El otro día abrí el correo, como suelo hacer todas las mañanas, y vi un mensaje en la bandeja de entrada remitido por Fegadi, la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y/o Orgánica. Me llamó la atención el titular de la nota que se adjuntaba: “Alerta roja para Fegadi y sus 36 entidades miembros”. Seguí leyendo, y al parecer, la Junta de Andalucía y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para la aplicación de un nuevo convenio colectivo que, a mi opinión, es muy necesario para todas las personas que trabajan en ese ámbito, ya que verán mejoradas sus condiciones laborales. Hay que acabar con la precariedad laboral que padece este sector, y dicho convenio es un pequeño paso para solucionar esa cuestión, aunque, sin duda, queda mucho camino por delante.
El problema viene cuando las empresas contratantes son asociaciones y colectivos de personas con discapacidades, que a consecuencia de la falta de revalorización del precio de las plazas concertadas y la brutal caída de las subvenciones para llevar a cabo mantenimiento y programas, ven peligrar muy seriamente los servicios que vienen prestando en la actualidad. Ese es, básicamente, el motivo de esta alarma.
El que esto escribe tuvo la suerte de poder trabajar para esta Federación durante varios años, y no tengo la menor duda de que las 36 asociaciones que conforman Fegadi, se alegran enormemente de la dignificación de los empleados (que en muchos casos son también personas con algún grado de discapacidad), pero claro, eso supondrá la necesidad de tener que afrontar más de 100.000 euros anuales de coste adicional en sueldos, en el caso de esta Federación. Nos podemos imaginar el enorme sacrificio económico que tendrán que hacer todas estas entidades, aún así, según los responsables de Fegadi, más de 6000 personas con discapacidad de nuestra provincia podrían verse afectadas por la posible desaparición de los servicios de atención social, empleo, rehabilitación, etc.
Al final, como en todo, los que pierden son siempre los mismos, los colectivos más desfavorecidos. Tanto la Junta de Andalucía como las demás administraciones públicas se tienen que comprometer y apoyar sin medias tintas a todas esas asociaciones que luchan por el presente y futuro de las personas con discapacidad física/orgánica, intelectual y sensorial.
Yo, por supuesto, siempre estaré al lado de los trabajadores y trabajadoras de este gremio, pero también lo estaré al lado de las entidades que vienen realizando una labor magnífica a favor de la inclusión laboral, social y de prestación de unos servicios que son indispensables.
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