Dos furgones de la Policía Nacional aguardan a las puertas del Tribunal de Instancia número 5 de El Puerto. En el interior del edificio, desde primera hora de la mañana de este pasado jueves 29 de octubre, se encuentra Mario García Lobato, uno de los principales investigados en la presunta trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que sacudió al municipio portuense el pasado verano y que acabó con la detención del conocido empresario Pascual Llopis —que ingresó en prisión, pero fue puesto en libertad provisional— y otras diez personas.

También se ha personado uno de los hermanos Veiga, Miguel Ángel, empresario gaditano que figura, junto a su hermano Carlos, entre los once investigados iniciales de la operación y que se encuentran el libertad provisional. Según ha podido saber lavozdelsur.es, Miguel Ángel ha declarado voluntariamente ante el juez este pasado jueves, después de que en el momento de la redada y la detención, en julio pasado, ya prestara declaración su hermano Carlos. Ambos están representados por el letrado jerezano Juan Pedro Cosano y han negado los cargos de los que se les acusa.

La presencia de estos acusados en los juzgados supone un nuevo movimiento en la investigación de un presunto entramado de sociedades utilizado para introducir supuestamente dinero del narcotráfico en negocios legales, entre ellos establecimientos de ocio nocturno, restaurantes y grandes festivales de música como el Puro Latino en El Puerto.

García Lobato, empresario de Dos Hermanas, está considerado por los investigadores como el supuesto "cabecilla" o "administrador real" de la organización. Según ha podido saber lavozdelsur.es, ha sido el propio investigado quien ha solicitado voluntariamente declarar ante el magistrado, ejerciendo su derecho a la defensa.

Para ello ha sido trasladado desde el centro penitenciario de Albolote, en Granada, donde permanece ingresado desde que fue enviado a prisión provisional el pasado 3 de julio.

La investigación policial sitúa al empresario nazareno en el centro de la trama tras contar con un historial significativo en el mundo del narcotráfico. De hecho, está procesado por estrellar en 2015 un todoterreno robado repleto de gasolina contra el puesto de vigilancia antinarco en el Estrecho (SIVE). La Fiscalía pide para él por este caso una pena de seis años de prisión.

Pascual Llopis, en libertad provisional 

Actualmente, la situación de Pascual Llopis es diferente. El empresario portuense, propietario de conocidos establecimientos como Margarita y Banana, permanece en libertad provisional con cargos desde el pasado 25 de agosto, cuando el juez autorizó su excarcelación tras 54 días en prisión.

Tanto Llopis, asistido en su defensa por José María del Nido, como García Lobato habían ingresado en prisión provisional el 3 de julio por orden del Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto. Ambos pasaron sus primeras semanas en Puerto II, aunque a finales de aquel mes fueron trasladados a centros penitenciarios de otras provincias sin que Instituciones Penitenciarias confirmara oficialmente los motivos.

En el transcurso de esta investigación judicial en la que en este tiempo el juez ha llamado a declarar a medio centenar de personas, Llopis decidió cambiar de defensa. Tal y como publicó este medio, el portuense puso su caso en manos del conocido abogado José María del Nido Benavente, expresidente del Sevilla FC, que fue condenado a prisión por el caso Minutas por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella cometidos entre 1999 y 2003.

Del Nido obtuvo la semilibertad en 2017, después de tres años encarcelado, aunque no terminó de cumplir su condena hasta 2021. La libertad provisional de Llopis llegó después de que su defensa presentara pruebas.

Una operación con once detenidos

El origen de esta causa se encuentra en la operación Trajano 23 Sorela, desarrollada por la Guardia Civil, que finalizó a principios de julio de 2026 con once detenciones y numerosos registros.

Las actuaciones estuvieron dirigidas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic). Entre los datos difundidos sobre la investigación figura la intervención de más de 1,2 millones de euros en efectivo.

Los agentes también inspeccionaron dependencias oficiales y despachos de la Diputación Provincial y de la Consejería de Turismo en el marco de una posible línea paralela de investigación relacionada con tráfico de influencias y subvenciones o ayudas sospechosas concedidas a los investigados. Parte del caso que no ha sacado a la luz nuevas actuaciones.