Cuando la política ferroviaria se diseña desde los dogmas de la liberalización, la competencia y el abaratamiento de costes, el resultado es un sistema que falla por todos lados. El accidente en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, con decenas de víctimas mortales, no es la consecuencia inevitable de un error individual. Es el resultado previsible de un modelo que durante años ha priorizado el margen empresarial sobre la vida de quienes trabajan y viajan en el tren. Que nadie se equivoque: no ha fallado un trabajador. Ha fallado un modelo político con dos responsables: el PP y el PSOE, socios de la misma política liberalizadora que durante años ha desmantelado lo público, precarizado el empleo ferroviario y subordinado la seguridad de las personas al beneficio de unas pocas empresas. Señalar al controlador es buscar un culpable individual para blindar a los responsables directos.

Los sindicatos ferroviarios han sido contundentes: reducir lo ocurrido a un error personal es simplista, más cuando vienen reclamando revisar plantillas, cargas de trabajo y sistemas de seguridad, falta de inversión en seguridad y deterioro de la vía. Las advertencias de los trabajadores son diagnósticos técnicos de un sistema que está diseñado para que el error humano sea la excusa. Y llevan años advirtiendo de que la seguridad no estaba garantizada.

La liberalización del ferrocarril culminada en 2019 abrió la puerta a operadores privados como Ouigo e Iryo compitiendo en la misma infraestructura que Renfe, con más trenes circulando por la misma vía y con una presión evidente sobre los costes de mantenimiento y personal. El resultado de esa competitividad es una infraestructura tensionada al límite. En la línea Madrid-Sevilla, el sistema LZB —el que debía impedir que dos trenes ocuparan el mismo tramo (cantón)— estaba fuera de servicio por una avería informática.

El sistema de respaldo tampoco ayudó porque ambos trenes se encontraban en el mismo tramo entre sensores. Dieciséis controladores en el puesto de Madrid, dos supervisando la línea Madrid-Sevilla en el momento del siniestro. Eso no es más que la evidencia de un entorno de trabajo inseguro con un previsible resultado catastrófico y esto era del conocimiento de los responsables empresariales y de los diferentes gobiernos por las advertencias que se venían haciendo. No hay nada más cómodo para un ministro o un responsable autonómico de gobierno que un trabajador señalado.

Los beneficios, en cambio, no se abaratan: se privatizan y se marchan. Las matrices francesas, italianas y españolas se llevan las plusvalías generadas por una infraestructura financiada con recursos públicos. Es una política organizada a conciencia para que las empresas ganen en exclusiva mientras el precio más caro lo pagamos las personas.

Y hay una dimensión andaluza que no puede obviarse. Andalucía sigue incomunicada internamente por el desmantelamiento progresivo de las conexiones ferroviarias que vertebraban el territorio. Mientras tanto, la única vía de alta velocidad que nos conecta con Madrid se ha convertido en un corredor saturado por la competencia entre tres operadores que compiten por el mismo pasajero, pero no por mejorar el mantenimiento ni las condiciones laborales.

Una sola vía de Madrid a Andalucía es una barbaridad sin justificación técnica ni económica: es una decisión política que impone un modelo obsoleto, extrae los recursos públicos andaluces y no devuelve nada. Por otro lado, la precariedad laboral se extiende como norma en un servicio que debería ser la columna vertebral de la cohesión territorial. El ferrocarril en Andalucía no vertebra: exprime. No conecta: extrae. Y lo hace con la connivencia de quienes gobiernan aquí y allá, porque el modelo es el mismo y los beneficiarios, también.

El servicio ferroviario debe ser público. No por una cuestión ideológica abstracta, sino como garantía material: la seguridad de las personas —sean trabajadores o usuarios— no puede optimizarse en función del margen de beneficio. Los sistemas fallan porque no son seguros, y no son seguros porque se diseñaron para ahorrar, no para proteger. Un país que confía la seguridad de sus ciudadanos a la lógica del mercado está aceptando, por escrito, que habrá accidentes asumibles en los balances y víctimas contables en las memorias anuales.

Andalucía necesita un ferrocarril público, vertebrador, seguro y dotado de los medios materiales y humanos que exige la responsabilidad de transportar a millones de personas cada añ

Los gobiernos del PP y del PSOE comparten un mismo modelo liberalizador que ha convertido el tren en un mercado. La responsabilidad política de lo ocurrido no reside en el trabajador que pulsó una tecla en un momento de caos: reside en quienes diseñaron ese caos y luego miraron hacia otro lado cuando los trabajadores advirtieron de que la seguridad se estaba quedando por el camino.

Andalucía necesita un ferrocarril público, vertebrador, seguro y dotado de los medios materiales y humanos que exige la responsabilidad de transportar a millones de personas cada año. Mientras el PP y el PSOE sigan compartiendo la misma política liberalizadora, seguirán cayendo accidentes y seguirán buscando un trabajador al que culpar. La única diferencia entre ambos es quién pone la cara en el funeral y quién redacta la nota de prensa. El fallo tiene nombre y apellidos: los de quienes decidieron que la seguridad era un gasto y la vida, un coste asumible. Y en Andalucía, un territorio castigado por la incomunicación y la precariedad, ese coste lo seguimos pagando siempre los mismos y que, al final, siempre acaba presentándose con nombres y apellidos de víctimas.