Hay decisiones políticas que dicen mucho más de un Gobierno que cualquier discurso. No hace falta esperar a que sus responsables expliquen cuáles son sus prioridades: basta con observar qué medidas toman y, sobre todo, quiénes terminan pagando sus consecuencias.

La decisión de la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, de no dar continuidad al programa de inserción social y laboral que gestionaban tres entidades sociales —Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta— es una de esas decisiones que merecen una explicación mucho más profunda que una simple referencia a cuestiones administrativas o presupuestarias.

Hablamos de un programa que contaba con 315 plazas de alojamiento temporal en las ocho provincias andaluzas y que facilitaba a personas sin hogar un recurso fundamental para intentar reconstruir sus vidas: disponer de un lugar donde vivir mientras buscaban empleo, se formaban y avanzaban hacia una mayor autonomía.

Cuando se conoció la decisión, alrededor de 200 personas estaban alojadas en estas viviendas. La fecha prevista para la finalización del programa es el 20 de diciembre de 2026.

Detrás de esas cifras hay personas con historias diferentes, dificultades reales y un objetivo común: salir adelante.

Y ante esta situación, hay una pregunta que considero inevitable: ¿Qué alternativa ofrece el Gobierno andaluz a quienes pueden quedarse sin ese recurso?

Porque hablar de personas sin hogar no debería servir para alimentar enfrentamientos políticos, sino para recordar una realidad que con demasiada frecuencia permanece fuera de las prioridades públicas: nadie debería tener que afrontar la exclusión social sin una oportunidad real de salir de ella.

La coincidencia que obliga a dar explicaciones

Esta decisión llega después del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Andalucía, que incorpora el principio de «prioridad nacional» y contempla reducir, hasta su eliminación, determinadas ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a mejorar la calidad de vida de los andaluces.

La coincidencia temporal entre ese acuerdo y la retirada de estas ayudas plantea interrogantes que no podemos ignorar.

Según los datos publicados por elDiario.es, las personas extranjeras representaban el 80% de los usuarios de Inserta, más del 60% de los atendidos por SAMU y el 45 % de los usuarios de Cruz Roja.

Conviene ser rigurosos: la Junta niega que la decisión esté directamente relacionada con el pacto con Vox y sostiene que responde a cuestiones relativas al programa y a su financiación. Por eso, no se puede dar por demostrada una relación causal que la Administración rechaza.

Pero sí es legítimo preguntar si las nuevas prioridades políticas pueden afectar a la orientación de las políticas sociales y exigir que se expliquen los criterios que han llevado a adoptar esta decisión.

Si el programa no ha obtenido los resultados esperados, que se publiquen las evaluaciones. Si existen problemas presupuestarios, que se detallen. Y si la Administración considera que el modelo debe cambiar, que explique qué alternativa va a ofrecer a quienes todavía necesitan apoyo.

Lo que no debería ocurrir es que una decisión de esta importancia se quede sin una explicación pública suficiente sobre sus consecuencias.

La pobreza no tiene nacionalidad

Hay algo que conviene recordar cuando se habla de «prioridad nacional»: la pobreza no entiende de fronteras, la necesidad de un techo no depende del pasaporte y la exclusión social no desaparece por establecer una jerarquía política entre personas.

Una persona migrante que duerme en la calle necesita una solución habitacional. Una persona española en esa misma situación también la necesita. Ambas merecen una respuesta que tenga en cuenta sus circunstancias y les permita recuperar su autonomía.

No se trata de defender que los recursos públicos sean ilimitados ni de negar que deban existir criterios para distribuirlos. Se trata de preguntarnos cuáles deben ser esos criterios y si las decisiones adoptadas responden realmente a las necesidades de la población.

La prioridad debería ser que una persona sin hogar consiga un alojamiento digno, que quien está intentando incorporarse al mercado laboral pueda hacerlo y que quien atraviesa una situación de vulnerabilidad encuentre una salida.

Enfrentar a unas personas necesitadas con otras no resuelve el problema de ninguna. Tampoco lo hace presentar a quienes llegan de otros países como responsables de las dificultades que sufren nuestras propias familias.

Andalucía tiene problemas suficientemente importantes como para exigir soluciones: precariedad laboral, dificultades para acceder a una vivienda, salarios insuficientes y personas que no consiguen llegar a fin de mes. Son problemas que necesitan políticas públicas eficaces, no explicaciones que conviertan a los más vulnerables en el centro del enfrentamiento político.

¿Cuánto cuesta dejar a alguien atrás?

A menudo, el debate sobre las ayudas públicas se centra en cuánto dinero se gasta. Sin embargo, pocas veces se explica suficientemente cuánto cuesta no prevenir la exclusión social.

Un programa de inserción no consiste únicamente en pagar una estancia en una vivienda. Puede facilitar formación, acompañamiento, acceso al empleo y un proceso gradual para que una persona deje de depender de los recursos asistenciales.

Cuando ese proceso se interrumpe, existe el riesgo de perder parte del trabajo realizado. Y cuando alguien vuelve a quedarse sin hogar, el problema no desaparece: puede agravarse y requerir nuevas intervenciones sociales y sanitarias.

Por eso, considero insuficiente evaluar una política social únicamente desde la perspectiva del gasto inmediato. También hay que analizar sus resultados, el coste de las alternativas y las consecuencias que tendrá su desaparición para las personas afectadas.

Si el Gobierno andaluz entiende que este programa ya no es necesario o que existen mecanismos mejores para conseguir sus objetivos, tiene la obligación de demostrarlo. Y si considera que es necesario reorganizarlo, debe explicar cómo garantizará la continuidad de la atención.

Lo que no resulta aceptable es que la discusión presupuestaria se cierre sin responder a una pregunta elemental: ¿qué va a pasar con las personas que todavía necesitan ese alojamiento?

Gobernar también significa asumir responsabilidades

No escribo estas líneas para enfrentar a la población española con la población migrante, ni para sostener que cualquier programa social deba mantenerse indefinidamente con independencia de sus resultados.

Las administraciones tienen que evaluar sus políticas, justificar el uso del dinero público y corregir aquello que no funciona. Precisamente por eso, cuando deciden suprimir un recurso que atiende a personas en situación de vulnerabilidad, deben ofrecer información transparente y explicar qué sucederá después.

La Junta debe hacer públicos los motivos concretos de la decisión, aclarar qué alternativas existen y garantizar que las personas afectadas no queden desprotegidas durante la transición hacia otros recursos.

Y también debemos preguntarnos qué modelo de sociedad estamos construyendo cuando el debate político sobre quién tiene prioridad termina eclipsando una cuestión tan básica como el derecho a no vivir en la calle.

Una sociedad no soluciona sus problemas dando la espalda a quienes los sufren. Tampoco mejora la vida de sus ciudadanos dejando que la exclusión se convierta en una situación permanente.

La dignidad no debería utilizarse como una consigna ni depender de la procedencia de una persona. Debería ser un principio que guiara las decisiones públicas y que pudiera comprobarse en sus resultados.

Por eso, ante la retirada de estas ayudas, creo que hay una exigencia que está por encima de las diferencias políticas: transparencia, explicaciones y soluciones para quienes pueden perder el recurso que les está ayudando a salir adelante.

Porque la verdadera prioridad debería ser que nadie se quede atrás por carecer de un hogar, de recursos o de oportunidades. Y porque, antes de hablar de quién merece tener prioridad, conviene recordar que estamos hablando de personas.