Entran ganas de bromear y tirar de cinismo, pero el asunto es tan serio que, cuando uno intenta poner la guasa por escrito, no encuentra la gracia.

PP y PSOE parecen un matrimonio mal avenido que no termina de separarse porque ambos necesitan al otro para justificar su existencia. Entre el "tú más" y el "las manifestaciones son por tu culpa", siguen discutiendo mientras hay gente que está desesperada.

Que si con el ticket de una pizza a domicilio pueden quedarse con tu casa, que si aprobamos otro decreto para demostrar que estamos haciendo algo, que si ahora presentamos veintitrés medidas para resolver lo que tampoco resolvimos cuando gobernábamos. Y los ciudadanos escuchan, miran lo que cobran, vuelven a mirar los anuncios de alquiler y venta y se preguntan dónde van a vivir mientras se aclaran.

Esta semana el gobierno estatal ha aprobado 180 millones de euros para las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionadas. El dinero va a permitir construir y rehabilitar viviendas para alquiler asequible, comprar y urbanizar suelo a la vez que cubrir impagos. ¿Quién se beneficiará de esas ayudas? Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias.

Andalucía queda fuera porque la Junta no ha declarado ninguna zona de mercado residencial tensionado, condición que el Gobierno estatal exige para acceder a estas ayudas. Moreno rechaza ese instrumento y reclama que el dinero se reparta según las necesidades de vivienda, con independencia del modelo que elija cada comunidad. Mientras ambas administraciones discuten las condiciones, los andaluces seguimos teniendo el problema y quedamos fuera de esta financiación, como otras tantas veces, y quizá el problema esté en que no tenemos una representación propia en el Congreso de los Diputados, un partido de Andalucía y para Andalucía que nos defienda fuera del centralismo.

Cualquiera que lleve unos meses buscando piso en alguna zona de nuestra tierra podría preguntarse qué tiene que pasar para que su barrio merezca semejante consideración: ¿Málaga no tiene zonas tensionadas?¿Granada?¿Sevilla?¿Cádiz?.

La declaración de zona tensionada corresponde a la comunidad autónoma y requiere un procedimiento, datos que la justifiquen y un plan para corregir los desequilibrios. Andalucía no tiene zonas declaradas. Por eso queda fuera de esta partida, no porque se haya demostrado que aquí las familias encuentran vivienda sin dificultad, sino porque se está priorizando al turismo y el negocio de la vivienda por encima de los derechos fundamentales.

La Junta rechaza ese modelo y sostiene que limitar los precios retrae la oferta. También protesta porque el Gobierno condiciona la financiación a una decisión que la legislación configura como voluntaria. Esa objeción merece escucharse: los problemas de una familia no desaparecen porque su presidente autonómico haya elegido otra política. Ahora bien, elegirla obliga a responder por sus resultados. Moreno tendrá que explicar qué alternativa ofrece a quienes siguen sin encontrar casa y cómo piensa suplir los recursos a los que Andalucía no accede.

Al Gobierno estatal también habría que hacerle una pregunta ¿Qué respuesta tiene para esas personas que no tienen dónde alojarse? Vincular recursos extraordinarios a un programa concreto tiene una explicación administrativa; para quien vive pendiente de la renovación del contrato, resulta difícil aceptar que las ayudas dependen de una disputa entre administraciones y de un conflicto político electoralista. 

Al día siguiente, Feijóo presentó en Sevilla, junto a Moreno, su alternativa: un millón de viviendas durante la próxima legislatura, más facilidades para construir, rebajas fiscales y avales para comprar. Podríamos pensar que el Partido Popular acaba de llegar a la política y se ha encontrado de pronto con este embolao que otros gobernantes no pudieron solucionar. Pero hay que refrescar un poco la memoria, a nosotros y a ellos.

En 2013, el Ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella como alcaldesa, vendió 1.860 viviendas públicas a sociedades de Fidere, vinculadas a Blackstone. Aquel mismo año, la Comunidad de Madrid, presidida por Ignacio González, vendió otras 2.935 viviendas a una sociedad participada por Goldman Sachs y Azora, una operación posteriormente anulada por los tribunales. Ambos gobiernos eran del PP.

Aquellas viviendas tenían personas dentro. Había contratos, ingresos limitados y familias que habían conseguido cierta tranquilidad después de cumplir los requisitos de acceso a una casa pública. Eran viviendas construidas con dinero público. El Partido Popular decidió vender y sus hogares entraron en las cuentas de un fondo de inversión. Ahora vienen con estas propuestas y querrán que nos las creamos .

Según el documento interno difundido por la prensa, el PP propone descalificar automáticamente la vivienda protegida una vez recuperado el coste de la ayuda pública, permitiendo su incorporación al mercado libre.

¿Por qué dar por cumplida la función social de una vivienda cuando se ha recuperado una ayuda, si sigue habiendo personas que necesitan esa protección? Lo razonable sería conservar el parque público y garantizar que las viviendas protegidas sigan siendo asequibles para quienes vengan después. De lo contrario, gastamos recursos comunes en facilitar el acceso a una casa y después permitimos que esa misma casa entre en el juego especulativo del que pretendíamos protegerla.

El plan de Feijóo apuesta además por movilizar suelo, reformar la legislación urbanística y acelerar los permisos, con silencio administrativo positivo a los noventa días con carácter general. Se trata de facilitar que los promotores puedan construir más y hacerlo antes. La pregunta es qué condiciones acompañarán esas facilidades para que las viviendas resultantes estén al alcance de quienes hoy no pueden pagarlas.

Porque una promotora privada construye para obtener beneficios y vende al precio que puede conseguir, lo máximo posible. Esa es su actividad. Quien tiene que garantizar el acceso a la vivienda es la administración, y debería explicar por qué espera que agilizar el negocio inmobiliario resuelva el problema de la vivienda. Si se facilita suelo y se acortan los trámites sin exigir precios asequibles, reservas suficientes y protección duradera, podemos acabar con más promociones y con la misma situación que tenemos ahora.

Agilizar un expediente puede ser necesario. Lo que exige una explicación política es dedicar tanta atención a facilitar la vivienda privada sin garantizar un parque de alquiler social suficiente y permanente. Cuando intervienen suelo, dinero o ventajas públicas, la administración tiene que asegurar que ese esfuerzo vuelva a la sociedad en forma de hogares que la gente pueda pagar.

Necesitamos una voz que se haga escuchar también cuando repartir el suelo y proteger a sus vecinos incomoda a quienes hacen negocio con él. Hay gente en los barrios, en los sindicatos y en la política andaluza empujando en esa dirección y merece que se la escuche. De ahí puede salir algo mejor: hay que poner por delante Andalucía, a quienes quieren quedarse en su tierra y necesitan una casa para hacerlo.