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Cuando un ministro del Interior se convierte en el jefe de un piquete, la democracia tiene un problema. No hablamos de un piquete informativo, amparado por la jurisprudencia constitucional como expresión del derecho de huelga, sino de un piquete coactivo y provocador de conflicto cuya herramienta paradigmática es la tanqueta. Ocurrió en la huelga del metal de Cádiz, cuando el Ministerio envió un vehículo blindado a la Bahía para enfrentarse a los trabajadores. Aquella imagen no fue un accidente: fue un método. El blindaje de las calles frente a quienes solo reclamaban sus derechos anunciaba una manera de entender la autoridad: la fuerza antes que el diálogo, la imposición antes que la negociación.
El ministro Marlaska ordena la actuación policial contra manifestantes y huelguistas, pero hay una parte de ese dispositivo que lleva sus órdenes, porque apuntan en la dirección coactiva, al extremo. Así, la cloaca policial justifica provocar y agredir con crueldad. Lo hemos visto en las recientes huelgas de diversos sectores y, de forma especialmente nítida, en la huelga general del 11N. Ese día, mientras el Gobierno apoyaba por televisión una huelga por el derecho a la vivienda, enviaba a los piquetes policiales a cargar contra quienes ejercían ese mismo derecho. La contradicción no es un detalle menor: revela que la palabra oficial y la práctica real caminan por senderos distintos, y que quien debería garantizar el derecho a manifestarse se convierte en su principal obstáculo.
Junto a ese piquete coactivo conviven otros. Está el piquete informativo mediático que, salvo honrosas excepciones, se limita a reproducir lo que dice uno y lo que dice otro sin contrastar, pero siempre del lado de criminalizar el ejercicio de huelga. Está el piquete del "esta huelga no va conmigo, pero estoy de acuerdo", esa complicidad tibia que simpatiza en privado y calla en público. Está el piquete empresarial que advierte: si hacéis huelga, os despido, con el trauma consiguiente para un sector precarizado que sabe que reclamar derechos puede costarle el empleo. Y está, por último, el piquete que sostiene despectivamente que esta huelga es política, por supuesto, y dañina para España, que ha fracasado y que los sindicatos son un enemigo de la patria. Cada uno de ellos, a su manera, contribuye a erosionar un derecho fundamental.
Los hechos desmienten a este último. La huelga del 11N no fracasó: fue una convocatoria justa y ampliamente secundada en sectores estratégicos. Su razón era elemental: defender el derecho a la vivienda, exigir que los hijos e hijas de la clase trabajadora puedan acceder a un hogar digno, adecuado y asequible. Un objetivo que debería avergonzar a quien lo considera un ataque a España. Porque no hay patria más grande que la que garantiza techo, empleo decente y servicios públicos a sus ciudadanos, ni traición mayor que la de quienes pretenden convertir ese derecho en un privilegio de unos pocos.
El problema tiene, en los gobiernos de Pedro Sánchez y en su propia candidatura de Madrid, nombre y apellidos. Marlaska es un ministro de derechas al frente de un gobierno que se dice progresista, contrario a la libertad sindical, al derecho de huelga y al derecho de manifestación. Pero hay algo más grave. Según se ha hecho público en medios de comunicación, existe un sector de agentes que actúa al servicio del PP, como una unidad propia, al margen de la cadena de mando legal. No es una sospecha: es una realidad documentada. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha constatado la existencia de órdenes externas que se imponen a las internas, de una línea de mando paralela que no rinde cuentas ante la autoridad democrática. Hay policías que disfrutan haciendo daño, que actúan con ensañamiento, que cachean y agreden a periodistas y piden el DNI a dirigentes conocidos de la izquierda.
Un ministro que lo permite no debería tener cabida en ningún gobierno, mucho menos en uno que presume de ser progresista. Una policía así no es compatible con la democracia. Hay agentes que responden a otras siglas y que, así mismo, trabajan para la ultraderecha, que operan como una unidad autónoma, como se ha informado por La Séptima, la democracia no puede permitirlo. Para muestra, un botón: la UCO lo ha puesto por escrito. La conclusión es sencilla: sin una policía sometida a la ley y sin un ministro que la exija, no hay democracia que valga.
Cuando un ministro del Interior se convierte en el jefe de un piquete, la democracia tiene un problema. No hablamos de un piquete informativo, amparado por la jurisprudencia constitucional como expresión del derecho de huelga, sino de un piquete coactivo y provocador de conflicto cuya herramienta paradigmática es la tanqueta. Ocurrió en la huelga del metal de Cádiz, cuando el Ministerio envió un vehículo blindado a la Bahía para enfrentarse a los trabajadores. Aquella imagen no fue un accidente: fue un método. El blindaje de las calles frente a quienes solo reclamaban sus derechos anunciaba una manera de entender la autoridad: la fuerza antes que el diálogo, la imposición antes que la negociación.
El ministro Marlaska ordena la actuación policial contra manifestantes y huelguistas, pero hay una parte de ese dispositivo que lleva sus órdenes, porque apuntan en la dirección coactiva, al extremo. Así, la cloaca policial justifica provocar y agredir con crueldad. Lo hemos visto en las recientes huelgas de diversos sectores y, de forma especialmente nítida, en la huelga general del 11N. Ese día, mientras el Gobierno apoyaba por televisión una huelga por el derecho a la vivienda, enviaba a los piquetes policiales a cargar contra quienes ejercían ese mismo derecho. La contradicción no es un detalle menor: revela que la palabra oficial y la práctica real caminan por senderos distintos, y que quien debería garantizar el derecho a manifestarse se convierte en su principal obstáculo.
Junto a ese piquete coactivo conviven otros. Está el piquete informativo mediático que, salvo honrosas excepciones, se limita a reproducir lo que dice uno y lo que dice otro sin contrastar, pero siempre del lado de criminalizar el ejercicio de huelga. Está el piquete del "esta huelga no va conmigo, pero estoy de acuerdo", esa complicidad tibia que simpatiza en privado y calla en público. Está el piquete empresarial que advierte: si hacéis huelga, os despido, con el trauma consiguiente para un sector precarizado que sabe que reclamar derechos puede costarle el empleo. Y está, por último, el piquete que sostiene despectivamente que esta huelga es política, por supuesto, y dañina para España, que ha fracasado y que los sindicatos son un enemigo de la patria. Cada uno de ellos, a su manera, contribuye a erosionar un derecho fundamental.
Los hechos desmienten a este último. La huelga del 11N no fracasó: fue una convocatoria justa y ampliamente secundada en sectores estratégicos. Su razón era elemental: defender el derecho a la vivienda, exigir que los hijos e hijas de la clase trabajadora puedan acceder a un hogar digno, adecuado y asequible. Un objetivo que debería avergonzar a quien lo considera un ataque a España. Porque no hay patria más grande que la que garantiza techo, empleo decente y servicios públicos a sus ciudadanos, ni traición mayor que la de quienes pretenden convertir ese derecho en un privilegio de unos pocos.
El problema tiene, en los gobiernos de Pedro Sánchez y en su propia candidatura de Madrid, nombre y apellidos. Marlaska es un ministro de derechas al frente de un gobierno que se dice progresista, contrario a la libertad sindical, al derecho de huelga y al derecho de manifestación. Pero hay algo más grave. Según se ha hecho público en medios de comunicación, existe un sector de agentes que actúa al servicio del PP, como una unidad propia, al margen de la cadena de mando legal. No es una sospecha: es una realidad documentada. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha constatado la existencia de órdenes externas que se imponen a las internas, de una línea de mando paralela que no rinde cuentas ante la autoridad democrática. Hay policías que disfrutan haciendo daño, que actúan con ensañamiento, que cachean y agreden a periodistas y piden el DNI a dirigentes conocidos de la izquierda.
Un ministro que lo permite no debería tener cabida en ningún gobierno, mucho menos en uno que presume de ser progresista. Una policía así no es compatible con la democracia. Hay agentes que responden a otras siglas y que, así mismo, trabajan para la ultraderecha, que operan como una unidad autónoma, como se ha informado por La Séptima, la democracia no puede permitirlo. Para muestra, un botón: la UCO lo ha puesto por escrito. La conclusión es sencilla: sin una policía sometida a la ley y sin un ministro que la exija, no hay democracia que valga.
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