Mi pésame a las familias y a los seres queridos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Toledo, y mi solidaridad con los heridos y con quienes viven estas horas de angustia. Mi reconocimiento también a los profesionales que atienden a los afectados y a los periodistas que están cubriendo la tragedia con rigor, ética y respeto.
Acompañar también significa mantener la atención cuando pasan los días y los titulares se apagan. Hay familias que llevan generaciones esperando saber dónde están los suyos y poder darles sepultura. En Salobreña, esa espera continúa.
La primera campaña de búsqueda en su cementerio comenzó el 5 de octubre y terminó unas dos semanas después sin localizar a las víctimas de la Guerra Civil que se pretendía encontrar. Se documentaron otros enterramientos de la posguerra y quedaron nuevas posibilidades de investigación. El trabajo aportó información, pero las personas a las que se buscaba siguen sin aparecer.
Ronie Martínez, codirectora de los trabajos junto a César Fuentetaja, explicó a Radio Salobreña que el equipo habría seguido excavando de haber contado con más tiempo y financiación. Señaló otras zonas donde intervenir y vinculó la posibilidad de regresar a los recursos que puedan aportar las administraciones. Hay, por tanto, una búsqueda que los profesionales consideran necesario continuar. La pregunta es cómo se va a hacer posible.
Es muy injusto envejecer y perder las fuerzas buscando a un padre, hasta tener que dejar esa búsqueda en manos de los hijos. La desaparición acaba convirtiéndose en una herencia familiar: los nombres, los datos que se conservan, las preguntas pendientes. Recuperar e identificar los restos permite que una familia sepa dónde está la persona a la que lleva tantos años buscando.
Para quien busca a uno de los suyos, saber que quedan lugares donde merece la pena investigar significa conservar la esperanza. También supone afrontar otra espera: otra campaña, otra decisión, otra financiación. La necesidad de seguir buscando permanece cuando termina el presupuesto de una intervención.
Los arqueólogos trabajan con indicios y contrastan hipótesis. No pueden garantizar un hallazgo, y hay que respetar esa incertidumbre. Lo que se puede exigir a las instituciones es que estudien las necesidades del equipo, expliquen qué actuaciones pueden sostener y den cuenta de sus decisiones. Las familias merecen conocer el siguiente paso.
Según el Ayuntamiento, la campaña contó con financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. La Junta autorizó los trabajos. Hay responsabilidades concretas y distintas administraciones que deben coordinarse. Quien busca a un familiar necesita un interlocutor y una explicación comprensible de lo que queda por hacer.
El año pasado, todos los grupos municipales respaldaron una partida para preparar la memoria técnica del proyecto y acceder a financiación. Ese acuerdo merece reconocimiento. Demuestra que fue posible entenderse para impulsar la búsqueda. Ahora toca aprovechar ese compromiso para trabajar en su continuación.
Mientras tanto, la Junta anuncia que mantendrá las exhumaciones y las identificaciones entre sus prioridades. Patricia del Pozo ha defendido una futura Ley de Concordia que ayude a esas tareas. La actuación de Salobreña se autorizó al amparo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía de 2017. Si el Gobierno andaluz quiere sustituirla, debe explicar qué mejora concreta aportará: qué dificultades resolverá y cómo garantizará los recursos para las búsquedas que necesiten varias campañas.
Las familias deben poder reconocer esa mejora en algo que afecte a sus vidas. En saber a quién dirigirse, recibir información sobre los trabajos y conocer cómo se decide su continuidad. Cada compromiso político debería permitirles entender si están más cerca de encontrar a los suyos.
La exigencia alcanza también al Gobierno de España y al Ayuntamiento, en las decisiones que correspondan a cada uno. Haber financiado, preparado o autorizado una primera campaña es un paso que debe reconocerse. Queda la responsabilidad de estudiar sus resultados y responder a las posibilidades de investigación que siguen abiertas.
En nuestra tierra hay familias que todavía tienen pendiente algo tan elemental como llevar flores a una sepultura con el nombre de los suyos. El tiempo pasa también para quienes buscan. Necesitan saber que, cuando les falten las fuerzas, su esfuerzo habrá servido para algo y las instituciones seguirán ocupándose de esa búsqueda.
La próxima respuesta de las administraciones debería explicar cuándo y con qué recursos se podrá volver a excavar en Salobreña. Las familias ya han puesto la memoria, la perseverancia y demasiados años de espera. A las instituciones les toca poner los medios.
La concordia tendrá que explicar cuándo vuelven a buscarlos.
Mi pésame a las familias y a los seres queridos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Toledo, y mi solidaridad con los heridos y con quienes viven estas horas de angustia. Mi reconocimiento también a los profesionales que atienden a los afectados y a los periodistas que están cubriendo la tragedia con rigor, ética y respeto.
Acompañar también significa mantener la atención cuando pasan los días y los titulares se apagan. Hay familias que llevan generaciones esperando saber dónde están los suyos y poder darles sepultura. En Salobreña, esa espera continúa.
La primera campaña de búsqueda en su cementerio comenzó el 5 de octubre y terminó unas dos semanas después sin localizar a las víctimas de la Guerra Civil que se pretendía encontrar. Se documentaron otros enterramientos de la posguerra y quedaron nuevas posibilidades de investigación. El trabajo aportó información, pero las personas a las que se buscaba siguen sin aparecer.
Ronie Martínez, codirectora de los trabajos junto a César Fuentetaja, explicó a Radio Salobreña que el equipo habría seguido excavando de haber contado con más tiempo y financiación. Señaló otras zonas donde intervenir y vinculó la posibilidad de regresar a los recursos que puedan aportar las administraciones. Hay, por tanto, una búsqueda que los profesionales consideran necesario continuar. La pregunta es cómo se va a hacer posible.
Es muy injusto envejecer y perder las fuerzas buscando a un padre, hasta tener que dejar esa búsqueda en manos de los hijos. La desaparición acaba convirtiéndose en una herencia familiar: los nombres, los datos que se conservan, las preguntas pendientes. Recuperar e identificar los restos permite que una familia sepa dónde está la persona a la que lleva tantos años buscando.
Para quien busca a uno de los suyos, saber que quedan lugares donde merece la pena investigar significa conservar la esperanza. También supone afrontar otra espera: otra campaña, otra decisión, otra financiación. La necesidad de seguir buscando permanece cuando termina el presupuesto de una intervención.
Los arqueólogos trabajan con indicios y contrastan hipótesis. No pueden garantizar un hallazgo, y hay que respetar esa incertidumbre. Lo que se puede exigir a las instituciones es que estudien las necesidades del equipo, expliquen qué actuaciones pueden sostener y den cuenta de sus decisiones. Las familias merecen conocer el siguiente paso.
Según el Ayuntamiento, la campaña contó con financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. La Junta autorizó los trabajos. Hay responsabilidades concretas y distintas administraciones que deben coordinarse. Quien busca a un familiar necesita un interlocutor y una explicación comprensible de lo que queda por hacer.
El año pasado, todos los grupos municipales respaldaron una partida para preparar la memoria técnica del proyecto y acceder a financiación. Ese acuerdo merece reconocimiento. Demuestra que fue posible entenderse para impulsar la búsqueda. Ahora toca aprovechar ese compromiso para trabajar en su continuación.
Mientras tanto, la Junta anuncia que mantendrá las exhumaciones y las identificaciones entre sus prioridades. Patricia del Pozo ha defendido una futura Ley de Concordia que ayude a esas tareas. La actuación de Salobreña se autorizó al amparo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía de 2017. Si el Gobierno andaluz quiere sustituirla, debe explicar qué mejora concreta aportará: qué dificultades resolverá y cómo garantizará los recursos para las búsquedas que necesiten varias campañas.
Las familias deben poder reconocer esa mejora en algo que afecte a sus vidas. En saber a quién dirigirse, recibir información sobre los trabajos y conocer cómo se decide su continuidad. Cada compromiso político debería permitirles entender si están más cerca de encontrar a los suyos.
La exigencia alcanza también al Gobierno de España y al Ayuntamiento, en las decisiones que correspondan a cada uno. Haber financiado, preparado o autorizado una primera campaña es un paso que debe reconocerse. Queda la responsabilidad de estudiar sus resultados y responder a las posibilidades de investigación que siguen abiertas.
En nuestra tierra hay familias que todavía tienen pendiente algo tan elemental como llevar flores a una sepultura con el nombre de los suyos. El tiempo pasa también para quienes buscan. Necesitan saber que, cuando les falten las fuerzas, su esfuerzo habrá servido para algo y las instituciones seguirán ocupándose de esa búsqueda.
La próxima respuesta de las administraciones debería explicar cuándo y con qué recursos se podrá volver a excavar en Salobreña. Las familias ya han puesto la memoria, la perseverancia y demasiados años de espera. A las instituciones les toca poner los medios.
La concordia tendrá que explicar cuándo vuelven a buscarlos.
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