La Diputación Permanente del Congreso rechazó este jueves el Real Decreto-ley 28/2026, que buscaba dar más estabilidad a los alquileres de vivienda habitual. Preveía prórrogas sucesivas de cinco años (siete si el arrendador era una persona jurídica) y una indemnización para el inquilino cuando el propietario decidiera no renovar. Al decaer, todo sigue como estaba: un hogar que ha pagado puntualmente durante años puede verse obligado a buscar otro piso cuando vence su contrato.

Conviene no confundirlo con el desahucio. Ese frente tiene su propia norma, el Real Decreto-ley 26/2026, también convalidado este jueves, que mantiene hasta 2030 la suspensión de ciertos procedimientos para personas vulnerables que carecen de alternativa habitacional. Es una protección necesaria, pero limitada a la vulnerabilidad acreditada. El decreto rechazado atendía otra cosa: la inseguridad de quien, sin deber nada, no sabe si podrá seguir en su casa.

En Andalucía esa inseguridad pesa más porque el mercado aprieta. El alquiler medio se situaba en septiembre en 14,1 euros por metro cuadrado, un 5,2 % más que un año antes; en Málaga capital alcanzaba los 16,5, en Sevilla los 13,4 y en Cádiz los 12,4. Quien firmó hace cinco años y ve vencer su contrato no compite con el precio de entonces, sino con el de hoy. El Banco de España estimó que, en 2024, dos jóvenes que quisieran emanciparse juntos en Málaga habrían tenido que destinar de media cerca de la mitad de su renta neta al alquiler. En ese mercado, perder un contrato significa pagar otra fianza, otra mudanza y, a menudo, irse a otro barrio o municipio, con lo que cambian los trayectos al trabajo, el colegio de los hijos y la red de cuidados.

La indemnización era el punto más discutido. Se calculaba sobre el extremo superior del rango que fijara el sistema estatal de referencia: doce mensualidades o una por cada año de residencia, la cantidad mayor. Con una renta de 700 euros y un valor superior de 900, serían 10.800 euros; con quince años en la vivienda, 13.500. Las objeciones son serias. Para quien depende de la renta de un solo piso, esa cifra puede resultar desproporcionada, y es posible que algunos propietarios retiraran viviendas del mercado. Ese riesgo no debe despacharse con un gesto. Pero tampoco debe ignorarse el coste que hoy asume el inquilino en solitario, el que no figura en ninguna cuenta del arrendador.

La prórroga extraordinaria de hasta dos años, que se mantuvo en la misma sesión, da tiempo, pero no estabilidad: aplaza la incertidumbre sin resolverla. Y las medidas contra el desahucio, siendo valiosas, no protegen a la familia que cumple, paga y aun así no puede quedarse.

Nadie debería pretender que un decreto resuelva un problema estructural, ni que el propietario pierda su capacidad de decidir sobre su patrimonio. Puede recuperar su vivienda, y debe poder hacerlo conforme a la ley. La cuestión es si puede hacerlo sin preaviso suficiente, sin causas definidas y sin compensación alguna para quien ve su vida alterada. Una reforma razonable cabría en ese término medio: garantías proporcionales para el inquilino, con excepciones claras para el pequeño propietario que necesita su vivienda, y, sobre todo, un esfuerzo público real por ampliar la oferta de alquiler asequible. Sin ella, ni la estabilidad ni la indemnización bastan.

El rechazo del decreto no resuelve la crisis de la vivienda en Andalucía: la aplaza. Un contrato de alquiler es mucho más que una renta mensual; decide, en la práctica, si alguien puede construir una vida en un lugar. Quedarse en la propia tierra no debería depender solo de la voluntad de otro, ni tampoco de la capacidad de asumir cada vez una subida mayor.