Hay datos que invitan a celebrar. Y hay otros que obligan a detenerse y preguntarnos qué está pasando. La Encuesta de Salud de España 2025, publicada por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística, contiene ambas cosas. El consumo diario de tabaco ha alcanzado su mínimo histórico, el sedentarismo continúa descendiendo y mejora el consumo diario de fruta y verdura. Sin embargo, la población valora peor su salud, aumentan los problemas crónicos y crece la sintomatología depresiva.

La contradicción merece atención. Porque la salud no se explica únicamente por lo que comemos, cuánto caminamos o si fumamos. También depende de cómo vivimos, de las condiciones en las que trabajamos, de los recursos de los que disponemos, de los cuidados que recibimos y de las posibilidades reales de acceder a una atención sanitaria cuando la necesitamos.

El primer dato que me preocupa es contundente: solo el 68,3% de la población considera que su salud es buena o muy buena, el porcentaje más bajo de toda la serie histórica, iniciada en 1987. Son 5,8 puntos menos que en 2023. El descenso afecta a hombres y mujeres, pero golpea con más intensidad a estas últimas.

La percepción de la propia salud también recoge el peso de las limitaciones cotidianas, el dolor, el malestar emocional y las dificultades para llevar adelante una vida digna y autónoma. Escuchar cómo se siente la población es una parte esencial de cualquier política sanitaria que quiera ir más allá de las consultas y los hospitales.

La salud tiene clase social

Las diferencias sociales que aparecen en la encuesta deberían ocupar un lugar central en el debate público. Cerca del 79% de las personas de las clases sociales más favorecidas considera que tiene buena o muy buena salud. Entre las menos favorecidas, la proporción cae hasta el 62%.

La desigualdad también se refleja en la obesidad. Afecta al 17,2% de la población adulta y alcanza niveles especialmente elevados entre las mujeres de las clases sociales más desfavorecidas. No es razonable interpretar estos datos como si todo dependiera de decisiones individuales, de la fuerza de voluntad o de la capacidad de organizarse mejor.

No todas las personas tienen las mismas oportunidades para alimentarse de forma saludable, practicar actividad física, descansar suficientemente o vivir en un entorno que proteja su bienestar. El precio de los alimentos, la precariedad laboral, la vivienda, los horarios, la soledad y la falta de espacios seguros condicionan nuestras posibilidades de cuidarnos.

Por eso, cuando hablamos de prevención, debemos hablar también de políticas sociales. La salud pública empieza mucho antes de que una persona entre en un centro de salud. Empieza en el barrio donde vive, en el empleo que tiene, en el aire que respira y en la seguridad material con la que afronta cada día.

Las desigualdades no son un efecto secundario de la salud. Son uno de sus determinantes fundamentales.

La salud mental no puede esperar

Hay otra cifra que merece una lectura detenida: el 35,6% de la población de 15 y más años presenta algún grado de sintomatología depresiva, frente al 29,8% registrado en 2023. La proporción es mayor entre las mujeres: 42,2%, frente al 28,8% de los hombres.

Conviene precisar que presentar síntomas depresivos no equivale necesariamente a tener un diagnóstico de depresión. Pero el aumento de estas manifestaciones constituye una señal de alarma que no deberíamos normalizar ni despachar como una cuestión pasajera.

Detrás de los porcentajes hay personas que sufren, familias que intentan acompañarlas y profesionales que necesitan tiempo, recursos y continuidad asistencial para ofrecer respuestas adecuadas. También hay malestares que no pueden entenderse sin mirar a las condiciones de vida, las relaciones sociales, la incertidumbre económica o la sobrecarga de cuidados.

La respuesta no puede consistir exclusivamente en medicalizar el sufrimiento ni en pedir a cada persona que aprenda a gestionar mejor sus emociones. Necesitamos atención psicológica accesible, prevención comunitaria, detección temprana y redes de apoyo que lleguen antes de que el malestar se convierta en una situación de mayor gravedad.

Y necesitamos políticas que presten especial atención a las mujeres, cuyo peor estado de salud percibido y mayor carga de síntomas depresivos se suman a otras desigualdades persistentes.

Vivimos más tiempo con enfermedades y limitaciones

La encuesta también muestra que el 66,2% de la población de 15 y más años declara padecer alguna enfermedad o problema de salud crónico, frente al 57,7% de 2023. El aumento es importante y debe interpretarse teniendo en cuenta la evolución de la población, los cambios en la detección y la declaración de problemas de salud, además de las condiciones de vida.

En una sociedad que envejece, la cronicidad exige algo más que consultas sucesivas y tratamientos. Exige atención primaria con capacidad de resolución, coordinación entre profesionales y servicios, continuidad asistencial y una relación diferente con las personas que conviven durante años con una enfermedad.

También obliga a tomarnos en serio los cuidados y la autonomía personal. Entre quienes tienen 55 años o más, el 17% declara dificultades para realizar actividades básicas de la vida diaria, como vestirse, asearse o levantarse. Y casi la mitad de las personas con dificultades en estas actividades manifiesta necesitar ayuda o más ayuda de la que recibe.

No podemos hablar de envejecimiento saludable mientras tantas personas afrontan limitaciones sin los apoyos suficientes. Ni podemos construir un sistema de cuidados sostenible trasladando silenciosamente esa responsabilidad a las familias, y especialmente a las mujeres.

Cuidar no es un asunto privado que cada hogar deba resolver como pueda. Es una responsabilidad colectiva que requiere servicios públicos, apoyo a las personas cuidadoras, atención domiciliaria y una coordinación real entre sanidad y servicios sociales.

Cuando esperar también enferma

La encuesta aporta otra información relevante: el 24% de la población cuenta con cobertura sanitaria privada, pero esa doble cobertura se distribuye de forma muy desigual. Entre las clases sociales más favorecidas alcanza el 40,5%, mientras que entre las menos favorecidas se sitúa en el 10,8%.

Además, las listas de espera son la principal barrera declarada para acceder a la atención médica. Afectan al 33,1% de las mujeres y al 25,2% de los hombres.

Estos datos merecen una reflexión especialmente seria. Cuando una parte de la población puede recurrir a una alternativa privada para sortear las demoras y otra no dispone de esa posibilidad, la capacidad de respuesta sanitaria deja de ser únicamente una cuestión organizativa. Se convierte también en una cuestión de equidad.

No basta con proclamar que la sanidad es universal. Hay que garantizar que sea accesible en tiempos razonables, que atienda adecuadamente las necesidades y que nadie se vea empujado a pagar por una asistencia que no puede esperar.

La respuesta pasa por fortalecer la sanidad pública, reforzar la atención primaria, mejorar la planificación de los recursos humanos y asegurar una financiación y una organización capaces de responder a las necesidades reales. Y pasa, también, por evaluar los resultados con transparencia.

Prevenir funciona, pero hay que actuar sobre las causas

Sería injusto no reconocer los avances. Que el consumo diario de tabaco haya descendido al 15,4%, menos de la mitad del registrado en 1993, demuestra que las políticas de prevención, regulación y protección de la salud pueden producir resultados. También es positivo que continúe descendiendo el sedentarismo en el tiempo de ocio.

Pero los buenos resultados en algunos hábitos no pueden ocultar el resto del panorama. El consumo de alcohol repunta respecto a 2023, la obesidad aumenta y la percepción positiva de la salud retrocede. Los indicadores no ofrecen una explicación única de por qué sucede, pero sí nos advierten de que necesitamos una respuesta más amplia.

La salud pública no consiste en responsabilizar a las personas de todo lo que les ocurre. Consiste en crear condiciones para que las opciones saludables sean posibles y accesibles para todos. Eso significa regular los productos perjudiciales, facilitar la actividad física, proteger la salud mental, combatir la pobreza y garantizar servicios sanitarios y sociales de calidad.

También significa medir lo que importa. No solo cuántas consultas realizamos o cuántos tratamientos administramos, sino qué desigualdades conseguimos reducir, cuántas personas recuperan autonomía, cuánto sufrimiento evitamos y si la población siente que vive mejor.

La Encuesta de Salud de España 2025 no es una sentencia ni permite atribuir todos los cambios a una sola causa. Es una fotografía que necesita análisis, comparación y decisiones políticas. Pero contiene una advertencia que sería irresponsable ignorar.

Podemos reducir el tabaquismo y mejorar ciertos hábitos mientras persisten unas desigualdades que enferman. Podemos disponer de más recursos tecnológicos y tratamientos y, aun así, no llegar a tiempo a quienes necesitan ayuda. Podemos vivir más años sin conseguir que esos años sean necesariamente mejores.

La pregunta que deberíamos hacernos no es solo cuánto hemos avanzado en determinados indicadores. Es quién se beneficia de esos avances, quién se queda atrás y qué estamos haciendo para evitarlo.

Porque la salud no puede depender del código postal, de la nómina, del género o de la capacidad de pagar una segunda cobertura. Y porque una sociedad verdaderamente saludable no es aquella que únicamente consigue reducir algunos factores de riesgo, sino aquella que protege a las personas, cuida a quienes lo necesitan y no acepta que la desigualdad sea una causa evitable de enfermedad.

La buena salud de una sociedad no se mide solo por cuánto ha dejado de fumar. Se mide también por cómo vive, cómo se siente, cómo cuida y cómo responde ante quien más lo necesita.