pedro Sánchez lo resumió el mismo día del anuncio con una fórmula difícil de olvidar: dicen lo mismo, votan lo mismo, gobiernan juntos. Ahora, además, se presentan juntos.
La reciente visita de Javier Milei ha sido una demostración involuntaria de hasta qué punto ambos huyen de esa imagen. Milei llegó a España en plena precampaña y volvió a referirse a Pedro Sánchez como un dictador. Hace no tanto, la derecha española se disputaba la foto con él. Esta vez, Feijóo no lo recibió. Santiago Abascal tampoco se reunió con él en persona y se limitó a difundir una videollamada. Las cuentas nacionales del PP ni siquiera recogieron la visita. Solo Isabel Díaz Ayuso se reunió con él, a puerta cerrada y sin declaraciones. Según la prensa, el PP teme que un discurso tan polarizador movilice a la izquierda y espante al votante moderado. Tiene razón en temerlo. Las derechas españolas saben que la estética de Trump y Milei resta más de lo que suma, y por eso la esconden. Pero el pacto del Senado no se puede esconder: está impreso en las papeletas.
Ahí está la paradoja. PP y Vox han pactado para sumar escaños, pero lo han hecho a costa de entregar a sus adversarios la prueba que les faltaba. Ya no hace falta especular sobre lo que vendría después de un gobierno de las derechas. Está escrito en Extremadura, en el bloqueo del Tribunal Constitucional y en la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, que el próximo Senado tendrá en sus manos. Lo que está en juego no es una mayoría parlamentaria más, sino la llave de las instituciones que deben arbitrar los conflictos de la próxima década.
Nada de esto se traduce sola en votos. Las virtudes de un pacto solo se convierten en escaños si alguien las explica, las defiende y las lleva a la calle. Por eso tiene especial importancia el acto Por un Senado de Progreso. En defensa de la democracia, convocado en Sevilla para el miércoles 4 de noviembre. Sevilla es una de las provincias donde Vox ha mantenido su candidato, y una de las que pueden decidir si la Cámara Alta sigue siendo una trinchera de bloqueo o se convierte en un contrapeso democrático. La iniciativa Senadoras y Senadores por la Democracia lleva meses defendiendo que la confluencia debía construirse desde abajo y sin esperar al último momento. El acuerdo ya existe. Ahora falta lo más difícil: que la ciudadanía lo haga suyo.
Las derechas han firmado su alianza esperando que nadie la mire demasiado. Nuestra tarea es exactamente la contraria: mirarla, nombrarla y explicarla. El 29 de noviembre no se elige entre lo conocido y lo desconocido, sino entre lo que ya hay y lo que PP y Vox llevan años negando que fueran a hacer juntos. Ya no pueden negarlo.
El 16 de octubre el PSOE y las fuerzas del Frente Amplio, entre ellas Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y Compromís, junto con varias izquierdas territoriales, acordaron concurrir al Senado con una candidatura compartida en 47 circunscripciones. Diez días después, el 26 de octubre, PP y Vox respondieron con su propio acuerdo. El PP no se presentará en Guipúzcoa, Girona y Tarragona. Vox retira a sus candidatos en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares, donde el PP incluirá en sus listas a un independiente propuesto por Vox. En otras catorce provincias, entre ellas Sevilla, Huelva, Granada y Jaén, Vox solo presentará un candidato. El PP prefiere llamarlo "entendimiento". La palabra importa poco: es un pacto, y es el primero que ambas derechas firman a escala estatal y a cara descubierta.
El pacto del bloque progresista para el Senado tiene muchas virtudes. La más evidente es aritmética. Con un sistema que entrega tres de los cuatro senadores de cada provincia a la lista más votada, dividirse es sinónimo de desaparecer. Hay otras virtudes menos visibles: obliga a la cooperación desde abajo, devuelve protagonismo a las provincias vaciadas y convierte el Senado en algo que casi nunca ha sido, una cámara por la que merece la pena movilizarse. Pero quiero detenerme en una virtud que no estaba en el guion y que nos han regalado los propios adversarios. El pacto PP-Vox ha hecho visible lo que hasta ahora ambos negaban.
Pensemos en el coste político de cada alianza. La de PSOE con el Frente Amplio no es ninguna sorpresa. El PSOE gobierna desde 2018 con el apoyo de estas fuerzas, y desde 2020 en coalición con ellas. Ocho años de gobierno compartido, con sus aciertos, sus tensiones y sus errores, han hecho que todo el mundo sepa ya lo que viene después de esa alianza. Viene lo que ya hay. Cualquier crítica que el PP o Vox puedan lanzar contra ella, desde el 'gobierno Frankenstein' hasta el 'socialcomunismo', está más que amortizada. El elector la ha escuchado mil veces, ha votado después de escucharla y ha sacado sus propias conclusiones. El propio Pedro Sánchez hace gala de ello y presenta la coalición como un activo, no como una carga que haya que esconder. Lo que se pacta para el Senado es la continuidad de algo conocido, no un salto al vacío.
Con las derechas ocurre exactamente lo contrario. La alianza entre PP y Vox es un hecho en buena parte de los gobiernos autonómicos. Desde Extremadura, donde el acuerdo de gobierno ha recuperado la vieja consigna lepenista de la «preferencia nacional», hasta las comunidades donde Vox entra y sale de los ejecutivos según su conveniencia. Y, sin embargo, es una alianza que ambos niegan sistemáticamente. El PP se presenta como un partido de centro que se ve forzado a pactar por la aritmética, nunca por afinidad. Vox se presenta como la única alternativa auténtica frente a una derecha tibia y acomplejada. Cada uno necesita esa negación para conservar su electorado. El dato contradice a diario el relato, pero el relato ha funcionado mientras nadie lo obligara a confrontarse con el dato.
Esa negación tiene una razón de ser. La alianza explícita de las derechas es un poderoso factor de rechazo. Lo es para el votante moderado de centro, que puede votar al PP pensando en un gobierno sensato, pero no quiere ver en él la sombra de la ultraderecha. Y lo es para el votante de izquierdas desmovilizado, que quizá no tenga ganas de defender al Gobierno, pero las tiene todas de impedir que lleguen los otros. Nada moviliza más a la izquierda que la imagen de Feijóo y Abascal juntos.
Por eso el pacto para el Senado es, potencialmente, mucho más costoso para el bloque reaccionario que para el progresista. A Vox lo homologa con la 'derechita cobarde' a la que lleva años despreciando: el partido que se presentaba como la ruptura con el sistema acaba repartiéndose provincias con el PP en un despacho. Y al PP lo hermana con la extrema derecha más tenebrosa, justo cuando necesita parecer el refugio de la moderación. Pedro Sánchez lo resumió el mismo día del anuncio con una fórmula difícil de olvidar: dicen lo mismo, votan lo mismo, gobiernan juntos. Ahora, además, se presentan juntos.
La reciente visita de Javier Milei ha sido una demostración involuntaria de hasta qué punto ambos huyen de esa imagen. Milei llegó a España en plena precampaña y volvió a referirse a Pedro Sánchez como un dictador. Hace no tanto, la derecha española se disputaba la foto con él. Esta vez, Feijóo no lo recibió. Santiago Abascal tampoco se reunió con él en persona y se limitó a difundir una videollamada. Las cuentas nacionales del PP ni siquiera recogieron la visita. Solo Isabel Díaz Ayuso se reunió con él, a puerta cerrada y sin declaraciones. Según la prensa, el PP teme que un discurso tan polarizador movilice a la izquierda y espante al votante moderado. Tiene razón en temerlo. Las derechas españolas saben que la estética de Trump y Milei resta más de lo que suma, y por eso la esconden. Pero el pacto del Senado no se puede esconder: está impreso en las papeletas.
Ahí está la paradoja. PP y Vox han pactado para sumar escaños, pero lo han hecho a costa de entregar a sus adversarios la prueba que les faltaba. Ya no hace falta especular sobre lo que vendría después de un gobierno de las derechas. Está escrito en Extremadura, en el bloqueo del Tribunal Constitucional y en la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, que el próximo Senado tendrá en sus manos. Lo que está en juego no es una mayoría parlamentaria más, sino la llave de las instituciones que deben arbitrar los conflictos de la próxima década.
Nada de esto se traduce sola en votos. Las virtudes de un pacto solo se convierten en escaños si alguien las explica, las defiende y las lleva a la calle. Por eso tiene especial importancia el acto Por un Senado de Progreso. En defensa de la democracia, convocado en Sevilla para el miércoles 4 de noviembre. Sevilla es una de las provincias donde Vox ha mantenido su candidato, y una de las que pueden decidir si la Cámara Alta sigue siendo una trinchera de bloqueo o se convierte en un contrapeso democrático. La iniciativa Senadoras y Senadores por la Democracia lleva meses defendiendo que la confluencia debía construirse desde abajo y sin esperar al último momento. El acuerdo ya existe. Ahora falta lo más difícil: que la ciudadanía lo haga suyo.
Las derechas han firmado su alianza esperando que nadie la mire demasiado. Nuestra tarea es exactamente la contraria: mirarla, nombrarla y explicarla. El 29 de noviembre no se elige entre lo conocido y lo desconocido, sino entre lo que ya hay y lo que PP y Vox llevan años negando que fueran a hacer juntos. Ya no pueden negarlo.
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