Es un clamor, nutricionistas, familias, profesorado, y en su nombre asociaciones de madres y padres u organizaciones sindicales, claman contra la mala calidad nutricional y el sabor de los menús de muchos de los comedores escolares.

El Decreto 192/1997, sentó las bases para el modelo de gestión externa de los comedores escolares en Andalucía. Justificado por el pensamiento de que la “colaboración público-privada” iba a permitir una rápida extensión de servicios extraescolares a todos los colegios. Es decir, que todos los centros ofrecieran servicios extraescolares como el aula matinal y comedor. Para expandir estos servicios de forma rápida, se recurrió masivamente a la contratación de empresas privadas. Esto provocó un cambio del modelo de gestión directa (cocinas con personal propio del centro) a uno de gestión indirecta o concesión administrativa (empresas de catering).

Esta norma, aprobada el 29 de julio de 1997, durante el mandato del consejero socialista Manuel Pezzi, reguló el servicio de comedor en los centros públicos. Aunque no "privatizaba" el servicio de forma absoluta, permitió y facilitó que las empresas externas asumieran la gestión, especialmente mediante la modalidad de "línea fría" (comida cocinada fuera y recalentada en el centro).

El proceso que hemos vivido desde entonces ha supuesto la sustitución de monitores y cocineros públicos, de manera que el personal laboral de la Junta fue siendo reemplazado progresivamente por empleados de empresas de catering, al mismo tiempo que se producía una merma en la calidad del servicio. Porque el paso de la "cocina in situ" a la gestión por grandes empresas de restauración colectiva no ha dejado de generar protestas sobre la calidad nutricional y el sabor de los menús por parte de las familias usuarias. Además, el proceso de adjudicaciones que se ha diseñado ha propiciado el desembarco de grandes empresas que han perjudicado la economía local. Porque se ha optado por un proceso de licitación a grandes grupos empresariales en detrimento de pequeñas empresas locales o cooperativas de padres.

En 1997, la aprobación de esa norma provocó protestas, especialmente por las organizaciones sindicales y en ellas participó IU. No tardaron en llegar las quejas de las familias usuarias, ante la mala calidad ofrecida en los comedores escolares de línea fría, abastecidos por grandes empresas. Malestar que de nuevo, trasladamos en varias ocasiones al Parlamento andaluz, o a los ayuntamientos y diputaciones de los municipios que sufrían este mal servicio.

Hoy, después de casi 30 años de aplicación de la norma podemos afirmar rotundamente que la privatización ha traído una merma en la calidad de la alimentación infantil, y un deterioro en las condiciones laborales del personal que atiende los comedores, incluso así ha sido reconocido por la propia Consejera Carmen Castillo.

Desde Izquierda Unida, para abordar este problema, no solo protestamos o dimos voz en las instituciones a las familias de los niños y niñas afectados. Para mejorar de forma positiva la situación, desde el ministerio de Consumo, impulsamos el Real decreto 315/2025 de 15 de abril, que entre otras medidas, garantizaba la presencia de fruta y verdura diariamente, el agua como bebida única, regulaba las frecuencias alimentarias, priorizando los cereales integrales, las legumbres varias veces a la semana, y el pescado frente a las carnes procesadas o rojas. También, fomentaba el producto de proximidad o un mínimo de componentes del menú con certificación ecológica.

A pesar de todo ello, la realidad nos habla de una situación manifiestamente mejorable.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística indican que un total de 475.159 menores en España no puede permitirse comer un plato de carne o pescado cada dos días, y que el 31% de los niños y niñas menores de 16 años en España están en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Sólo un 11% de los niños recibe beca de comedor, y en España 1 de cada 3 niños esté en riesgo de pobreza y exclusión.

¿Por qué el comedor escolar debe ser gratuito y universal?

El comedor escolar tiene que ser gratuito para que sea accesible a todo el mundo, y universal, para que vayan niños y niñas de diferentes clases sociales y sea verdaderamente igualador. 

La universalidad obligaría a que el comedor formara parte esencial en el proyecto del centro educativo. El ejemplo más cercano son los colegios rurales en los que por las distancias todos los niños y todo el profesorado se quedan a comer y es el modelo implantado en la actualidad en los  países nórdicos.

El acceso universal y gratuito al comedor escolar supondría en torno al 0,13% del PIB del conjunto de España, un porcentaje asumible, especialmente cuando se trata de hacer avanzar los derechos de la infancia. 

Indisoluble condición a la gratuidad y a la universalidad, tal como hoy están reclamando la inmensa mayoría de las familias, los comedores deben contar con cocina in situ, propia, y gestión pública. 

¿Comedores también para la Secundaria Obligatoria? 

En un importante porcentaje de las familias, los adultos no llegan a casa hasta pasadas las 18h (puede ser hasta un 70% de ellas). Esto provoca que muchos adolescentes no tengan todos los días una comida saludable y provoca problemas de conciliación que deben se solucionados de manera diversa por cada núcleo familiar. El caso de un niño o niña en primaria que acude al comedor y un hermano o hermana más mayor, en secundaria, que ya no tiene derecho es un caso frecuente en muchas familias, que, lógicamente, genera problemas.

Por todo ello debiéramos plantearnos la extensión del servicio de comedor en Secundaria, es decir en toda la etapa obligatoria. 

Situación similar la que afecta al alumnado de FP, especialmente de zonas rurales o ciudades pequeñas, en las que por tamaño no existe una gran oferta de familias profesionales y los chicos y chicas se ven obligados a trasladarse a otras localidades. Esta problemática podría verse aliviada, en lo que se refiere a las comidas con la extensión de este servicio a edades más adultas.

Las consecuencias positivas de la implantación del comedor universal.

En primer lugar, el gasto público en sanidad se reduciría al mejorar la salud de la infancia. Los ingredientes de los menús, tal como se aprobó en la legislatura pasada, deberán tener una calidad en su origen y elaboración, y deberían ser alimentos que beneficiaran directamente a agricultores cercanos y a empresas innovadoras con conciencia climática. En este sentido, hay que tener en cuenta que el presupuesto destinado a financiar ese derecho a un menú diario digno para niños y niñas del país, tendría que tener en cuenta toda la cadena de abastecimiento. Lo anterior junto a un modelo de gestión público y directo, permitiría crear puestos de trabajo en condiciones decentes y con derechos, que repercutirían, especialmente en personas en situación de vulnerabilidad, 

Un comedor escolar con cocina in situ y gestión publica y democrática.

La principal ventaja que tiene una cocina in situ, o cocina en el propio centro educativo es la posibilidad de realizar el servicio de menús al momento, ofreciendo platos calientes o fríos recién preparados, conservando el sabor y manteniendo la frescura de todos los alimentos. Además, se fomenta el consumo de productos de proximidad, es decir, materias primas con proveedores del territorio garantizando y potenciando la comercialización e ingesta de alimentos frescos (con más valor nutricional y organoléptico), se dan, de esta forma, salida a productos que de otro modo quedarían fuera de los grandes circuitos comerciales. Para trabajar hacia el Km0 y el fortalecimiento de la red de agricultura familiar es básico fomentar la compra pública de alimentos saludables y sostenibles. 

Pero también es imprescindible la participación de las familias en la gestión. Desde la realización periódica de encuestas a la convocatoria de consejos escolares y comisiones de seguimiento específicos con participación de nutricionistas, representantes de los municipios, etc. Ello junto a los proyectos de evaluación realizados por la administración pública.

Para una organización como la nuestra, en este modelo cobran especial relevancia los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La gestión pública debe garantizar las ratios de profesionales adecuadas y sus derechos laborales. También, entre otras medidas, es imprescindible mejorar las funciones de las monitoras de comedor así como incluir auxiliares de educación especial en el horario de comedor para el apoyo especializado.

El derecho a la educación es básico para asegurar la igualdad de oportunidades y reforzar la cohesión social. Este derecho tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad, por tanto, no se debe limitar a ofrecer acceso gratuito a la enseñanza básica obligatoria, sino que debería englobar otros recursos destinados a compensar las desigualdades.

El comedor escolar es uno de estos recursos, una herramienta que debería cumplir un papel destacado dentro del sistema educativo que da cumplimiento a este derecho.