El corredor ferroviario entre Andalucía y Madrid se ha convertido en un auténtico corredor de la muerte. En apenas nueve meses —se dice pronto— deja un balance de 114 víctimas mortales, que aún podrían ser más: en el momento de escribir este editorial, el balance de daños personales de la catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo) sigue siendo provisional. A la herida aún abierta de Adamuz, a finales de enero pasado, que se saldó con 46 fallecidos, se suman ahora al menos 68 muertos en la línea que recorría esta mañana el trayecto que había salido a las 8 de la mañana de Atocha con destino a Sevilla.

Un tren AVE ha embestido a un Iryo detenido en la vía y las consecuencias del impacto han sido una nueva catástrofe, aún peor que la vivida hace nueve meses, con una nueva pérdida masiva de vidas humanas. "No es asumible para un país como España dos accidentes de alta velocidad en menos de un año", ha dicho el presidente Pedro Sánchez. Sin duda, es inasumible tolerar algo así y lo exigible ahora es llegar a las últimas consecuencias en la depuración de responsabilidades.

Porque la realidad, como ha hecho patente con total conmoción y convencimiento el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es que la comunidad andaluza es la más afectada y dañada por una red ferroviaria nacional que ha ido de mal en peor. Hoy esa red es una seria amenaza para la seguridad de los pasajeros, muchos de ellos usuarios habituales de la alta velocidad en la región más poblada de España.

Detrás de cada cifra hay un nombre, una familia rota y un viaje que no llegó a su destino: un desplazamiento de trabajo, una visita al médico, unos estudios o la vuelta a casa un fin de semana. Para muchos andaluces, el AVE no es un lujo sino la forma habitual de llegar a Madrid, la capital del país. Por eso, cada accidente en esta línea no solo deja víctimas. También rompe la confianza de cientos de miles de viajeros que se suben a un tren convencidos de que llegarán sanos y salvos. Ya el tren no es el medio de transporte más seguro en España y eso es una involución que duele al conjunto de la sociedad.

En 1992, la primera línea de AVE de España, la Madrid-Sevilla, fue una de las joyas de la corona y una de las mejores muestras de avance y vanguardia del país de cara al exterior. En menos de un año, y menos de 35 años después de aquel hito, este mismo corredor ha sido escenario de dos de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de la circulación de trenes en España.

Esto exige explicaciones contundentes, toda la transparencia del mundo y la dimisión inmediata de la cúpula que gestiona política y técnicamente esta línea, incluido el ministro Óscar Puente, con una incapacidad manifiesta no ya para gestionar sus competencias, sino para tener la altura de miras y la sensibilidad que debería tener antes hechos de la gravedad como los que ha enfrentado el país en los últimos tiempos. 

La sobrecarga de la red tras la entrada de los operadores privados, la falta de revisiones, los fallos constantes, los retrasos alarmantes, los fallos humanos... Pueden ponerse todas las excusas que se quieran. Pero más trenes no puede significar menos seguridad, cuando lo paradójico es que es más difícil que nunca, sin ir más lejos, ir en tren desde Cádiz hasta Madrid.

La competencia ha traído más frecuencias y billetes más baratos —al menos si se viaja desde Sevilla—, y eso teóricamente es una buena noticia para los viajeros. Pero una infraestructura no puede soportar cada vez más tráfico si el mantenimiento no crece al mismo ritmo. La seguridad nunca puede ser el precio de un billete barato.

Inaugurar una línea luce en la foto. Revisar una catenaria, renovar un desvío o sustituir un carril no sale en ninguna. Y, sin embargo, es en ese trabajo invisible, poco agradecido y nada electoral donde se juega la vida de los viajeros. Una red de alta velocidad no se defiende con cortes de cinta: se defiende cada noche, con inversión, con personal suficiente y con revisiones que no se aplacen. 

Hace falta una investigación rápida, independiente y con conclusiones públicas, también la técnica de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Hace falta, además, una auditoría integral de la línea Madrid-Andalucía —extensible a toda la red ferroviaria andaluza, como ha pedido el presidente Moreno— antes de que vuelva a ocurrir una nueva tragedia hasta hace poco impensable. Los viajeros tienen derecho a saber si la vía por la que circulan cada semana es segura. Y si no lo es, a saber qué se va a hacer, cuándo y con qué dinero.

Tampoco es momento de convertir el dolor en munición partidista. Las víctimas no tienen color político, pero la responsabilidad sí tiene dueños: quienes gestionan la red y quienes tienen la obligación de vigilar que se haga bien

España ya sabe lo que significa hacer esperar a las víctimas. Las de Angrois tuvieron que aguardar más de una década para escuchar una sentencia. Las familias de las catástrofes de Adamuz y de Urda no pueden recorrer el mismo calvario de silencios, informes contradictorios y responsabilidades que se diluyen con el paso del tiempo.

Tampoco es momento de convertir el dolor en munición partidista. Las víctimas no tienen color político, pero la responsabilidad sí tiene dueños: quienes gestionan la red, en Adif y en el Ministerio de Transportes, y quienes tienen la obligación de vigilar que se haga bien.

Las 114 víctimas mortales que hasta ahora han sufrido las consecuencias de esta terrible gestión no volverán, y el país en el que la circulación en tren era un modelo a imitar en el exterior ya no existe. Esas víctimas merecen mucho más que excusas peregrinas y gestos compungidos de quienes tienen el deber de gestionar para que catástrofes como estas sean impensables y no vuelvan a repetirse. Andalucía no puede permitirse que subirse a un tren vuelva a ser un acto de fe, tanto por si se llega en hora al destino como por si, desgraciadamente, jamás se llega.